ISAAC VILLAMIZAR
Se acaba de promulgar, con pan y circo, desde el Teatro Teresa Carreño, una Ley Orgánica de Educación que, al decir de su propio texto, “atenta contra los sanos valores del pueblo venezolano”. Desconociéndose un proyecto original, y transgrediéndose el proceso constitucional de formación de las leyes, se pretende imponer las políticas socialistas de un Estado Docente.
El gobierno, pretendido Estado Socialista, según el artículo 4, intervendrá por completo en el sistema educativo, en todos sus niveles, para sojuzgar a los educandos con sus planes, programas, proyectos y actividades de ideologización. La educación, de acuerdo a este modelo educativo, y tal como lo postula el artículo 12, deberá promover la formación de nuevos republicanos y republicanas, para la participación activa en los procesos de transformación social, fundamentada en la doctrina robinsoniana. Es harto conocido de qué se trata esta doctrina.
Las Instituciones de Educación Superior, como parte del Subsistema de Educación Universitaria, según el artículo 30, quedan obligadas a la socialización del conocimiento, de tal manera que toda particularidad de las capacidades y destrezas de cada alumno universitario, quedan supeditados al interés colectivo. Por ley especial anunciada aquí, las Universidades quedarán reguladas en su adscripción, categorización de sus componentes, conformación y operatividad de sus organismos y garantía de participación de sus integrantes. La autonomía y la diversidad de las corrientes del pensamiento serán relativos y quedarán como una falacia, ante la intervención de los Consejos Contralores, creados por el artículo 32, numeral 3, especie de Consejos Universitarios paralelos, con facultades de control y supervisión del patrimonio universitario. El Estado, según la misma norma no se desprenderá de su interés en aplicar su poderío externo a estas instituciones. La ley especial en materia universitaria, según lo advertido por el artículo 33, establecerá cómo será la creación intelectual en estas casas de estudios superiores. La misma legislación especial determinará la obligación que tendrán las universidades de ofrecer algunas carreras, que por su interés nacional, deban ser reservadas para ser impartidas en las instituciones que queden obligadas a ello. La evaluación institucional de las universidades, según el artículo 43, estará bajo la mira de las instancias nacionales, regionales, municipales y locales, a quienes instruya el Ministerio de Educación Superior.
Esta ley de la dictadura que nos gobierna, transgrede por completo, por lo menos a nivel de la Educación Superior, lo dispuesto en el artículo 102 constitucional, que reclama de la educación su finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática. Esta ley de la dictadura que nos gobierna, también vulnera lo preceptuado en el artículo 103 de la Carta Magna, que reconoce a toda persona su derecho a una educación integral de calidad, de acuerdo a sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Esta ley de la dictadura que nos gobierna, demás está decirlo, profana la norma 109 constitucional, que permite a las universidades autónomas darse sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio. Esta ley de la dictadura que nos gobierna infringe el principio del mismo articulado constitucional, que asegura la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión.Esta Ley Orgánica de Educación no es un instrumento del Estado para cumplir el fin supremo del desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Esta Ley Orgánica de Educación es un arma mortífera del gobierno socialista para anular, manipular, someter, adoctrinar, intimar y amilanar al educando.
Se acaba de promulgar, con pan y circo, desde el Teatro Teresa Carreño, una Ley Orgánica de Educación que, al decir de su propio texto, “atenta contra los sanos valores del pueblo venezolano”. Desconociéndose un proyecto original, y transgrediéndose el proceso constitucional de formación de las leyes, se pretende imponer las políticas socialistas de un Estado Docente.
El gobierno, pretendido Estado Socialista, según el artículo 4, intervendrá por completo en el sistema educativo, en todos sus niveles, para sojuzgar a los educandos con sus planes, programas, proyectos y actividades de ideologización. La educación, de acuerdo a este modelo educativo, y tal como lo postula el artículo 12, deberá promover la formación de nuevos republicanos y republicanas, para la participación activa en los procesos de transformación social, fundamentada en la doctrina robinsoniana. Es harto conocido de qué se trata esta doctrina.
Las Instituciones de Educación Superior, como parte del Subsistema de Educación Universitaria, según el artículo 30, quedan obligadas a la socialización del conocimiento, de tal manera que toda particularidad de las capacidades y destrezas de cada alumno universitario, quedan supeditados al interés colectivo. Por ley especial anunciada aquí, las Universidades quedarán reguladas en su adscripción, categorización de sus componentes, conformación y operatividad de sus organismos y garantía de participación de sus integrantes. La autonomía y la diversidad de las corrientes del pensamiento serán relativos y quedarán como una falacia, ante la intervención de los Consejos Contralores, creados por el artículo 32, numeral 3, especie de Consejos Universitarios paralelos, con facultades de control y supervisión del patrimonio universitario. El Estado, según la misma norma no se desprenderá de su interés en aplicar su poderío externo a estas instituciones. La ley especial en materia universitaria, según lo advertido por el artículo 33, establecerá cómo será la creación intelectual en estas casas de estudios superiores. La misma legislación especial determinará la obligación que tendrán las universidades de ofrecer algunas carreras, que por su interés nacional, deban ser reservadas para ser impartidas en las instituciones que queden obligadas a ello. La evaluación institucional de las universidades, según el artículo 43, estará bajo la mira de las instancias nacionales, regionales, municipales y locales, a quienes instruya el Ministerio de Educación Superior.
Esta ley de la dictadura que nos gobierna, transgrede por completo, por lo menos a nivel de la Educación Superior, lo dispuesto en el artículo 102 constitucional, que reclama de la educación su finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática. Esta ley de la dictadura que nos gobierna, también vulnera lo preceptuado en el artículo 103 de la Carta Magna, que reconoce a toda persona su derecho a una educación integral de calidad, de acuerdo a sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Esta ley de la dictadura que nos gobierna, demás está decirlo, profana la norma 109 constitucional, que permite a las universidades autónomas darse sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio. Esta ley de la dictadura que nos gobierna infringe el principio del mismo articulado constitucional, que asegura la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión.Esta Ley Orgánica de Educación no es un instrumento del Estado para cumplir el fin supremo del desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Esta Ley Orgánica de Educación es un arma mortífera del gobierno socialista para anular, manipular, someter, adoctrinar, intimar y amilanar al educando.
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