¿Reconciliación o impunidad?

Hay unos escenarios planteados de llegar a ganar la oposición las elecciones del 2012. Se ha mencionado que de ser así, debe haber una reconciliación nacional. Se asegura que los venezolanos no queremos más odios, más divisiones, más persecuciones, más exclusiones. Se menciona que se requiere de un proceso de paz, de amnistía, de encuentro, de inclusión. Se indica que de perder el oficialismo las elecciones, no debe haber una cacería de brujas, retaliaciones, ni venganzas. Estoy de acuerdo, absolutamente, que a los venezolanos nos hace falta buscar la reunión y el bienestar común, así como el respeto al pluralismo y el debate constructivo de ideas. Pero aceptar la impunidad, al término del período constitucional, sería un grave precedente.
La actividad de la administración pública en Venezuela se rige por unos principios. Uno de ellos está consagrado en la Constitución y en Ley Orgánica de la Administración Pública. Nos referimos al principio de rendición de cuentas. Cuando se elige a un funcionario para desempeñar altos cargos, los electores le transferimos un mandato y aunque la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, éste le encarga la responsabilidad de conducir la administración del Estado y la gestión pública con la mayor eficiencia. De tal manera que ese funcionario, al término de su mandato, nos debe explicar a los electores y administrados cuáles fueron los resultados de su gestión y cómo manejó los dineros públicos.
Por ello, si bien estoy de acuerdo en que habrá que integrar a todos los venezolanos en la reconstrucción del país, que se encuentra hundido en todos sus órdenes, seré el primer venezolano en exigir responsabilidades. Habrá que indagarle al Presidente de la República, responsable de sus actos y de los deberes inherentes a su cargo, por qué teniendo la obligación, según el artículo 232 constitucional, de procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, fue el primero en desconocerlos, en violentarlos, en imponer sus propios intereses por encima del bienestar común. Habrá que exigirle al gabinete ministerial cuentas del por qué estando en colapso la salud, siendo sometido todo el colectivo a la inseguridad, e incrementándose la pobreza con la inflación que arruinó los bolsillos de todos los consumidores, llevando el país a la bancarrota y al endeudamiento por la eternidad, se entregaron los ingentes recursos de la renta petrolera a naciones extranjeras y se puso en manos de un solo país caribeño la gestión de los aspectos más importante de la administración del Estado.
Lo mismo deberá suceder, en su oportunidad, al requerir responsabilidades a los diputados que aprobaron leyes írritas; al Poder Judicial que acomodó la justicia a los intereses partidistas; a la Contraloría General que hizo mutis ante la escandalosa corrupción; al Ministerio Público que engavetó averiguaciones contra funcionarios públicos del oficialismo; y a la Defensoría del Pueblo que sólo defendió la permanencia en el poder de la tiranía y el absolutismo.
Reconciliación no es incompatible con responsabilidad. Ese es el verdadero discurso que se precisa dirigirle al colectivo. Sólo así habrá ejemplo y saldremos fortalecidos como nación.