lunes, 11 de enero de 2016

Hablemos claro y raspao

*Isaac Villamizar

¿Por qué Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez y el combo minoritario de los 54 diputados se han dedicado a atacar a la nueva Asamblea Nacional? Sabemos que el piso popular y político de este gobierno ha comenzado a resquebrajarse. Con una inflación del 270% y los precios de la cesta petrolera palo abajo, el gobierno,  con más “planes”, como los anunciados por Maduro, (todos los planes han sido un fracaso), sigue teniendo una situación de precariedad, en la cual el rescate de la economía parece no tener un horizonte claro, por lo menos para ese gobierno que no está en capacidad de rectificar ni quiere hacerlo.

Entonces, la mayoría calificada del parlamento, con su función legislativa y contralora, puede, en primer lugar, orientar algunas acciones en el orden económico. Ya se ha anunciado una Ley de Producción Nacional para incentivar la generación de rubros básicos y medicinas en el país. Es lo que espera la gran mayoría de los venezolanos.

Por otra parte, la Asamblea Nacional puede revisar, modificar, derogar, parcial o totalmente, o hacer iniciativa legislativa en leyes económicas, incluso tiene toda la potestad para revisar y modificar todos los decretos leyes, que con base a la anterior Ley Habilitante, dictó recientemente Maduro raspando la olla. Recordemos también, que si bien el Presupuesto del ejercicio fiscal 2016 ya está aprobado y en ejecución, la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en el Artículo 187, numeral 7 de la CRBV, puede autorizar o no créditos adicionales al presupuesto. Y también, conforme al mismo artículo 187, numeral 9, la Asamblea Nacional autoriza o no al Ejecutivo Nacional la celebración de contratos de interés nacional con estados extranjeros. Es decir, la Asamblea Nacional cortaría la “regaladera” de dólares a otros países, para que sean reinvertidos aquí. A esto habría que añadirle la aprobación de una “Ley candado”, para esta prohibición, ya anunciada por la MUD.

Pero donde está la respuesta de esta actuación  desesperada y reactiva en estos días de los diputados minoritarios es que el propio Ramos Allup ha anunciado, y yo estoy seguro que así va a ocurrir, la salida “constitucional, democrática y electoral de este gobierno”. Esas han sido sus palabras desde el mismo día de su juramentación como Presidente de la Asamblea Nacional, y esa es la línea que va a adoptar esa mayoría calificada. Esto no es otra cosa sino propiciar el referendo revocatorio. Y el propio Maduro ha dicho que está dispuesto a someterse a él. Si bien la Asamblea Nacional no tiene una injerencia directa en los mecanismos para activar el referendo revocatorio, la MUD puede promover la recolección de firmas que exige el Art 72 CRBV, del 20% de los electores inscritos en el REP, en el caso del Presidente a nivel nacional. Esta cifra, para el momento del revocatorio debe estar aproximadamente en 20 millones de electores. Entonces, habría que recolectar 4 millones de firmas para solicitar el revocatorio.

Ahora bien, quienes promuevan el referendo revocatorio, en mi criterio, se van a encontrar con dos obstáculos serios. El primero es que el mismo Artículo 72 exige que para que gane la opción del sí y se considere revocado el mandato de Maduro, esa opción ganadora alcance  un número de electores igual o mayor al que eligieron al Presidente. Maduro ganó las elecciones en abril 2013 con 7.587.532 votos. Esta es la cifra a alcanzar por parte de la oposición. No parece fácil, pero las encuestas señalan que Maduro tiene actualmente un débil piso político y su popularidad ronda en el 10%.  La votación entonces debería ser similar con las que ganó la MUD las elecciones parlamentarias de 7.726.066 votos. Tendrá que seguirse capitalizando el descontento popular, ante la incapacidad del gobierno de ofrecer soluciones concretas al problema económico y social, y la Asamblea Nacional abrir propuestas inmediatas legislativas y contraloras, para demostrar que realmente tiene interés en ofrecer soluciones  a los venezolanos en esta materia.

El segundo escollo está en el CNE actual, quien debe llevar a cabo los aspectos operativos del referendo y que seguro colocaría todos los inconvenientes para materializarlo. La Asamblea Nacional podría remover a los rectores del CNE, pues tiene la competencia constitucional para ello, pero eso implica el previo pronunciamiento del TSJ y, además, de ocurrir tal remoción, habría que iniciar de inmediato el procedimiento de postulación de nuevos candidatos a Rectores, previsto en el Artículo 296 constitucional. Recordemos que el referendo revocatorio se puede solicitar superada la mitad del período del mandato de Maduro, abril 2016, y antes de su cuarto año del período constitucional, para que no quede encargado el Vicepresidente, sino que se convoque a una nueva elección presidencial, tal como lo dispone el Artículo 233 ejusdem. A pesar de todos estos escenarios, la oposición parece estar dispuesta a jugársela por la vía del referendo revocatorio. Es como el último juego de pocker: “todo o nada”.

Entonces, lo de los cuadros de Chávez y Bolívar en el Palacio Federal Legislativo y lo de la supuesta ilegitimidad e inconstitucionalidad de los actos del nuevo parlamento que aduce el bloque minoritario de diputados oficialistas, no es otra cosa sino la apertura de la campaña electoral que ha iniciado el chavismo, ante esa posibilidad del revocatorio. Se trata de adelantar esa campaña diciendo que el malo de la partida es este nuevo parlamento que elegimos recientemente los venezolanos, y que nos están engañando. Pues bien, esa es la estrategia gobbeliana de comunicación que está utilizando el oficialismo, y que debemos dejar en evidencia los venezolanos que seguimos cansados del engaño de una revolución totalmente fracasada, ante la ausencia de implementación de políticas serias para reconstruir a Venezuela, y que sigue propiciando el caos, el hambre, la anarquía  y el desconocimiento de la institucionalidad y del Estado Constitucional.

Hasta ahora rescatamos uno de los cinco órganos del Poder Público, un órgano clave para esa institucionalidad renovada: el poder legislativo nacional. No debemos dormirnos en los laureles. Venezuela, en esta hora trascendental y necesaria para su sobrevivencia, nos reclama a los venezolanos seguir luchando. Nuestros hijos, nietos y generaciones futuras nos van a pedir cuentas. Yo sigo creyendo en los valores, en la dignidad, en el respeto, en el potencial de la prosperidad y en la institucionalidad. Y tengo fe que la gran mayoría de los compatriotas piensan lo mismo.
*Prof. de Postgrado de Derecho Constitucional.

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