Repudio gigante de feria

Isaac Villamizar.
El Táchira ha sido dura y ferozmente castigado por este régimen perverso. No nos perdonan que otrora fuimos rebeldes, guerreros, irreverentes. Es inaceptable para el chavismo que en las cifras electorales nuestra entidad deje evidencia que no comulgamos con un sistema fracasado, corrupto y violador de todas las libertades. Por ello, prácticamente desde que se ordenó el cierre de la frontera y se declaró el permanente Estado de Excepción (aunque lo cierto es que la emergencia aquí ya se ha vuelto ordinaria y común) el gobierno ilegítimo y usurpador enfocó toda su artillería pesada para hacernos sufrir y humillarnos, hasta llevarnos a un estado de total postración. Es innegable que la orden conlleva las acciones de dejar al Táchira en la ruina, en el caos, en las puertas del infierno, en la devastación absoluta. No debe haber gasolina, no debe enviarse gas, no debe haber atención médico asistencial de calidad, no debe haber energía eléctrica por lo menos durante tres cortes largos de luz diarios, no debe haber Abba e Internet, no debe haber conexión telefónica sostenible ni reconexión oportuna, no debe haber agua en verano, no debe haber servicio de aseo doméstico frecuente, no debe haber servicio de transporte suficiente y asequible al bolsillo de los pasajeros. En fin, "vamos a darle por la madre a esos gochos" es la instrucción vengativa.
Pero, en medio de tanta desolación y tragedia, al tachirense aún le queda aliento para manifestar su repudio y rechazo a tanta maldad, a tanto proceder doloso. La mayoría estamos claros que no hay nada que celebrar en feria. Si acaso pedirle a San Sebastián y al Cristo del Limoncito que nos permita seguir aguantando estas atrocidades contra nuestro bienestar. Entonces, al paso de la Vuelta, en plena feria, entre cadenas de bicicletas, lo único que nos queda por hacer en público, sin miedo alguno, es exteriorizar, con desahogo, a quienes quieren llevarse glorias con escapulario ajeno, ese desprecio que muy adentro llevamos hacia quienes nos torturan encadenados a este infinito pandemonium.
Es lo único que han ganado estos demonios. Porque, dejando a salvo a ciertos diputados que entregaron su alma en aquellas pailas, los tachirenses en nuestro fuero interno aún conservamos dignidad y nobleza. Ellas serán, a la final, las que nos rescaten de esta barbarie.
San Cristóbal, 14 de enero de 2020.

20 años de ser violada continuamente

*Isaac Villamizar

En uno de los últimos programas que transmitió Nitu Pérez Osuna por Globovision, tuvo como invitado al Dr Ramón Guillermo Aveledo, Profesor de Derecho Constitucional. El experto le pidió como en cuatro ocasiones a la conductora que abriera la Constitución en la página  que quisiera, escogiera al azar un Artículo y lo leyera. Hecho lo indicado el Dr Aveledo le preguntaba a Nitu y a la audiencia televisiva si creía que esa disposición estaba vigente, se cumplía, o era violentada primordialmente por los órganos del Poder Público, en otras palabras, por los representantes del régimen. Las respuestas resultaban obvias, con evidencias soportadas en las acciones más perversas para pasar por encima del texto fundamental, con el fin de lograr imponer una ideología comunista, muy alejada del espíritu del constituyentista.
La Constitución en su propuesta original fue presentada por Chávez, que no tenía ni la menor idea de lo que era un texto constitucional con sus formalidades, fue discutida en una Asamblea Nacional Constituyente cuyo origen fue dudoso y fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 por referendo popular, sólo con la participación del 44,38% del electorado y con el sí aprobatorio del 72,78% de esa participación. Es decir, con muchas dudas de por medio por parte de los venezolanos y con una legitimidad frágil, se impuso el texto debatido, que luego en el 2009 tuvo una enmienda de 5 artículos, para dejar una contradicción en su propio texto, que por una parte reconoce el principio del gobierno alternativo, pero por la otra abrió la compuerta de la reelección indefinida.
En 20 años que tengo de estudiarla en profundidad, bajo los principios jurídicos que debatimos con nuestros alumnos de la Cátedra de "Derecho Constitucional y Realidad Social" del postgrado de Gerencia Pública de la UNET, he llegado a la conclusión que nuestra Carta Magna posee muchas normas rescatables, adecuadas a un verdadero Régimen Político democrático y de libertades. Sin embargo su vigencia, su integridad, su inviolabilidad, se pierden en las arenas movedizas de la eficacia de sus garantías que la preserven de las violaciones descaradas, continuas y dolosas que le han aplicado los mismos adeptos del chavismo y madurismo, creándose paralelamente al Estado Constitucional, ni siquiera un Estado Comunal, comunista y de vulneración permanente de los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce, sino una camarilla de delincuentes, narcotraficantes y corruptos que han tergiversado,  manipulado y alterado el verdadero espiritu, propósito y razón del constituyente de 1999, para convertir al texto fundamental en una servilleta con el objeto de pretender limpiar tanto mugre rojo, y que permita seguir asaltando el poder con sed insaciable.
Una de las más groseras violaciones que ha tenido la legalidad, la razonabilidad, la funcionalidad, la integridad, la inviolabilidad y la supremacía de la Constitución, la ha cometido el máximo representante del órgano del Poder Público que es el primer llamado a preservarla, a ordenar su correcta aplicación y a dar luces oportunas y sometidas al derecho, para que tengan efectividad sus normas. Nos referimos al Tribunal Supremo de Justicia, y en particular a la Sala Constitucional.
Quien posee el control concentrado de la consitucionalidad y la obligación expresa de garantizar "la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, ser "el máximo y último intérprete de la Constitución" y "velar por su uniforme interpretación y aplicación" (Art. 334), en vez de ello, mediante interpretaciones parcializadas y convenientes al régimen, se ha dedicado a legislar cambiando su texto, interpretando lo que no expresa realmente el espíritu constituyentista y convirtiéndola en un instrumento jurídico absolutamente inútil para los propósitos de asegurar el pulcro, responsable y legal funcionamiento del Estado y sus instituciones. El dossier acumulado de estos exabruptos es largo. Yo, en particular, tengo en mis estudios y análisis, con las metodologías constitucionales doctrinarias adecuadas un expediente extenso de estas violaciones continuas durante 20 años. Aquí la víctima de la violación agravada, continuada y calificada no sólo han sido el Preámbulo, la Exposición de Motivos y los 350 artículos en su totalidad de la Constitución. Aquí la víctima de este vejamen, de este ultraje al pudor de la democracia, las libertades y los derechos humanos, hemos sido los venezolanos, quienes más temprano que tarde tendremos los mecanismos para reclamar las responsabilidades a estos victimarios delincuentes de la institucionalidad, y quienes también deberemos aportar para darnos un nuevo ropaje constitucional, que nos hagan superar tanto ataque despiadado al Derecho y a la Justicia.
*Profesor de Postgrado de Derecho Constitucional.

El Ejecutivo está usurpado, pero ningún titular u órgano lo está ejerciendo

Isaac Villamizar

Es posible que lo que estoy escribiendo no le guste a muchos, especialmente a aquellos que se han dejado llevar por las emociones, pero les ha faltado pasar los acontecimientos actuales de Venezuela por el tamiz de la razón. Estamos claros que hay una grave situación que amerita consideraciones tanto jurídicas  como políticas, y estas últimas, dicen algunos, la Asamblea Nacional, su Presidente y sus integrantes, las están evaluando con estrategias de movimientos milimétricos de tablero de ajedrez, ante el régimen forajido, fallido y asaltante del poder, que no da puntada sin dedal. Para algunos la situación es inédita, y no pocos aseguran que Maduro y su combo de delincuentes por lo menos están aprisionados ante la reacción tanto internacional, que ha sido contundente y masiva, como por el despertar interno, que no lo reconoce, pero que aún no sabe de manera cierta cómo hacer cesar tanto desafuero que se sigue cometiendo desde Miraflores después del 10 de enero.

Mi tesis es que desde el primer minuto del 10 de enero no existe ningún titular legítimo que ejerza la Presidencia de la República, con las competencias que le atribuye el Artículo 236 de la Carta Magna y demás atribuciones que le asigna dicho texto.

Sea que se considere que Maduro permanece de manera usurpadora en la Presidencia de la República, o que existe vacío de poder, desde ese primer minuto del 10 de enero, en mi criterio, no existe nadie que legítima y constitucionalmente se encuentre ejerciendo las atribuciones que le corresponde exclusivamente a la Presidencia de la República. Del Artículo 236 citado se desprende que este funcionario, como Jefe de Gobierno, entre otras atribuciones, dirige sus acciones, administra la Hacienda Pública Nacional, decreta créditos adicionales al presupuesto, nombra y remueve funcionarios del gobierno, formula y ejecuta un plan de la nación y dirige la FAN como Comandante en Jefe; y como Jefe de Estado dirige las relaciones exteriores de la República, celebra convenios y tratados internacionales y nombra representantes ante Embajadas y Consulados.  Estas atribuciones no sólo se deben mencionar, no solo se deben argumentar. Es necesario que sea ejercidas efectivamente para que el gobierno y el Estado no entren en un estado de parálisis y de aislamiento.

Juan Gauidó, Presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho expresamente que “asumiendo la legitimidad me da el Artículo  233, 333 y 350  de la CRBV convoco al pueblo de Venezuela, a la FAN,  y a la comunidad internacional para la conformación efectiva del gobierno de transición.” Posteriormente, el mismo Juan Guaidó señaló textualmente que “nuestros gremios, sindicatos y sociedad civil se mantienen trabajando por la ruta para la transición en Venezuela, es por ello que este 23 de enero las calles de Venezuela gritarán en una sola voz por el rescate de la libertad, la democracia y el cese de la usurpación de Nicolás.” Simultáneamente, en la Asamblea Nacional se encuentra en discusión un proyecto de Ley del Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este proyecto de ley señala que se tomará en cuenta para la transición democrática, el cese de la usurpación de funciones de Nicolás Maduro, en el marco de la medidas legislativas y políticas que aseguren rescatar el ejercicio legítimo de la Presidencia  y el restablecimiento del orden constitucional. Por último, el 15 de enero de 2019 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que declaró formalmente la usurpación de funciones de Nicolás Maduro en el cargo de la Presidencia de la República, y en el que adopta, en el marco del artículo 233,  las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación, y conformado efectivamente un Gobierno de Transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible. Además, en mi criterio, con muchas falencias jurídicas, la Asamblea Nacional acordó aprobar un marco legislativo de transición, “que permita iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”, con especial atención al restablecimiento del orden constitucional y atender la emergencia humanitaria.  “El Presidente de la Asamblea Nacional se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el Estado de derecho en el país.”

Así que por mucho que la comunidad internacional lo señale, por mucho que internamente se escriba en las redes, por mucho que se celebren Cabildos Abiertos, por mucho que algunos diputados de la Asamblea Nacional lo declaren, Juan Gauidó no ejerce formalmente las atribuciones de Presidente de la República al día de hoy, ya que él mismo y la Asamblea Nacional, como órgano, lo único que ciertamente han aprobado es que existe una usurpación de funciones desde el 10 de enero por parte Nicolás Maduro, y que se está preparando una vía, legislativa, política y con respaldo popular, para designar un  gobierno de transición. Nadie está ejerciendo formalmente, nadie está ejecutando de hecho y de derecho, y de manera legítima, las atribuciones de Presidente de la República previstas en la Constitución. Repito, ni el mismo Juan Guaidó las ha asumido, porque lo único que expresamente le ha encargado la Asamblea Nacional es que velará porque la normativa legal aprobada por el Parlamento para tales propósitos, sea cumplida.

Esto debe aclararse jurídicamente y sin ambages, porque desde el punto de vista del Derecho Público, particularmente del Derecho Constitucional, los órganos del Poder Público en Venezuela están sometidos a dos principios fundamentales: el Principio de Legalidad y el Principio de Competencia, los cuales caracterizan un Estado de Derecho y Democrático.  Conforme al Principio de Legalidad, todo ejercicio de potestades del Poder Público deben sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias sometidas a su jurisdicción. Se trata de la sujeción de los órganos del Poder Público a sus propias normas, al ordenamiento jurídico que le es aplicable y, en consecuencia, al Estado de Derecho. En cuanto al Principio de Competencia, éste dispone que los órganos del Estado sólo pueden actuar con las competencias, con las facultades, con las atribuciones, que le han sido legal y expresamente asignadas, y ellas le establecen sus límites de actuación. La competencia está regulada por normas de orden público, lo que significa que las competencias no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares. Esto quiere decir también que cada órgano, al actuar dentro de sus propias competencias, no puede invadir las atribuidas a otro órgano del Poder Público.  

Ambos Principios, el de Legalidad y el de Competencia, están enunciados en el Artículo 137 de la Constitución, que establece: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos del Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.”

Reitero que ningún funcionario, ningún órgano del Estado actualmente está ejerciendo las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. La Asamblea Nacional no lo puede hacer, porque incurriría en la misma usurpación de funciones que cometió el Tribunal Supremo de Justicia, cuando por sentencia del 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional se arrogó las atribuciones del Parlamento, con lo cual se rompió el hilo constitucional, y que luego pretendió rectificar mediante sentencia aclaratoria.

En conclusión, la República de Venezuela, al día hoy, no tiene Presidente de la República legítimamente designado, ni siquiera en transición, ni mucho menos electo mediante comicios libres, transparentes y democráticos, por lo que, dentro de ese carácter inédito que muchos atribuyen a esta situación sui generis, Venezuela no está gobernada ni representada como Estado por nadie ni por ningún órgano.

Demás está ratificar que, ciertamente, todos los actos dictados por Nicolás Maduro desde el 10 de enero, incluidas las presuntas medidas económicas y aumento de salario mínimo del 14 de enero, son actos nulos de nulidad absoluta. El problema está en que a pesar de ello, están causando un daño casi irreversible a la nación, social y económico, que con seguridad también ocasionará que, mientas más se tarde en designarse un Gobierno de Transición y un Presidente Interino, ellos recibirán un país prácticamente destrozado con alevosía por el usurpador, para que así sea recibido por esas autoridades legítimas.

Es prudente hablarle claro al pueblo, no andar con divagaciones, no estar pretendiendo una actuación, pero a la vez eludiéndola, o enmascarándola en movimientos políticos ajedrecísticos milimétricos confusos. Sabemos dónde está el contrincante diabólico, pero cada jugada debe tener un soporte bien sólido, jurídico y político en conjunción, no vaya a ser que se revierta el jaque mate. A quien se quiere deponer es al que se considera monarca en usurpación, pero hay que saber mover bien y oportunamente las piezas para que termine bien guardado en la gaveta del tablero.

San Cristóbal, 15 de enero de 2019.

Michelle Bachelet, no se deje engatusar

Isaac Villamizar

Muy Honorable Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. De un ciudadano venezolano:

No soy yo quien pueda indicarle a usted cómo hacer su trabajo. Me imagino que constatar la situación de los derechos humanos en cualquier país, más aun en Venezuela, que pasó de ser objeto de una simple preocupación en la comunidad internacional, a ser el ojo del huracán en el orbe, debe regirse por una serie de formalidades, protocolos, evidencias e instrumentos, propios de la organización que usted representa.

Mi intención, como ciudadano, integrante de la gran mayoría de mis compatriotas que vivimos en carne propia la tragedia que azota a esta tierra, no es otra que advertirle para que tome sus previsiones, a fin de no dejarse engatusar por la mafia de delincuentes que han asaltado el poder y, con toda la política comunicacional gobeliana, quieren aparentar ahora a nivel internacional como verdades, una sarta de mentiras, de las cuales ya todos los venezolanos estamos intoxicados, más bien “infoxicados” de tanta dizque libertad de expresión. Dirá usted qué quiero decirle con no dejarse engatusar. Bueno, Sra. Bachelet, no sé cómo se dirá en Chile, pero aquí hacemos uso del término en lenguaje muy popular para referirnos a los aduladores de oficio que pretenden aparentar una situación que en realidad no existe. En otras palabras, por la calle del medio, le aconsejo que no se deje engañar.

Seguro que desde que aterrice su avión en Maiquetía será objeto de muchas atenciones del gobierno, suministro de transporte muy cómodo, invitaciones al comedor de Miraflores con las exquisiteces turcas que trajo el insaciable desde Estambul, y demás aderezos para hacerle su estadía muy placentera. Pero como usted ha dicho que vendrá a hacer su encargo sin sesgo, como viene a cumplir el mandato de una resolución que le insta a preparar un nuevo informe, adicional al de junio pasado, de forma “exhaustiva” sobre la situación en Venezuela –que seguramente será sobre si se respetan, se ejercen y se garantizan los derechos humanos en Venezuela-, y habiendo sido ya previamente “bienvenida” por el tirano condenado y prófugo de la justicia venezolana en exilio por corrupción y lavado de capitales, pues no está demás, desde estas humildes cuartillas, sugerirle cómo puede usted redactar su informe lo más objetivo, real y evidente.

Ya que usted va a llegar por Maiquetía, podrá usted constatar con sus propios ojos, los emigrantes que aún con posibilidades económicas, toman un avión para enrumbar a Suramérica y Estados Unidos. Pregunte usted misma en las colas de las líneas internacionales el por qué salen esos viajeros que por ahora no piensan en retorno. También puede darse una visita a la oficinas del SAIME para que le reporten cuantos pasaportes han anulado o confiscado, sin motivo legal alguno, y cuantos personajes importantes del escenario nacional, que se han atrevido a alzar su voz en contra de esta tiranía, los han dejado varados por muchas horas en las sillas de tal oficina, haciéndoles perder su vuelo. Demás está decirle que usted conocerá el artículo 13 de la Declaración Universal de los DDHH, reproducido en el 50 de nuestra Constitución, contentivo del derecho humano de libre tránsito y de ausencia y regreso del país en cualquier momento.  Pero como lo primero es lo primero, saliendo del aeropuerto, en el Estado Vargas y en cualquier Estado del país podrá constatar las condiciones de miseria, de hambruna, de enfermedad, de pobreza extrema, inducida alevosamente por esta tiranía. Recurra por sus propios medios a las colas interminables de cualquier supermercado, abasto, mercado popular, panadería y expendio de alimentos, para que note la tortura que hay que pasar para comprar unas pacas de harina pan, huevos, carne, azúcar o cualquier producto de la canasta básica. Y cuando digo tortura me refiero, Sra. Bachelet, primero a la suerte de conseguir tales productos si los hay, y en segundo lugar, a cómo con un soberanísimo salario mínimo de 1800 Bs es imposible cubrir tal canasta básica, que para el mes de agosto ya había superado los Bs 20.817, repito, soberanísimos, según cifras de CENDAS, porque el habeas data oficial, Sra Bachelet, desapareció del BCV hace rato largo. De esos establecimientos puede continuar por los amontonamientos de bolsas de basura – son muy fáciles de conseguir en Venezuela- para que constate que los que no poseen tan soberano poder adquisitivo, en verdad están comiendo de los residuos que allí permanecen malolientes y putrefactos.  Esto, Sra. Bachelet, le permitirá evidenciar en su informe que los derechos humanos a un salario suficiente, digno y que permita cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, y el derecho a la seguridad alimentaria, son letra muerta en los postulados normativos ya descritos, por  usted bien conocidos. Sin embargo, así como le aconsejo en este particular una cosa, le aconsejo otra. Diríjase usted a cualquier plaza Bolívar o centro oficial que tenga que ver con el abastecimiento de alimentos, para que usted también constate que existe una especie de varita mágica llamada “carnet de la patria”, con la que si el venezolano está dispuesto a ser sojuzgado en pensamiento, palabra y acción, ese privilegiado es el único que puede tener acceso a bonos de nombre rimbombantes, dádivas, cajas y bolsas del clap, así como otros beneficios que cada mes anuncia el tirano por cadena nacional. Esto creo que le sea bastante para certificar que el derecho humano a la igualdad, sin distingos de credos, clase social e ideología y el derecho a la protección contra toda discriminación, son una ilusión, una quimera, algo así como un recuerdo con nostalgia de lo que relatan los libros de historia patria pre revolución bolivariana.

No puede usted dejar de visitar cualquier centro asistencial público. Allí, estoy seguro, los pocos médicos y enfermeras valientes que aún nos quedan, porque los demás tomaron vía Chile, por ejemplo, la recibirán con gusto, eso sí, sin intervención de los directores del hospital, para darle una ronda competa por todas las áreas, desde la emergencia, aunque la emergencia está en todo la edificación, pasando por la morgue, los pisos de hospitalización y los quirófanos. A lo mejor por ser usted una Alta Comisionada, se atrevan a surtir de insumos ese día al hospital, si usted avisa a cuál pretende ir. Pero si aparece sin previo aviso, le aseguro que su informe va a reflejar lo que es una realidad cruda y cruel. Los enfermos y pacientes, desde los neonatos hasta los ancianos, el único seguro que tienen es la extrema unción en cualquiera de ellos. Aproveche para hacer una gira, tal como lo hace cualquier venezolano, por incontables farmacias abiertas y de turno. Ni de noche ni de día podrá usted escuchar del dependiente o farmaceuta que abundan los más efectivos antibióticos, los medicamentos y ampollas contra el cáncer, las cápsulas para la tensión y hasta los recolectores de orina y heces. No sé en Chile, pero aquí el dicho “de todo como en botica” es causa de otra nostalgia. De tal forma que el derecho humano más elemental, como es la vida y el derecho a la salud y asistencia médica integral, Sra. Bachelet, se han transformado en el extremo opuesto, es decir, en un exterminio intencionado hacia toda una población, para que los que no podemos o no queremos emigrar, exhalemos pronto nuestro último suspiro por falta de la más elemental protección médica de carácter público.

Muy cordialmente le sugiero que, sin que la mechuda (pregunte usted quién es el personaje) y una fantasmagórica organización de servicio bolivariano de inteligencia lo sepan, se introduzca usted en cualquier centro de reclusión, llámese cárcel, prisión, centro penitenciario, centro policial, mazmorra, helicoide, la tumba, Fuerte Tiuna, similares y conexos. Hable cara a cara con los civiles y militares, presos comunes y presos políticos. Pregúnteles primero la manera en que fueron aprehendidos, secuestrados, desaparecidos forzosa y momentáneamente, interrogados, torturados y enterrados en cualquiera de esas rejas del averno. Luego indague por el estado de su causa judicial, por las veces que los han llevado a las audiencias en tribunales, por la comida y el trato que reciben de sus carceleros, por las pocas facilidades y frecuencia de las visitas de sus familiares y abogados defensores, por las veces que los sacan a patadas cada madrugada de su celda. No deje de preguntarles por la garantía del principio de presunción de inocencia, de asistencia médica, y de comunicación con personas de su confianza. En esos antros de la mayor indignidad humana podrá usted comprobar que esos derechos de debido proceso, de defensa, de integridad personal, física, psíquica y moral, de beneficios de libertad condicional, de inviolabilidad del hogar doméstico y recinto privado, de presentación de orden judicial para visita domiciliaria, son adornos tanto en la declaración susodicha como en la mejor Constitución del mundo anunciada en 1999, ya casi en estertores tanto de hecho como de derecho por pretendida suplantación de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que no fue convocada por la ya desaparecida soberanía popular.

Sra. Bachelet, no porque la lista de consejos se haya acabado, sino porque ya puedo caer en el fastidio, y esa no es mi intención, por último le pido encarecidamente que, ya que usted va a ser la privilegiada comisionada bienvenida, categoría que no han podido alcanzar unos cuantos personajes renombrados que no han podido pasar de la mitad del Puente Internacional Simón Bolívar entre La Parada y San Antonio del Táchira, tenga usted no sólo la prudencia sino también la caridad de visitar los estados y municipios fronterizos, especialmente las salidas terrestres hacia Colombia y Brasil. Como los asaltantes del poder dicen que eso de los emigrantes es una fantasía, un cuento de película de Hollywood, camine usted con ese río interminable de venezolanos que, con o sin pasaporte, sólo con la urgencia y la esperanza de encontrar otros horizontes donde si se respetan los DDHH, pasan la línea fronteriza y en bus, en avión desde el Camilo Daza en Cúcuta, en cola, caminando y recibiendo benevolencia de refugios, de conductores, se han convertido en la mayor estampida que se recuerde en décadas de una nación latinoamericana.  Converse con ellos, pregúnteles de sus tragedias, de la familia que han dejado, del trabajo que tuvieron que abandonar, de la osadía de enfrentarse a regiones y culturas desconocidas y hasta de la humillación de someterse a la xenofobia por ser mero venezolano, con el alma llanera atravesada en la garganta.

Sra. Bachelet, a mí me parece que ese informe va a ser el más extenso que usted redacte en sus funciones, si toma consejos como el que humildemente le estoy proporcionando. Va a necesitar de muchos transcriptores y cuando lo vaya a presentar y leer ante las Naciones Unidas, tal vez tengan que convocar a sesiones permanentes, porque habrá mucha tela que cortar. Ojalá que cuando tomen algunas medidas con base a su informe, hayan todavía venezolanos y haya Venezuela, en los cuales y en donde se puedan aplicar. De no ser así, la crisis humanitaria ya reconocida por la ONU, será más bien la sepultura de una nación que pudo ser la más poderosa y rica de latinoamérica, pero que la perversidad, la maldad de un plaga de asesinos y criminales, la convirtieron en tierra de compasión, de lástima y de amargura. No deje de comerse, Sra. Bachelet, una arepa venezolana, reconocida como uno de los mejores platos del mundo, rellena con queso y mantequilla. No le digo que la disfrute con carne mechada ni mucho menos que saboree la “reina pepiada”, porque se va a quedar con el antojo. Estoy seguro que cualquier familia venezolana, en conocimiento de la alta misión que usted estará cumpliendo, tendrá el mayor gusto de hacer un sacrificio para poner un plato adicional en su mesa, con la seguridad que no siendo de las exquisiteces excéntricas de un tal Salt Bae, llevará el mayor y más inocente gusto de unas manos que, clamando clemencia, aún no han perdido su movilidad en la cocina.

Me despido, Sra. Bachelet, augurándole el mayor de los éxitos en su comisión en tierras venezolanas. Y aquí la esperaremos cuantas veces usted quiera venir, sin Plan Vuelta a la Patria de por medio.

@isaacabogado

Vicepresidentes Ejecutivos de Maduro no pueden asumir la Presidencia

Isaac Villamizar

Prof. de Postgrado de Derecho Constitucional.

I.- INTRODUCCIÓN

Si hay algo urgente que requiere Venezuela es el rescate de orden constitucional y la vigencia plena -bajo el marco del Estado de Derecho-, de sus instituciones políticas. En un Estado que lejos de comportarse como una entidad donde se desarrollen con normalidad sus elementos existenciales, Pueblo, Territorio y Poder Público, y  en donde, por lo contario, ha habido tránsito incontrolado y cohonestado para enquistarse una élite que usufructúa el poder para cometer desafueros delincuenciales, es preciso que, al cambiar tales escenarios, lo sano y oportuno para la reconstrucción de ese orden constitucional es, por una parte, dotar de mecanismos suficientes a la soberanía popular para que imponga su autoridad y sus derechos, y por la otra, formar y ubicar a los representantes de los órganos del Poder Público en el respeto y acatamiento de la legalidad, en la responsabilidad derivada de la actuación en el ejercicio de tal poder y en la rendición periódica y amplia de cuentas de tales funciones.

El presente estudio jurídico, bajo la óptica del Derecho Constitucional, pretende explicar por qué, ante el escenario posible de la ausencia absoluta de Nicolás Maduro como Presidente de la República, los Vicepresidentes Ejecutivos, por lo menos los designados a partir del 9 de enero de 2017, no pueden asumir la Presidencia de la República.

II.- NICOLÁS MADURO, AL ABANDONAR EL CARGO DE PRESIDENTE, NO PUEDE DESIGNAR VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS.

La Asamblea Nacional, mediante Acuerdo del 9 de enero de 2017, acordó:

Declarar que Nicolás Maduro Moros, invocando el cargo de Presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República…(Omissis).

Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental, el principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución, así como las funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República… (Omissis).

Manifestar que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.

Este acuerdo del parlamento fue declarado nulo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 11 de enero de 2017. Sin embargo, es oportuno recordar que la designación y conformación de magistrados de esta Sala, resultaron de un acto nulo de nulidad absoluta, ocurrido el 12 Diciembre de 2014, cuando la Asamblea Nacional de entonces procedió a elegir, de manera inconstitucional, a 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos algunos de la Sala Constitucional, con el voto favorable de la mayoría simple, es decir, 99 diputados. Esta elección resultó de una incongruencia entre la aplicación del Artículo  38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y lo previsto en los Artículos 264 y 265 constitucional  que si bien no establecen de manera expresa el quorum de elección de tales magistrados, por lógica constitucional, si la segunda norma señalada requiere de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para remover a los magistrados del TSJ, con mayor propiedad, por Argumentum a pari, su elección se debe acordar con la misma votación necesaria para su remoción. En este sentido, el Dr Allan Brewer Carías, en su estudio “El Golpe de Estado dado en Diciembre de 2014, con la inconstitucional designación de las altas autoridades del Poder Público”(2015), ha afirmado que

Conforme a lo establecido en los artículos 264 y 265 de la Constitución, en efecto, como hemos señalado también se dispone la elección popular en segundo grado de los magistrados del Tribunal Supremo de por la Asamblea nacional, como cuerpo elector, y si bien en los mismos no se precisa como en los otros casos de funcionamiento del cuerpo elector que la elección debe hacerse con el voto de las 2/3 partes de los diputados que la integran, al preverse sin embargo que la remoción de los mismos sólo puede realizarse con el voto de dichas 2/3 partes, se debe entender dentro de la lógica constitucional democrática, que la elección también tiene que realizarse mediante dicha mayoría calificada.

Este argumento de nulidad de la conformación inconstitucional de la Sala Constitucional, no desconoce otros que se aducen relacionados con los vicios en el proceso seguido para tales efectos, relacionados con el Comité de Postulaciones Judiciales, así como de la participación ciudadana, según lo normado en los instrumentos reglamentarios aplicables.

De tal manera que la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 11 de enero de 2017, en la que se declaró nulo el acto parlamentario del 9 de enero de 2017 de acordar el abandono del cargo de Presidente de la República por parte de Nicolás Maduro, al haberse dictado con una conformación inconstitucional de sus integrantes, y por ser suscrita por una autoridad usurpada, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 138 constitucional, en concordancia con lo establecido en el Artículo 19, numeral 4, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el referido fallo se encuentra viciado de nulidad plena.

Resultando entonces eficaz y vigente el acto parlamentario de la Asamblea Nacional de abandono del cargo de Presidente de Nicolás Maduro, desde el 9 de enero de 2017, él tampoco posee competencia para designar Vicepresidentes Ejecutivos, por lo menos los que ha designado desde esa fecha, como lo es Delcy Rodríguez.

III.- RATIFICACIÓN DEL ABANDONO DEL CARGO DE PRESIDENTE POR NICOLAS MADURO.

La Asamblea Nacional, mediante acuerdo de fecha 21 de agosto de 2018, ratificó el estado de abandono del cargo de Presidente de Nicolás Maduro, a raíz de la sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia legítimo el 15 de agosto de 2018, que lo encontró incurso en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, y lo condenó a pena de prisión y a inhabilitación política por el tiempo que dure la pena. Específicamente el parlamento venezolano acordó, entre otros particulares:

Ratificar que, mediante acuerdo de fecha 7 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, lo cual produjo la falta absoluta de dicho cargo, y manifestar respaldo político de este Parlamento a la anunciada decisión suscrita por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentados por esta Asamblea Nacional, del pasado 15 de agosto de 2018.

Reiterar que la ausencia de autoridades legítimas en el Poder Ejecutivo Nacional, junto a la irregular composición y parcialidad política del Tribunal Supremo de Justicia integrado por los Magistrados designados antes de 2015, del Poder Electoral y del Poder Ciudadano, demuestran que en Venezuela, existe un vacío de poder que afecta a todos los órganos del Poder Nacional, salvo a esta Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República y los magistrados designados y juramentados por este cuerpo parlamentario.

Iniciar, a los fines de suplir efectivamente ese vacío de poder en el marco de la Constitución y de los Tratados vigentes, las consultas correspondientes con todos los sectores de la sociedad venezolana para promover un proceso de restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como lo ordenan los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tal y como fuera reiterado en la consulta popular del 16 de julio de 2017.

Todo lo anterior conduce a una primera conclusión, en el sentido que existiendo un abandono de cargo de Presidente de la República, declarado reiteradamente por la Asamblea Nacional, y un vacío en el Poder Ejecutivo Nacional, ningún Vicepresidente Ejecutivo en ejercicio actual o futuro que sea inconstitucionalmente designado en tal función por Nicolás Maduro, puede asumir la Presidencia de la República en caso de la ausencia absoluta de aquél.

IV.- VICEPRESIDENTA EJECUTIVA ACTUAL ESTÁ PRESUNTAMENTE INCURSA EN DELITO QUE IMPEDIRÍA EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA.

Dejando a salvo los análisis jurídicos que en su oportunidad se realizaron exhaustivamente acerca de la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, por haberse transgredido groseramente por el propio Nicolás Maduro el ejercicio de la soberanía popular para convocarla, conforme a lo dispuesto en el Artículo 347 de la Constitución, y considerando que uno de los objetivos primordiales de dicho órgano del poder constituyente originario es redactar una nueva Constitución, según lo dispone la citada norma, al haber sido la Vicepresidenta actual postulada y electa como constituyente, y al haber presidido la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, la hace presumiblemente incursa, junto con los demás presuntos constituyentes, en el delito de terrorismo, particularmente en la acción antijurídica de subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas, delito tipificado en el Artículo 7 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Además, por su carácter de funcionaria pública, conforme al Artículo 18 ejusdem, junto con la pena que se impondría por su presunta responsabilidad penal, sería acreedora de la pena accesoria de destitución y quedaría impedida de ejercer funciones públicas. Esto es necesario aclararlo, a pesar de no haber ninguna sentencia condenatoria firme en esta materia, pero si serios indicios, conocidos de manera pública, notoria y comunicacional, de que se ha cometido tal gravedad de actuaciones, que la incapacitarían para asumir la Presidencia de la República.

V.- QUIÉN ASUMIRÍA LA PRESIDENCIA EN CASO DE AUSENCIA ABSOLUTA DE NICOLAS MADURO.

No sólo hay que considerar que existe un abandono del cargo constitucionalmente declarado por la Asamblea Nacional, que genera el efecto de una falta absoluta. También existe la real posibilidad de que se ejecute la sentencia pronunciada por la Sala Plena del TSJ legítimo de fecha 15 de agosto de 2018, que condenó a Nicolás Maduro a pena privativa de libertad y a inhabilitación política, lo que implicaría que al materializarse la misma, surge la interrogante de quién asumiría la Presidencia de la República. Por las razones expuestas anteriormente no puede asumirla la Vicepresidenta Ejecutiva actual designada por Nicolás Maduro. Y en la Constitución, particularmente en el Artículo 233, no está planteado expresamente el caso de las ausencias absolutas concomitantes tanto del Presidente de la República como del Vicepresidente Ejecutivo. En nuestro criterio, para cubrir este vacío institucional del cargo de Presidente de la República,  la respuesta la presenta la propia Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, en su sentencia citada supra de fecha 2 de julio de 2018, que invoca la aplicación extensiva en la línea de suceder, correspondiéndole a la Asamblea Nacional llenar tal vacío constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del Artículo 233 de la Carta Magna y, en consecuencia, encargar de la Presidencia de la República al Presidente de la Asamblea Nacional, hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones presidenciales, previo nombramiento de nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, depuración y actualización del Registro Electoral y voto manual con la intervención de observadores internacionales imparciales.

San Cristóbal, 22 de agosto de 2018.

Fuentes consultadas:
www.allanbrewercarias.com
www..asambleanacional.gob.ve
www.tsj.gob.ve
www.tsjlegitimo.org 

Del columnismo impreso al digital

Isaac Villamizar

Estoy arribando a 35 años de estar escribiendo en los medios. Un 13 de agosto de 1983 apareció mi primer Artículo en el Diario Pueblo. Allí estuve un largo período redactando mis opiniones. Me sirvieron mucho los consejos que me brindaba Francisco (el Gocho) Guerrero Pulido, Jefe Editorial. Luego abrí una columna en Diario Católico que llamé “Balanza Jurídica”, en concordancia con mi programa radial. Mons. Nelson Arellano Roa, su Director, siempre fue muy abierto para que yo, a través de esa columna, escribiera sobre temas jurídicos de orientación para el lector. Posteriormente, vino mi anclaje en Diario La Nación. Todos los directores que han estado allí, mientras he publicado mis escritos, han sido muy amables, y nunca me hicieron observación alguna sobre su contenido. Es decir, he ejercido el columnismo, en otras palabras, el derecho a la libertad de opinión, sin cortapisas, expresando, según mi entender, mis puntos de vista, mis ideas sobre el tópico que abordo cada semana.

Múltiples aspectos de la vida son objeto de mis inquietudes escritas. Me reconozco polifacético para tratar un abanico de temas. Dios me dio el don para hacerlo. Ser columnista implica un arte y una responsabilidad. Es un arte, porque en unos pocos párrafos es necesario dejar claramente expuesta la intención del escritor. Es que al escribir podemos educar, formar, reflexionar, enriquecer, opinar, informar, orientar, motivar, persuadir. La palabra escrita es una herramienta poderosa que va cambiando al mundo. No en vano el invento de Gutenberg contribuyó enormemente a extender la visión de la humanidad. Tengo una disciplina para escribir. Me llama la atención un hecho o un concepto. Empiezo a escudriñarlo en mi análisis, deteniéndome en cómo esa temática pudiera ser más interesante para el lector. Hago un bosquejo mental sobre los elementos o partes del Artículo y el orden que debe seguir. Quizás esto es lo que consume mayor tiempo. Porque cuando ese esquema está claro en mí, ponerme al teclado es fluida la maniobra.

Hace 35 años se escribía sólo en medios impresos. El papel de la rotativa era el tren donde viajaban nuestros pensamientos de una mente a muchas mentes. Pero cuando nos absorbió la sociedad digital, se ampliaron los medios; sin embargo, se mantuvo la inquietud. Porque la mente humana, en sus complejidades, no ha cesado por milenos de alborotar las neuronas, para, al final de esas conexiones nerviosas, expresarnos como lo que somos, seres dotados de inteligencia y voluntad. Entonces, la columna impresa tomó el formato de la columna digital. Y ahora nuestros pareceres van por los blogs, las páginas web, los correos electrónicos masivos, y las redes sociales. Ya no hay que esperar al matutino, al vespertino, al diario o al semanario. Es que la idea nace en esa imaginación y de inmediato puede ser conocida y ampliada su divulgación en cualquier parte del mundo. Sin embargo, debo decirlo, he estado preocupado en esta función de columnista por dos condiciones que me parecen de suma observancia en el uso las letras. La primera es preservar la hermosura de nuestro idioma. Han penetrado las imágenes, las abreviaturas, los emoticones y cuanto símbolo la era digital produce. Pero la riqueza del lenguaje cervantino es monumental, y creo que el buen columnista requiere manejarlo con atino. La segunda es que el columnista –siempre ha sido así y debe seguir así– está obligado a confirmar la fuente y la certeza de la información, que es la materia prima en la producción de su opinión. Aquí está en juego su responsabilidad. Estamos siendo atacados por la infoxicación (término acuñado en esta era tecnológica), y por el mal uso de lo que se denomina el periodismo ciudadano. Me parece que la seriedad con la cual se trata una postura debe originarse de la confirmación de la data y de la noticia. Porque como hoy es muy rápida la posibilidad de estructurar una columna y publicarla, se nos pueden desbordar opiniones descontextualizadas, pues la noticia que la generó resulta falsa. Yo sé que algo va quedando en la conciencia social con los escritos de los buenos columnistas. Vendrán tiempos mejores para escribir sobre la prosperidad y bienestar, más que de las tribulaciones.