Venezuela se
encuentra en una encrucijada. Un camino podría llevarla a su desplome total, a
las puertas de su tumba, con un cáncer de metástasis irreversible, con un
acabose institucional, político, social y económico. Otro camino podría
conducirla a un horizonte esperanzador, tal vez a largo plazo, para consolidar
su reconstrucción, a un esfuerzo bárbaro para recuperar sus valores y
principios mortalmente diezmados, pero aún rescatables en el deseo profundo del
venezolano que ama este terruño.
Para
adentrarnos en el segundo escenario, no se puede perder tiempo. Hay acciones
que requieren una decisión y acción de plazo vencido. Seguir con este desastre
económico nos va a llevar a la ruina, a la miseria, al hambre a todos los
venezolanos, sin excepción. Porque las entrañas, cuando no hay alimento, no
preguntan si la lengua es roja, azul o amarilla. Simplemente es cuestión de
supervivencia. Si no sobrevive el país, no sobrevivimos sus habitantes. La
educación y el trabajo, según la Constitución, son procesos fundamentales para
alcanzar el desarrollo de la persona y la prosperidad y el bienestar del
pueblo. Yo incluyo también a la familia, núcleo en donde hay que consolidar el
respeto, la responsabilidad, el compromiso y la sana convivencia. Pero estas
herramientas van a surtir su efecto a largo plazo. Porque recuperar a Venezuela
requiere difíciles pero necesarias ejecutorias en este 2016. Son
impostergables. Algunos asoman la enmienda o la reforma constitucional. Yo
comento con mis alumnos de postgrado que me parece encontrar muchos articulados
beneficiosos en nuestra Carta Magna. Tal vez habría que revisar algunas normas
para fortificar, para blindar con mayores garantías los principios institucionales
del Estado. Pero la enmienda o la reforma, según la propia Constitución,
ameritarían cambiar algunos artículos o algunos bloques de normas sin modificar
la estructura de la Carta Magna, lo cual no nos permitiría revisar en profundidad
el revestimiento para un mejor funcionamiento e interrelación de los órganos
del Estado. Además, la enmienda o reforma requeriría abrir la iniciativa constitucional
con las exigencias del número de firmas de electores o del porcentaje de
diputados exigidos, la discusión de un proyecto que debería ser consensuado y
la intervención del Poder Electoral, realmente controvertido en su
transparencia, en los mecanismos del referendo aprobatorio respectivo, proceso
todo ello que llevaría un tiempo. Similar tardanza llevaría el revocatorio del
mandato presidencial.
Otros asoman la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí me
permito diferir en algunos aspectos con
los proponentes. Si la Constituyente es para solucionar la actual crisis,
buscando renovar los Poderes Públicos, es una solución de mediato plazo. Porque
la Constituyente no debe ser usada para cambiar gobiernos, sino para dictar una
nueva Constitución, que incluya un nuevo pacto de convivencia pacífica, plural,
tolerante y respetuosa. Y eso sólo se logra si cambiamos de actitud los venezolanos.
Mi propuesta,
para una apertura a una solución más corta, es la exigencia constitucional,
masiva, contundente y democrática de la renuncia del Presidente de la
República. En ejercicio de nuestra soberanía popular, que es intransferible e
inalienable -que estoy seguro está representada en estos momentos por más de los siete millones setecientos mil electores
del 6D-, la sociedad civil, con el apoyo de todos los sectores productivos,
civiles y ONGs, deben conformar un bloque sumamente plural, organizado y fuerte,
para exigir la renuncia de un Presidente que representa un sistema totalmente
fracasado y colapsado, que no ofrece concretas soluciones y políticas publicas
eficientes para oxigenar la recuperación total de la institucionalidad, de la
democracia y de la satisfacción del bienestar común, y que se afirma en su
necedad de no querer rectificar, ni dialogar, ni aceptar propuestas contrarias
a su ideología obtusa de encarar el gobierno del país. Esto requiere de otra propuesta
seria para consensuar en la conducción consecuente del poder, con la posibilidad
ya más mediata de analizar las reformas necesarias institucionales y
constitucionales que requiere el Estado venezolano.
*Prof de Postgrado de Derecho Constitucional 
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