En estos días
me he puesto a pensar sobre el sentido y la pertinencia de estudiar y ejercer
el Derecho, aquella disciplina que mis magníficos y doctos profesores de la
UCAT, hace ya más de 30 años, me dijeron y enseñaron que pretendía ofrecerle a
la sociedad, como fines supremos, la justicia, el bien común, el orden y la
seguridad jurídica.
Allí aprendí
que el Derecho es la agrupación sistematizada de normas, reglas o principios,
jerárquicamente establecidas y relacionadas entre sí, para regular conductas en
sociedad, señalar cómo deben cumplirse los actos e imponer y hacer obligatorias
esas normas mediante la coercibilidad, producto de la competencia que se le
confiere al poder público. Aprendí que el Derecho busca lograr un ambiente de paz
y libertad, en el cual la Constitución, la ley y las demás normas que conforman
el ordenamiento jurídico aseguren para todos la vida, la integridad, el trabajo,
la educación, la salud y la justicia social. Pero veo que en el país las normas
jurídicas son manejadas al antojo y capricho de los gobernantes de turno,
violentándolas con el mayor cinismo, imponiendo los titulares de los órganos
públicos sus propios códigos.
En la universidad aprendí que con el
orden el Derecho refleja la fuerza superior de su ordenamiento jurídico para
evitar las arbitrariedades individuales, y así imponer el tranquilidad. El
orden supone una estructura normativa indispensable para la permanencia, la
estabilidad, la perpetuación de la sociedad y la concordia social. Sin el
orden, los pueblos están condenados a desaparecer o a vivir con hostilidades,
con caos, con anarquía. Pero veo a Venezuela atrapada en enfrentamientos, en
confrontaciones violentas, en la imposición de la ley del abuso, con unos militares parcializados políticamente, y
donde se niegan todas las libertades y todos los derechos, utilizándose para
ello el poderío brutal. En la universidad aprendí que la seguridad jurídica
permite la garantía que se le da al individuo para que sus bienes y derechos no
serán objeto de ataques violentos, y si éstos llegaran a producirse, la
sociedad, a través del poder público, le asegura protección, reparación de los
daños causados y sanción a los responsables. Pero veo a Venezuela en la que se
cometen tantas atrocidades contra los individuos y sus propiedades, con tal
grado de persecución a la disidencia, al pluralismo, a la denuncia, a la
crítica opositora, con un terrorismo judicial y órganos de investigación que
fabrican expedientes amañados a quienes enfrentan al gobierno, en donde la
impunidad rompe todos los records mundiales.
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