El ideal supremo del derecho es la justicia. Tradicionalmente consiste en la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En este marco se define la Justicia Social, expresión muy usada en Política, Sociología y Derecho para significar una tendencia doctrinal y práctica encaminada a proteger a las personas económicamente débiles, elevando su nivel de vida y cultura, y anulando aquellos privilegios de las clases económicamente fuertes que originan inadmisibles desigualdades sociales.
En el orden económico del “laissez faire”, concebido
como un mundo independiente de la intervención del Estado y de los principios
morales, se dio toda clase de facilidades a la iniciativa privada, a la
invención, al progreso y desarrollo de la producción. Pero esto no fue muy
favorable para la distribución de la riqueza, creándose dos clases económicas,
distanciadas y antagónicas: la proletaria y la capitalista. Esta división
provocó el odio, el espíritu de la lucha de clases y el desgarro de la sociedad
con graves repercusiones para la estabilidad y la sana convivencia. Es cuando los trabajadores toman conciencia
de su miseria, unen sus esfuerzos, reúnen sus debilidades, para convertirlas en
fortalezas, apareciendo los primeros sindicatos
La Justicia Social, entonces, en este escenario, se convierte en el criterio dinámico motor de
multitud de transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Es
la justicia como principio regulador tendente a establecer el equilibrio entre
los poseedores y desposeídos, entre ricos y pobres, entre socialmente fuertes y
socialmente vulnerables. En nombre de la Justicia Social, las legislaciones
fiscales y laborales cambian, para hacer norma la lógica de que quienes más
poseen, mayores cargas soporten. Nace así la legislación protectora de los trabajadores
para intentar restablecer un equilibrio entre empleadores y obreros.
En este ambiente algunos conservadores exagerados
califican a la Justicia Social como socialista, pero en realidad contenía en el
fondo una idea oportuna, admisible y expresiva, tanto que, convertida en
símbolo y bandera de luchas y reivindicaciones sociales, es aceptada por la
Iglesia, con la Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII en 1891.
La Justicia
Social es la que regula las relaciones de los grupos sociales entre sí y de los individuos
como miembros suyos en orden al bien común, de suerte que
cada grupo dé a los demás aquella parte de bien social a que tienen derecho en
proporción a los servicios que contribuyen a ese fin.
Ahora bien, ¿qué problemas enfrenta actualmente la
Justicia Social? Existen condiciones de vida infrahumanas de muchas personas en
continentes, tales como el África. La poca inversión en la atención de los requerimientos sociales, educativos y
económicos de la población en condiciones de pobreza extrema hace más aguda la
situación. Condiciones infrahumanas e insalubres en la vivienda están
presentes. El desempleo, la inflación, la escasez de ciertos rubros, un proceso
de industrialización donde se explota aún la mano de obra, el destino de los recursos
públicos a propaganda y armamento, y una deuda pública creciente de los países
en vías de desarrollo, son objeto de alarma para la Justicia Social. No se
pueden ignorar las diferencias y la desigual distribución de los ingresos personales y familiares.
Aunado a lo anterior, en muchas naciones hay una
enorme distancia entre el sector rural y el sector urbano. La agricultura es un
área deprimida, abandonada y con pocos estímulos. Servicios esenciales como
carreteras adecuadas, transporte, agua potable, vivienda higiénica, asistencia
médica y enseñanza gratuita y completa, están ausentes en el campo. Se reclama
por un desarrollo gradual y armónico de un sistema económico que coloque
técnicas de producción modernas, variedad de cultivos y estructura eficiente de
la empresa agrícola al servicio del desarrollo y la productividad. Conjuntamente
con ello debe actuar la política macroeconómica del Estado en materia impositiva,
en la oferta crediticia pública, en sistemas de seguros acordes y en la defensa
de los precios agrícolas alentadores. Finalmente, aparece el dilema entre el
derecho a la propiedad y el derecho de la propiedad. ¿Cómo armonizar ambas?
Reconociendo que todos los seres humanos, sin distinción de clase social,
tienen derecho al uso conveniente de los bienes materiales, que deben llegar en
forma universal, pero aceptando que también, por una función social, deben ser
aprovechados por los demás. Se debe compaginar el dominio privado como expresión
de la personalidad, como fruto del trabajo, del esfuerzo propio, garantizando
su uso, goce, disfrute y disposición, asegurando una autonomía personal y
familiar, con su función a la vez responsable en la sociedad y en la economía,
en la que el derecho de propiedad no se ejerza en detrimento de la utilidad
común.
Derivada de la Justicia Social está la Justicia
Económica. La democracia, desde el siglo XX, ha venido triunfando sobre sus
tres principales competidores: el comunismo, el totalitarismo y la teocracia.
Pero también está llamada a triunfar frente a otra amenaza para satisfacer el
deseo universal humano que representa. Nos referimos a las desigualdades
económicas. Si la democracia se basa en la igualdad, este principio es la
fuerza que alimenta los cambios democráticos en todas partes. La igualdad no es
sólo una cuestión política y social, porque éstas por sí mismas no satisfacen
completamente al hombre o mujer demócrata. También es necesario cierto grado de
igualdad económica. La igualdad económica no implica la posesión por parte de
todos de una cantidad similar de bienes económicos: dinero e insumos de
producción. Lo que realmente hace falta es una distribución más equitativa de
la riqueza, de modo que todos tengan lo bastante como para vivir decentemente,
y una igualdad casi absoluta de oportunidades. La igualdad absoluta en la
posesión de bienes es una quimera. La igualdad de oportunidades es un ideal por
el que la gente está dispuesta a luchar. Estos preceptos están contenidos en el
Artículo 3 constitucional cuando le fija al Estado, como uno de sus fines
esenciales, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; y en el
Artículo 112 ejusdem cuando se le impone al Estado la garantía de la creación y
distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que
satisfagan las necesidades de la población. Hay muchos bienes que pueden
considerarse económicos y que no consisten en dinero. Podemos citar el derecho
al trabajo, a una buena educación o a una vivienda digna. El derecho a
perseguir la felicidad o la oportunidad, a la propia manera de cada quien, es
el de mayor importancia. Un gobierno con justicia económica protege estos
derechos y se encarga de que no se vean sistemáticamente vaciados de contenido,
ni para ningún ciudadano en particular, ni para ninguna clase de ciudadanos en
general.
Otro de los contenidos de la justicia económica es
la posibilidad de acceso a los bienes y servicios de calidad. Nuestra
Constitución así lo preceptúa en el Artículo 117. Esta norma agrega que el
consumidor tiene la libertad de elegirlos, se supone en un ambiente
competitivo, y a ser tratado con dignidad cuando desea adquirirlos. Esto se complementa
con la seguridad alimentaria que, definida por el constituyente en el Artículo
305, se entiende como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el
ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público
consumidor.
En un país con
Justicia Económica el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promueve
el desarrollo armónico de la economía integral, con el fin de generar fuentes
de trabajo, alto valor agregado nacional, elevado nivel de vida de la población
y fortalecimiento de la soberanía económica del país. Esta es la verdadera suma
de felicidad. Esta es la verdadera y justa distribución de la riqueza. Esta es
la verdadera independencia económica. Ya lo expresó el papa Francisco: “La
solidaridad no se reduce a las diversas formas de asistencia, sino que se
esfuerza por asegurar que un número cada vez mayor de personas pueden ser
económicamente independientes.” 
