Isaac Villamizar
La oveja siempre temerá al lobo y la
ardilla estará entre las ramas de los árboles huyendo de los depredadores. Es
un desempeño natural, repetido durante millones de años. El ser humano, al
contario, elige su propio camino, lo escribe con sus propios matices y
particularidades y lo recorre con la misma libertad con el que lo concibió. Así
se desarrolla y va dejando huella. Lo que caracteriza a la libertad es el poder de dirigir y dominar los propios
actos, la capacidad de proponerse metas y dirigirnos hacia ellas. Libertad
personal es el autodominio con el cual los seres humanos gobernamos nuestras
acciones. Libertad y poder son dos fenómenos estrechamente ligados. No se puede
ejercer el uno sin el otro. Libertad nos ubica en la situación, circunstancias
o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto sojuzgado, ni impuesto al deseo
de otros de forma coercitiva. Ella permite a alguien decidir si quiere hacer
algo o no. Al tomar esta decisión entran en juego dos facultades humanas: la
inteligencia y la voluntad. La voluntad elige lo que previamente es conocido
por la inteligencia. Antes de elegir, el hombre delibera. En su mente circundan
escenarios, posibilidades, consecuencias, con sus ventajas y desventajas.
Entonces toma una decisión por alguna opción. No es ella misma la que obliga a
tomarla, sino que el ser humano, con su voluntad, la convierte desde una
posibilidad en acción concreta.
El individuo posee un derecho natural de
ser libre. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es
el primer principio de este postulado: “Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”. Y además se
complementa con el Artículo 4: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus
formas.” Ya lo dijo Séneca: “¿Qué es la libertad? No ser esclavo de nada.”
Sin embargo, la libertad no es absoluta,
porque el ser humano no es perfecto. Su limitación es triple: física, psicológica
y moral. Si la libertad fuere absoluta habría que comenzar a temerla como
prerrogativa de los demás. Es aquí cuando la libertad se examina desde
diferentes ámbitos, principalmente contextualizada en lo sociológico, en lo
filosófico, en lo político y en lo jurídico. Si revisamos la libertad en
derecho, parecería que las leyes humanas son el principal enemigo de la
libertad. No es así. Porque si la libertad no estuviere regulada como norma, la
alternativa sería la ley de la selva. Tampoco proviene la libertad de lo
espontáneo. Ella es justamente la negación de la espontaneidad. Ya lo hemos
dicho, la libertad es el producto del dominio de la razón y de la voluntad.
Espontáneamente podemos asumir una conducta errónea, pero sólo somos libres
cuando entre el estímulo y nuestra respuesta interponemos un juicio de valor y decidimos
en consecuencia. Y si convertimos este proceso en una actitud, realizaremos
actos libres que nos enaltecerán como persona. Si libremente hemos optado por algo
perjudicial, esa mala prueba es evidencia de una deficiencia al no haber
advertido, previsto o avizorado el mal o no haber querido con suficiente fuerza
el bien. En ambos casos, la libertad se ha ejercido defectuosamente y el acto
resultante es malo.
Ahora bien, todo acto libre es
imputable, atribuible a alguien. El sujeto que lo realiza responde por él. Los
actos pertenecen al sujeto porque sin su querer no se hubieren producido. Si la
libertad es el poder de elegir, la responsabilidad es la aptitud para dar
cuenta de esas elecciones. Libre y responsable son también dos conceptos paralelos
e inseparables. Cada persona es responsable ante sí mismo y ante la sociedad. Y
ello es así porque sus actos libres pueden afectar a terceros. Es aquí cuando
debemos asegurar que no sólo responde el propio agente libre de sus actos, sino
que también son responsables quienes no aseguren o garanticen la libertad como
un derecho y estén obligados a ello.
En principio, entonces, la libertad no
sólo es atribuible a personas naturales, sino también a naciones. Confluyen aquí
motivaciones sociológicas, políticas y jurídicas. Las naciones también son
libres. Esa idea de libertad, como Nación, fue ampliamente cultivada con la
ilustración y la revolución francesa. Las naciones empiezan a reclamar su
propia potestad para definir su destino, para escoger su régimen político, para
ejercer su propia autoridad.
En la concepción política-jurídica, las
naciones poseen autodeterminación. Y la ejercen a través del Poder Político. La
fuente del poder, entonces, no eran las características del poderoso sino
únicamente la voluntad de los súbditos que le dejaban tener el poder. Esta idea
llevó al convencimiento de que el verdadero poder nacía de la masa de súbditos,
el pueblo, y éste debía tener la capacidad de delegar tal poder en quien le
placiera y en las condiciones que considerase más apropiadas y durante el
tiempo que creyera conveniente. Surge la concepción de la soberanía popular. El
Poder Político implica la elaboración de unas reglas mínimas indispensables
para la convivencia social. Constituye el imperio jurídico y político que
poseen los órganos de gobierno para ejercer en forma eficaz, mediante la
coactividad, las acciones y las competencias que le son conferidas por la
Constitución y la ley. Estas normas constituyen el límite y fundamento de ese
imperio del poder. Pero tal como lo sustentó Maurice Hauriou, el poder es la
libertad soberana, ejercida a través de los órganos constitucionalmente
establecidos. El poder es conferido a los órganos del Estado por la voluntad y
consentimiento de sus habitantes. Y lo hacen porque están conscientes que el
fin del bien común lo amerita. Sin embargo, quienes ejercen ese poder son
detentadores transitorios del mandato que se les otorga por un tiempo
establecido. De aquí que Georges Burdeau señala que no es el poder el que crea
la obediencia, es nuestro espíritu el que, consciente de la necesidad del
orden, crea el poder.
Al igual que la libertad puede conducir
a malas decisiones y a responsabilidades, el ejercicio del poder político puede
llevar a arbitrariedades. Se le suele considerar abusivo cuando se excede en el
ejercicio de sus funciones, en materias que están dentro del ámbito de otros
poderes (intromisión de poderes). El poder político es ilegítimo también cuando
utiliza mecanismos no autorizados por las leyes y se adueña del poder
ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, sin tener la legitimidad del
pueblo, otorgada por el voto popular. Estas arbitrariedades ocurren porque los
detentadores transitorios del poder desconocen la soberanía popular, en donde
reside el poder supremo y de donde emanan todos los poderes del Estado, aunque
se ejerzan con representación. De representantes de la soberanía pasan a ser
usurpadores de ella. Se arrogan los poderes supremos que libremente residen en el
pueblo. No aceptan que la suprema y primigenia autoridad está en el pueblo.
Esta titularidad de la soberanía popular es única, intransferible, indivisible,
imprescriptible e inviolable. Tanto en el interior como en el exterior. Además
todos los órganos del poder público
están sometidos a la soberanía popular. No es al contrario. Así lo preceptúa
claramente la Constitución.
Esto nos lleva revisar lo que significa
la libertad de la Nación. Las naciones son libres. Ciertamente, tienen la
capacidad, repito, de orientar su propio horizonte. De allí deviene la
autodeterminación de los pueblos. Nuestra Constitución en su primer artículo
asienta claramente, en tres ocasiones, que la República es libre, y agrega que Venezuela
afirma la autodeterminación nacional. Pero hemos advertido que la libertad no
es absoluta, porque al igual que la personal, cuando el ejercicio de la libertad
de una nación, por conductas abusivas, ilegítimas e inconstitucionales de los
detentadores transitorios del poder público, sojuzga las libertades personales,
y esclavizan al pueblo, maniatando el ejercicio de su soberanía y de sus
derechos, ello pone límite a la autodeterminación. En este caso no es el pueblo el que
libremente está tomando decisiones acertadas y legítimas, sino son sus representantes
que han usurpado esta libertad y esta soberanía y han cerrado toda posibilidad
popular de tomar decisiones institucionales. Entonces, hay dos intereses en
principio contrapuestos. La autodeterminación de los pueblos entra en conflicto
con las libertades humanas y la libertad soberana del colectivo. El propio Artículo
2 de la Constitución asegura que el Estado venezolano, de modalidad democrática
y de derecho, soporta su actuación en la
libertad y en la preeminencia de los derechos humanos. La propia Declaración Universal
de los Derechos Humanos dispone que la voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto. Integrada la Nación a la comunidad internacional, ante estos
intereses contrapuestos, se justifica el llamado de auxilio, de rescate, de
intervención, para apoyar la restitución de las libertades personales y de la
soberanía popular aprisionada. Sólo para recordar un ejemplo de la colaboración
en este tipo de lucha, basta revisar las intervenciones de las legiones
británicas e irlandesas en la gesta independista suramericana liderada por
Bolívar.
De tal manera que los
países de la comunidad internacional, con los cuales interactúa la República,
no pueden hacer mutis ante la degradación de la libertad personal y la usurpación
de la soberanía popular –derechos humanos universales que no tienen frontera
alguna-, por parte de detentadores transitorios que quieren eternizarse en el
poder. Aquí cede la autodeterminación, porque, repito, la esclavitud, la
tiranía, y sojuzgar y acabar con todo un pueblo no ha sido el camino escogido
por éste. Si se ha perdido la libertad personal y el ejercicio de la soberanía
popular, el pueblo está llamado legítimamente a reclamar a la comunidad
internacional que intervenga para asistir en el restablecimiento de esas
libertades. No sólo se trata de preservar la dignidad humana, sino de no dejar
desaparecer a una Nación, que tiene aún potencialidades para distribuir bajo
justicia social su riqueza.
