Carta, ¿Magna?

Isaac Villamizar
En 1214, el rey inglés Juan I, llamado Juan sin Tierra, era impopular entre los barones ingleses. Les obligaba a pagarle muchas multas. El rey había perdido la guerra contra el monarca francés Felipe. Regresó a casa e intentó volver a llenar las arcas reales imponiendo unos elevados impuestos a los barones que no habían apoyado su campaña bélica en el continente. El Arzobispo de Canterbury les mostró una vieja carta en que el rey Enrique I – que era francés – prometía observar las costumbres de los ingleses. Entonces decidieron redactar una carta en que quedaran consignados los derechos de los ingleses y que obligaba al rey a que jurase respetarla en lo sucesivo. Ese pacto garantizaba una serie de libertades fundamentales y ponía límites absolutos al monarca, que se resumían en una declaración bautizada como Carta Magna. El documento recibió el sello real y se ordenó que fuera leído en todas partes. Suponía un compromiso no sólo para el rey Juan, sino también para sus herederos, por los siglos de los siglos.
Siendo beneficiario cualquier hombre libre, la Carta Magna está considerada como la piedra fundacional de la libertad y el imperio de la ley en Inglaterra, así como el origen de la monarquía constitucional. Más adelante constituiría una fuente de inspiración para los colonos norteamericanos en su lucha por la independencia. La Carta Magna, Gran Carta en latín, es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos en los cuales el poder del monarca o presidente se ve limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea.
De allí que se ha asimilado el concepto de Carta Magna al de Constitución, porque ésta es la norma fundamental de un estado soberano, aceptada para regirlo, en la cual se fijan los límites y define las relaciones entre los poderes del estado, y de éstos con los ciudadanos.
Nuestra Carta Magna es un documento que actualmente no obliga al Estado. Los ciudadanos no sentimos que ella imponga, primordialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, el compromiso de respetar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Nuestra Carta Magna, a pesar que ella preceptúa que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico y que todas las personas y los órganos del Poder Público están sujetos a la misma, no inspira sino frustración, porque el ciudadano no la estima como un instrumento que imponga con certeza el compromiso de su cumplimiento. Nuestra Carta Magna es vulnerada a diario por los representantes del Poder Ejecutivo, es interpretada a gusto y conveniencia del máximo tribunal, y extravió los mecanismos para restituir el Estado de Derecho que ella estatuye. Nuestra Carta Magna ya no es proteccionista de los derechos humanos. Nuestra Carta Magna está abandonada a su suerte, porque si bien ella dispone que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, cuando deja de ser observada por actos de fuerza o sea derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, no hay nadie que se ocupe de hacerla cumplir a cabalidad. Nuestra Carta Magna perdió los mecanismos coactivos para imponer al Poder Público, los límites de su actuación. Nuestra Carta dejó de ser Magna.