En el desarrollo de cualquier país hay una tríada indisoluble. Por una parte está el Estado que, con su institucionalidad, fija políticas públicas, entre ellas las educativas, y genera condiciones favorables para un adecuado progreso. Por la otra, está el sector privado que, con sus recursos financieros y su talento humano, produce bienes y servicios, obteniendo rentabilidad económica y social. En un vértice de este vínculo está la sociedad que, con sus requerimientos, espera obtener también unos beneficios. Esta relación amerita de iniciativas conjuntas y coordinadas, en las que cada sector contribuya con sus recursos esenciales para comúnmente impulsar el avance social, económico, político y cultural de la Nación.
El Estado tiene unos fines esenciales, contemplados en el artículo 3 constitucional. Entre esos objetivos primordiales están la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad; la construcción de una sociedad justa y amante de la paz; y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo. Agrega este postulado de la Carta Magna que la educación es un proceso fundamental para alcanzar estos fines. Las Universidades Nacionales son parte del Estado. La Universidad es un actor primordial para la vanguardia de los adelantos patrios. Ella siempre está estrechamente conectada y preocupada por los problemas y aconteceres críticos del país. Por lo tanto, requiere del apoyo del resto del estamento público, en esa corresponsabilidad que tiene de contribuir a la subsistencia del Estado.
Un presupuesto, en su concepción básica, es un plan de carácter operativo en el cual una institución hace unas estimaciones, en términos financieros y cuantificables, de sus necesidades durante un período. Un presupuesto es un valioso instrumento que obliga a la organización a reflejar por adelantado la construcción de un futuro. En el presupuesto hay una previsión por anticipado de lo que va a ocurrir con el funcionamiento de la institución.
Si la Universidad no cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, es difícil generar un producto académico de calidad, que es el beneficio esperado por la sociedad. Si la Universidad tiene limitaciones financieras, ello afectaría gravemente la función rectora que ella tiene en la educación, en la ciencia y en la cultura. Pero, lo más grave, si la Universidad tiene una estrechez presupuestaria, no podría aportar eficiente y efectivamente a su corresponsabilidad en los logros de los fines esenciales del Estado. Sin presupuesto universitario no se puede colaborar en el desarrollo y formación integral de la persona. Sin presupuesto universitario no se puede construir una sociedad con plena introspección de la paz. Sin presupuesto universitario no se puede fomentar el bienestar de la comunidad. Sin presupuesto universitario no se puede edificar futuro.
Como integrante de una comunidad universitaria, como natural de este lar torbesino, quiero invitar a la sociedad tachirense a tomar una causa, que debe ser también nacional. Así como el pueblo ha salido en voz unísona a defender la libertad de expresión, el no cierre de los medios, y el derecho que todos tenemos de recibir y difundir la información, exhorto a esta tierra de grandes luchadores para salir en defensa de otro derecho fundamental: el de la educación. Es el derecho que tiene el colectivo de asegurar que su Universidad siga cumpliéndole en la oferta y producción de la Educación Superior. *Consultor Jurídico de la UNET
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