JUECES DEL TERROR

Se puede vivir sin belleza, sin riqueza y hasta sin salud. Se vive mal, pero se vive. Sin justicia no se puede vivir. Angel Ossorio. El Alma de la Toga.

Hay dos instituciones sobre las que, cuando pase esta pesadilla y se restituya el Estado de Derecho, habrá que hacer un análisis crudo, una reingeniería, una revisión profunda y objetiva acerca de sus valores éticos, su proceso formativo y su compromiso con la democracia. Son la Fuerza Armada Nacional y el Poder Judicial. Mientras tanto, al decir de Albert Einstein, disfrutemos de la bendición de esta crisis.
El Estado actualmente no puede garantizar una justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, tal como lo postula el artículo 26 constitucional. En el Poder Judicial, con excepción de contados estrados judiciales, no se encuentra ni la justicia en su concepción tradicional o kelseniana, ni la justicia en su concepción revolucionaria, como producto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. De la justicia venezolana no florece la verdad y la sinceridad, ni tampoco la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia y la justicia de la tolerancia. También están divorciados de nuestra justicia los principios éticos, morales y jurídicos que fundamentan el fin supremo del respeto y adecuado ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Ello es así porque, sencillamente, la Política ha influido en la Justicia, perturbándola, desquiciándola, deprimiéndola. El Foro se amedrentó con la Política, arrinconándolo hasta el punto de hacerlo pensar que nada valía si no era por la sombra que sobre él proyectan los demás poderes. Quedó suprimida la jerarquía del Poder Judicial, caracterizada por su autonomía, independencia e inamovilidad, y apareció sustituida por el grado espeluznante de la intervención del resto de los poderes.
Cómo si esto no fuera ya de por sí aterrador, se le adicionó el desprecio de la administración de justicia por la Deontología Jurídica, especialmente por la Ética Judicial. El Juez, investido de la potestad jurisdiccional, derivada de la soberanía del Estado, y supuestamente preparado para resolver una controversia o decidir el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias presentadas en juicio y actuando como intérprete legal por excelencia, se vio sometido en su actuación por las presiones que la realidad ejerce sobre él. Es así como se descubre y se sabe – y de allí la ventaja de esta crisis judicial – de qué tamaño y cuán sólidos son los valores éticos del magistrado. No otra explicación tiene el comportamiento, traducido en dispositiva de sentencia dictada “en nombre de la República y por autoridad de la ley”, de una jueza que, vulnerando todos los derechos fundamentales y procesales de imputados, y obviando toda regla de valoración de la prueba, pronuncia un absurdo jurídico, que se vuelve posible cuando actúa como instrumento de persecución política y de represión de disidencia.Sólo así se entiende que una magistrada, adiestrada en “El papel del Juez en el Proceso Penal”, en “Derecho Penal y Constitución” y en “Los Derechos Humanos en el nuevo Proceso Penal venezolano”, se haya convertido en una Jueza del Terror.