lunes, 18 de enero de 2016

Decreto de emergencia nacional asegura su fracaso

*Isaac Villamizar

El Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Nacional tiene, por lo menos, dos antecedentes, que  predicen su total fracaso. Me refiero a los dos Decretos de Estado de Excepción que el Presidente Maduro dictó para el Táchira, el 21 y 31 de agosto de 2015, respectivamente, a raíz del cierre de la frontera. De manera similar a los dos señalados, este decreto nacional adolece de un vicio de instrumentación en la parte dispositiva del mismo. ¿Por qué? Porque un Decreto de Estado de Excepción debe especificar claramente en su texto las medidas restrictivas que, a través de él, se van a instrumentar para restablecer, en una temporalidad, la normalidad en la emergencia económica. En los decretos del Táchira se anunciaban que, con ocasión de la restricción del tránsito de mercancía y bienes, se producirían requisas de equipajes y vehículos, con el cumplimiento de protocolos, sin señalar cómo se implementaría esta medida. Igualmente se indicaba que los ministerios competentes establecerían normas especiales para la disposición, traslado, comercialización, distribución y almacenamiento, así como la producción de bienes esenciales, pero sin indicar cuáles eran esas normas y cómo afectaría el proceso productivo, prohibiéndose determinadas actividades comerciales, sin fijarse cuáles eran.

En este Decreto de Emergencia Nacional ocurre algo similar. Se anuncia la implementación de medidas especiales para la reducción de la evasión fiscal, sin determinar cuáles serán; la dispensa del régimen de contrataciones públicas, sin indicar en qué sectores; la disposición de trámites para la importación  y nacionalización de mercancías, sin reseñarse específicamente cuáles trámites; el requerimiento de las empresas para incentivar sus niveles de producción, sin establecerse los criterios para ello; la adopción de medidas necesarias para el acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, sin aclararse cómo se hará ello; el señalamiento de que el Presidente podrá dictar otras medidas de orden económico, sin enumerarse en qué consisten. Esto viola flagrantemente el Artículo 339 de la CRBV que, en  un Decreto de Estado de Excepción de esta naturaleza, exige ineludiblemente que su propio texto debe regular las medidas restrictivas como las anunciadas, lo cual acarrea el vicio enunciado.

En el Táchira, con dos decretos de estado de excepción ya vencidos en sus 120 días, no se ha restablecido ninguna normalidad económica. Seguimos con la escasez, la inflación galopante en los diez municipios sujetos a este régimen excepcional, con el bachaqueo, con el contrabando de gasolina hacia el Norte de Santander, a pesar del cierre de la frontera y, de paso, con una corrupción originada en los controles fronterizos, donde es vox populi que para pasar la línea limítrofe, es necesario pagar su respectiva vacuna de salida o entrada al país. San Cristóbal es una de las ciudades más costosas para vivir.  Un Decreto de Excepción se caracteriza porque con las medidas en detalle anunciadas e implementadas, debe restablecer el desenvolvimiento económico en la zona donde se aplica. Pero aquí prosigue el hambre, la miseria, el ultraje, las colas infernales y hasta la exigencia de la cédula como libreta de racionamiento. Si en el Táchira, en 120 días, vivimos aún en calamidad económica, a nivel nacional, en 120 días le queda muy grande a este gobierno inepto recuperar la economía.

Es que hablamos de dos modelos totalmente contrapuestos. Uno socialista lleno de controles, de actitud irresponsable en no asumir su fracaso y endilgarle su ineptitud a “acciones de desestabilización de la economía de sectores nacionales e internacionales”, a una “guerra económica coordinada por factores internos y externos” y a “estrategias de desestabilización económica que ha provocado la caída abrupta de los precios petroleros”, sin olvidar que se han robado y dilapidado, en 17 años, los más ingentes ingresos de la renta petrolera, sin invertirlos en producción alternativa. Y otro que representa la propuesta de la nueva Asamblea Nacional de legislar para incentivar la producción nacional, para rescatar las industrias y tierras expropiadas e improductivas, el otorgamiento de créditos, incluso a la economía informal, el cierre del regalo de recursos propios a otros países, la apertura de las divisas para importar insumos y materia prima necesaria. Este gobierno y su sistema ya se agotaron y Venezuela no los acepta ni los quiere.
*Prof. de Postgrado de Derecho Constitucional

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