El Decreto de
Estado de Excepción de Emergencia Nacional tiene, por lo menos, dos
antecedentes, que predicen su total
fracaso. Me refiero a los dos Decretos de Estado de Excepción que el Presidente
Maduro dictó para el Táchira, el 21 y 31 de agosto de 2015, respectivamente, a
raíz del cierre de la frontera. De manera similar a los dos señalados, este
decreto nacional adolece de un vicio de instrumentación en la parte dispositiva
del mismo. ¿Por qué? Porque un Decreto de Estado de Excepción debe especificar
claramente en su texto las medidas restrictivas que, a través de él, se van a instrumentar
para restablecer, en una temporalidad, la normalidad en la emergencia
económica. En los decretos del Táchira se anunciaban que, con ocasión de la
restricción del tránsito de mercancía y bienes, se producirían requisas de equipajes
y vehículos, con el cumplimiento de protocolos, sin señalar cómo se
implementaría esta medida. Igualmente se indicaba que los ministerios
competentes establecerían normas especiales para la disposición, traslado,
comercialización, distribución y almacenamiento, así como la producción de bienes
esenciales, pero sin indicar cuáles eran esas normas y cómo afectaría el proceso
productivo, prohibiéndose determinadas actividades comerciales, sin fijarse
cuáles eran.
En este
Decreto de Emergencia Nacional ocurre algo similar. Se anuncia la
implementación de medidas especiales para la reducción de la evasión fiscal,
sin determinar cuáles serán; la dispensa del régimen de contrataciones
públicas, sin indicar en qué sectores; la disposición de trámites para la
importación y nacionalización de
mercancías, sin reseñarse específicamente cuáles trámites; el requerimiento de
las empresas para incentivar sus niveles de producción, sin establecerse los
criterios para ello; la adopción de medidas necesarias para el acceso de la
población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, sin aclararse
cómo se hará ello; el señalamiento de que el Presidente podrá dictar otras
medidas de orden económico, sin enumerarse en qué consisten. Esto viola
flagrantemente el Artículo 339 de la CRBV que, en un Decreto de Estado de Excepción de esta
naturaleza, exige ineludiblemente que su propio texto debe regular las medidas
restrictivas como las anunciadas, lo cual acarrea el vicio enunciado.
En el Táchira,
con dos decretos de estado de excepción ya vencidos en sus 120 días, no se ha
restablecido ninguna normalidad económica. Seguimos con la escasez, la
inflación galopante en los diez municipios sujetos a este régimen excepcional,
con el bachaqueo, con el contrabando de gasolina hacia el Norte de Santander, a
pesar del cierre de la frontera y, de paso, con una corrupción originada en los
controles fronterizos, donde es vox populi que para pasar la línea limítrofe,
es necesario pagar su respectiva vacuna de salida o entrada al país. San Cristóbal
es una de las ciudades más costosas para vivir. Un Decreto de Excepción se caracteriza porque
con las medidas en detalle anunciadas e implementadas, debe restablecer el
desenvolvimiento económico en la zona donde se aplica. Pero aquí prosigue el
hambre, la miseria, el ultraje, las colas infernales y hasta la exigencia de la
cédula como libreta de racionamiento. Si en el Táchira, en 120 días, vivimos
aún en calamidad económica, a nivel nacional, en 120 días le queda muy grande a
este gobierno inepto recuperar la economía.
Es que hablamos
de dos modelos totalmente contrapuestos. Uno socialista lleno de controles, de
actitud irresponsable en no asumir su fracaso y endilgarle su ineptitud a “acciones
de desestabilización de la economía de sectores nacionales e internacionales”,
a una “guerra económica coordinada por factores internos y externos” y a “estrategias
de desestabilización económica que ha provocado la caída abrupta de los precios
petroleros”, sin olvidar que se han robado y dilapidado, en 17 años, los más
ingentes ingresos de la renta petrolera, sin invertirlos en producción alternativa.
Y otro que representa la propuesta de la nueva Asamblea Nacional de legislar
para incentivar la producción nacional, para rescatar las industrias y tierras expropiadas
e improductivas, el otorgamiento de créditos, incluso a la economía informal, el
cierre del regalo de recursos propios a otros países, la apertura de las
divisas para importar insumos y materia prima necesaria. Este gobierno y su
sistema ya se agotaron y Venezuela no los acepta ni los quiere.
*Prof. de Postgrado de Derecho Constitucional
