Ciego, sordo y mudo

Isaac Villamizar
Opinar y expresarnos, sin ser molestados por ello, es un derecho natural de todo individuo. Así lo contempla, desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión implica también la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, por cualquier medio de comunicación que se elija. Tan fundamental libertad no puede ser restringida por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Estas disposiciones claras de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, son tratados que se incorporaron como leyes internas de la República desde 1977 y 1978, respectivamente. Y así no les guste a las sentencias amañadas y acomodaticias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estos tratados internacionales, por orden expresa de la Constitución, tienen su misma jerarquía, prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por todos los órganos del Poder Público.
La Constitución del 99 incorporó una nuevo artículo, el 58, dentro de los relativos a la protección de la comunicación, Allí se reconoce que la comunicación es libre y plural. Y, asimismo, que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial. En el caso de los medios audiovisuales, la imagen vale más que mil palabras. Cuando todos los televidentes en vivo y directo observamos un acontecimiento local, nacional o internacional, en el mismo momento en que está ocurriendo, simplemente los hechos y las tomas están hablando por sí mismas. Los protagonistas en este caso no son los medios televisivos, sino el suceso que ocurre y las personas que viven tal acontecimiento. Si el constituyente quiso resguardar el derecho a la información oportuna, es porque los ciudadanos requerimos enterarnos de eventos de manera inmediata, incluso para que los televidentes tomen sus propias precauciones, de ser el caso. La noticia, vista en imágenes, no se puede esconder hasta que el gobierno - que no permite el acceso a las fuentes oficiales - se le ocurra divulgarla.La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, al igual que la Constitución, no permite la censura, ni previa, ni concomitante, ni posterior. Esta ley, tal como ella lo indica, debe ser interpretada y aplicada de acuerdo a los principios de libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos, comunicación libre y plural y prohibición de censura. Ella establece la garantía del respeto a la libertad de información. Pero en Diciembre de 2010, entre gallos y medianoche, en sanción espuria, la Asamblea Nacional modificó la “Ley Resorteme”, para incluir el artículo 27, donde se prohíbe la difusión de mensajes que inciten el odio y la intolerancia, la apología del delito; que fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público. Y le endosó a estos hechos la multa de hasta el 10 % de los ingresos brutos del ejercicio fiscal. Así se preparó el camino para convertirnos a los venezolanos en ciegos, sordos y mudos.

Quisiera bienestar espiritual

Isaac Villamizar
El Estado debe estar comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran. Debe propender al desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspecto que configura el concepto de verdadero Estado de Justicia. Concretamente, según la Constitución, el Estado tiene como fin esencial, entre otros, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, utilizando para ello, como procesos fundamentales, la educación y el trabajo. Las universidades, con su labor de búsqueda del conocimiento, coadyuvan al beneficio espiritual y material de la Nación. Así también lo consagra la Carta Magna. Pero el Estado debe ser el principal impulsor en el encuentro de este bienestar, tal como sucede cuando se le impone la protección de la familia, como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas.
El ser humano puede lograr su crecimiento personal fundamental con un balance en cinco dimensiones: el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional, el bienestar espiritual y el bienestar social. El bienestar espiritual es la base para la función adecuada de los demás. Implica para el individuo la creencia de una fuerza unificadora, de un ser supremo. Para algunos, dicha fuerza será la naturaleza, para otros serán las leyes científicas, y para muchos cristianos será la fuerza divina de Dios. Pero junto a este concepto, la visión extensa de la prosperidad espiritual significa la habilidad para descubrir y articular un propósito personal en la vida. Es aprender cómo experimentar amor, disfrute, paz, sentido del logro o autorrealización. Las personas con un óptimo bienestar espiritual continuamente ayudan a otros a alcanzar su potencial máximo. Esto incluye las relaciones interpersonales, la orientación espiritual en la vida de cada individuo, la naturaleza del comportamiento humano, y la disposición y complacencia para servir.
Entonces, si el bienestar espiritual implica la formación de un estado espiritual, a partir de lo que creemos y lo que valoramos en la vida, se requiere que nuestra convicción sea firme en ciertos
valores. A través de la educación y el trabajo, asumiendo el Estado una actitud rectora, debemos
cambiar al venezolano. Debemos enraizar y fertilizar en él la belleza, la justicia, la verdad, la paz, la libertad, la ética, la benevolencia, la honestidad, la integridad, el logro. Quisiera, en consecuencia, para todos los venezolanos, la mayor prosperidad, felicidad, bienestar espiritual. Quisiera que los trataran con justicia. Quisiera que sus amigos y compañeros fueran leales. Quisiera que la gente no los embaucaran ni les hicieran trampa. Quisiera que las personas fueran imparciales al tratar con ellos. Quisiera que los ciudadanos fueran honestos y no engañaran a sus semejantes. Quisiera que los individuos los trataran con bondad y no con crueldad. Quisiera que los jefes mostraran control de sí mismos y no los maldijeran. Quisiera que los intolerables fueran capaces de perdonarlos y no se concretaran en su censura y castigo. Quisiera que los adversarios los respetaran y no los insultaran. Quisiera de todos los venezolanos amor, en vez de recibir de algunos, mezquindad y desprecio. Quisiera de todos un trato como aspiran a que se les trate.

Táchira: hay dos caminos

Isaac Villamizar
El Ministro de Energía y Petróleo anunció a los medios, con bombos y platillos, que desde el Táchira el país contaba ya con un sistema automatizado de despacho de combustible, para acabar con el contrabando de gasolina hacia Colombia. Como si fuera un avance de tecnología de punta, explicó que las 107 estaciones del Táchira contarán con antenas que registrarán la señal del código de barras de cada automóvil, verificándose de inmediato cuál es el cupo de combustible que corresponde a cada vehículo. En caso de que el operador cometa una equivocación y pulse el surtidor para echar más gasolina de la permitida, el sistema se paraliza de forma automática al límite establecido para cada vehículo.
Este sistema del chip es el más discriminatorio e inconstitucional trato que se nos ha dado a los tachirenses. Nos presume a todos como culpables del contrabando de gasolina, como delincuentes, como pimpineros vulgares, cuando aquí es vox populi que los delincuentes extractores del combustible son precisamente quienes están encargados por ley de evitar el contrabando, que en actitud corrupta se llevan varias gandolas todos los días a Colombia. Esto lo tiene que saber toda Venezuela. Aquí nos humillan, nos vejan, nos maltratan, no sólo obligándonos a hacer interminables colas de horas en las estaciones, sea con chip o sin él; sino también se nos maltrata cuando en la Aduana de San Antonio o en Ureña, si uno lleva el tanque lleno, le roban la mitad, dejando escaso combustible para llegar a San Cristóbal. Esto, Señor Ministro, no es ninguna novedad tecnológica. Esto es un atraso al Pleistoceno. Esto es una vulgar libreta de racionamiento cubana que nos impusieron a los tachirenses, por ser un Estado que, en las urnas electorales, no se entrega al hambrear del comunismo de este gobierno fracasado. Lo que más me indigna es que como pueblo los tachirenses no hemos reaccionado ante esta humillación, como ya desde hace mucho hubieran detonado los genes de Castro, Gómez, Pérez Jiménez o Carlos Andrés Pérez. Sin duda, de estar vivos, ya hubieran liderado aquí una acción contundente para revertir esta ignominiosa medida inconstitucional, discriminatoria e irracional.
Esta es otra manifestación clara de cómo un factor como lo han sido otros, en este caso el tecnológico, se usa para cometer la más atroz discriminación, desigualdad y perversión política, en contra del pueblo, que estoicamente aguanta y muerde el anzuelo.
O el Táchira seguirá siempre siendo víctima de sus propios hijos, como lo denunció el insigne educador Carlos Rangel Lamus, o el Táchira hace lo que el Táchira quiere, como lo afirmó Mons. Dr. Carlos Sánchez Espejo. Llegó la hora de escoger nuestro propio destino.