Isaac Villamizar
En el final de la película “De Ladrón a Policía”, el actor Martin Lawrence, que hace el papel de Miles Logan, un robador de joyas, al ser descubierta su verdadera identidad, se encuentra en plena frontera entre Estados Unidos y México. La línea divisoria hace que sus compañeros policías le indiquen que no pueden detenerlo porque está fuera de jurisdicción. Y con ello, los agentes no se atreven a dar ni un paso para aprehender al rufián. Esto me hace recordar cómo la jurisdicción de los venezolanos nos ha sido violada a placer por la autoridad.
En el sentido de demarcación, la jurisdicción es el poder o la autoridad que se tiene para gobernar y, más concretamente, el territorio al que se extiende. Con esa acepción, podemos asegurar, tajantemente, que nuestra jurisdicción individual ha sido penetrada como le provoca al gobierno. Una Constitución que fue promulgada para garantizar los derechos privativos de los ciudadanos, es omitida en su respeto y más bien vulnerada de manera indómita. El Presidente de la República, quien está obligado por el artículo 232 constitucional a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, es el primero que invade nuestra jurisdicción. Nuestro espacio de armonía, de tranquilidad y de dominio personal y familiar, lo irrumpe con sus acciones, causándonos un gran desasosiego permanente. Lo primero es tratar de imponernos una ideología comunista añosa y periclitada, que no está en consonancia con el auténtico sentir y requerimiento de la nación. Luego, quiere encadenarnos a sus fofas peroratas, intentando meternos su vocinglería e imagen a nuestras pantallas y receptores de radio, a como dé lugar, incluso, a costa de la eliminación de medios no sumisos. También quiere disponer a su antojo de nuestros bienes particulares, al demarcar con su vista y orden expropiatoria, cual Real Cédula, los bienes públicos, usurpándonos la esfera privada de nuestro patrimonio.
Si hablamos de la Asamblea Nacional, ésta ha sido la gradería para aplaudir tales desmanes, legislando inconstitucional e ilegalmente, para darle supuestos visos de legitimidad a tanto desafuero. Capítulo deplorable aparte en este exceso institucional merecen el Poder Judicial y el Ministerio Público, que han trastocado la exégesis, para convertirse en instrumento de ataque y persecución a la disidencia y para infligir lesión mortal, “en nombre de la República y por autoridad de la ley”, a los derechos constitucionales de libertad personal, respeto a la integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad de las comunicaciones, debido proceso y derecho a la defensa, libre tránsito, libre expresión de pensamiento, comunicación plural, vida privada e intimidad, y manifestación pacífica.
En conclusión, este régimen ha cometido las tropelías más grandes en el traspaso de límites de nuestros derechos personalísimos. Pero llegará el momento – como siempre se ha dado en la oportunidad histórica mundial - de rescatar el fuero personal, la quietud para nuestra morada y dominio de los pensamientos, derechos e intereses propios y familiares. Será cuando le podamos asegurar al imperio del abuso: “Estas fuera de mi jurisdicción”.
En el final de la película “De Ladrón a Policía”, el actor Martin Lawrence, que hace el papel de Miles Logan, un robador de joyas, al ser descubierta su verdadera identidad, se encuentra en plena frontera entre Estados Unidos y México. La línea divisoria hace que sus compañeros policías le indiquen que no pueden detenerlo porque está fuera de jurisdicción. Y con ello, los agentes no se atreven a dar ni un paso para aprehender al rufián. Esto me hace recordar cómo la jurisdicción de los venezolanos nos ha sido violada a placer por la autoridad.
En el sentido de demarcación, la jurisdicción es el poder o la autoridad que se tiene para gobernar y, más concretamente, el territorio al que se extiende. Con esa acepción, podemos asegurar, tajantemente, que nuestra jurisdicción individual ha sido penetrada como le provoca al gobierno. Una Constitución que fue promulgada para garantizar los derechos privativos de los ciudadanos, es omitida en su respeto y más bien vulnerada de manera indómita. El Presidente de la República, quien está obligado por el artículo 232 constitucional a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, es el primero que invade nuestra jurisdicción. Nuestro espacio de armonía, de tranquilidad y de dominio personal y familiar, lo irrumpe con sus acciones, causándonos un gran desasosiego permanente. Lo primero es tratar de imponernos una ideología comunista añosa y periclitada, que no está en consonancia con el auténtico sentir y requerimiento de la nación. Luego, quiere encadenarnos a sus fofas peroratas, intentando meternos su vocinglería e imagen a nuestras pantallas y receptores de radio, a como dé lugar, incluso, a costa de la eliminación de medios no sumisos. También quiere disponer a su antojo de nuestros bienes particulares, al demarcar con su vista y orden expropiatoria, cual Real Cédula, los bienes públicos, usurpándonos la esfera privada de nuestro patrimonio.
Si hablamos de la Asamblea Nacional, ésta ha sido la gradería para aplaudir tales desmanes, legislando inconstitucional e ilegalmente, para darle supuestos visos de legitimidad a tanto desafuero. Capítulo deplorable aparte en este exceso institucional merecen el Poder Judicial y el Ministerio Público, que han trastocado la exégesis, para convertirse en instrumento de ataque y persecución a la disidencia y para infligir lesión mortal, “en nombre de la República y por autoridad de la ley”, a los derechos constitucionales de libertad personal, respeto a la integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad de las comunicaciones, debido proceso y derecho a la defensa, libre tránsito, libre expresión de pensamiento, comunicación plural, vida privada e intimidad, y manifestación pacífica.
En conclusión, este régimen ha cometido las tropelías más grandes en el traspaso de límites de nuestros derechos personalísimos. Pero llegará el momento – como siempre se ha dado en la oportunidad histórica mundial - de rescatar el fuero personal, la quietud para nuestra morada y dominio de los pensamientos, derechos e intereses propios y familiares. Será cuando le podamos asegurar al imperio del abuso: “Estas fuera de mi jurisdicción”.
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