Isaac Villamizar
La Universidad, como generadora del saber, tiene el carácter de “Alma Mater”. Esto significa que la humanidad, a través de los siglos, ha ido elaborando un universo de conocimientos con cuya búsqueda y transmisión se pretende dar nacimiento a un nuevo tipo de ser humano. La Universidad, como buena madre, procura alimentar a sus hijos, sus estudiantes y profesores, de modo que crezcan sanos y fuertes. En el plano intelectual, la universidad facilita y promueve los elementos culturales para que ese ser humano crezca interiormente. Además de facilitar una preparación profesional y técnica, la universidad está involucrada en el fin supremo de ofrecer un actor social capaz de concebir su propio ideal, de gobernar con sustantividad su vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades. Como Alma Mater, la Universidad es donde nace y se transforma al ser humano por obra de la ciencia y el saber.
Para este objetivo y formación superior se requiere de la autonomía en dos vertientes: por un lado la autonomía propia del poder del saber y de la ciencia, que faculta a la universidad para fijarse sus respectivas normas y métodos y sus límites de su expansión; y por la otra, la autonomía de la ciencia y del saber, como tales, con una función social que cumplir, para lo cual la universidad requiere de su espacio jurídico, y en donde la competencia del Estado interviene para establecer relaciones de coordinación, más no de intervención. En nuestra Constitución la autonomía universitaria tiene esa doble expresión. La Universidad, según el artículo 109, es quizá una de las pocas personas jurídicas titular de derechos fundamentales, de derechos educativos, cuando reconoce que la autonomía es un principio y jerarquía que le permite la búsqueda del conocimiento. Pero la Universidad, según el mismo artículo 109 y el artículo 3, mediante sus procesos autonómicos, es promotora sustancial para el logro de los fines del Estado, entre ellos, el beneficio espiritual y material de la nación, entendida como pueblo.
Larga historia tienen agresiones de gobiernos contra la autonomía y duras batallas ha librado la
universidad, institucionalmente, en su defensa. Lo que se necesita es regular adecuadamente los parámetros de las relaciones entre la función indeclinable del Estado en la educación y la participación de la universidad coadyuvando a esa misión. Una equivocada confusión ideológica que un gobierno de turno tenga no puede imponer por ley a la universidad un único camino de obtención del saber, en este caso la “construcción una sociedad socialista y del modelo productivo socialista”, según la Ley de Educación Universitaria. La ley debe ser un reflejo de la realidad social imperante en un momento y espacio. La realidad social de Venezuela reclama la fecundidad intelectual de un universitario en el que la verdad se vea difundida en encuentros y desencuentros del saber, buscándolo y no imponiéndolo. Por ello, la universidad tendrá su respuesta para reclamar su autonomía, sin apellidos ni calificaciones, libre de injusticias, auténticamente universal, y considerando su universitas, su colectivo.
Para este objetivo y formación superior se requiere de la autonomía en dos vertientes: por un lado la autonomía propia del poder del saber y de la ciencia, que faculta a la universidad para fijarse sus respectivas normas y métodos y sus límites de su expansión; y por la otra, la autonomía de la ciencia y del saber, como tales, con una función social que cumplir, para lo cual la universidad requiere de su espacio jurídico, y en donde la competencia del Estado interviene para establecer relaciones de coordinación, más no de intervención. En nuestra Constitución la autonomía universitaria tiene esa doble expresión. La Universidad, según el artículo 109, es quizá una de las pocas personas jurídicas titular de derechos fundamentales, de derechos educativos, cuando reconoce que la autonomía es un principio y jerarquía que le permite la búsqueda del conocimiento. Pero la Universidad, según el mismo artículo 109 y el artículo 3, mediante sus procesos autonómicos, es promotora sustancial para el logro de los fines del Estado, entre ellos, el beneficio espiritual y material de la nación, entendida como pueblo.
Larga historia tienen agresiones de gobiernos contra la autonomía y duras batallas ha librado la
universidad, institucionalmente, en su defensa. Lo que se necesita es regular adecuadamente los parámetros de las relaciones entre la función indeclinable del Estado en la educación y la participación de la universidad coadyuvando a esa misión. Una equivocada confusión ideológica que un gobierno de turno tenga no puede imponer por ley a la universidad un único camino de obtención del saber, en este caso la “construcción una sociedad socialista y del modelo productivo socialista”, según la Ley de Educación Universitaria. La ley debe ser un reflejo de la realidad social imperante en un momento y espacio. La realidad social de Venezuela reclama la fecundidad intelectual de un universitario en el que la verdad se vea difundida en encuentros y desencuentros del saber, buscándolo y no imponiéndolo. Por ello, la universidad tendrá su respuesta para reclamar su autonomía, sin apellidos ni calificaciones, libre de injusticias, auténticamente universal, y considerando su universitas, su colectivo.
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