En la calle hay que parir la libertad

Isaac Villamizar

Por la calle se llegaba al ágora ateniense y al foro romano. Eran espacios abiertos y públicos importantes que llegaron a convertirse en lugares de reunión de los ciudadanos, para discutir sobre los problemas de la comunidad. La calle ha sido el vivo corazón de las inquietudes, de las esperanzas, de las luchas más enraizadas en el espíritu de la ciudad. En la calle sucede de todo, desde los robos y atracos amparados, en principio por las sombras y la soledad, hasta las marchas, procesiones y concentraciones de celebraciones festivas. En la calle se enardece el espíritu de la verdadera revolución y de las combates por conquistar tan preciado tesoro de la libertad.

Por la calle y su vía crucis caminó Cristo, para redimirnos del pecado en la cruz. Por la calle Gandhi fue recorriendo, en 330 Km, su camino de la no violencia, en 24 días, con su marcha de la sal, que condujo a la independencia de la India del Imperio británico. En las calles Rosa Parks, con su dignidad, originó el desafío del boicot de los autobuses de Montgomery, en pro de los derechos civiles de los afrodescendientes, y en la calle Martin Luther King avivó las llamas de los oprimidos, para encender con su oratoria el reconocimiento de los derechos civiles de los segregados. En la calle de San Cristóbal, el 19 de abril de 1820, Bolívar, como Presidente de Colombia, profirió su célebre proclama para solemnizar la fecha “…en que diez años consagrados a los combates, a los sacrificios heroicos, a una muerte gloriosa, han librado del oprobio, del infortunio, de las cadenas, a la mitad del mundo.”

La calle también ha sido la culminación de monarquías y monarcas, de dictaduras y dictadores,  de tiranías y tiranos. Luis XVI y María Antonieta terminaron en la calle, en la Plaza La Concordia de París, con la guillotina, en plena cúspide de la Revolución Francesa. La huida de Marcos Pérez Jiménez y el triunfo de la libertad el 23 de enero, se materializó en la calle con el rigor de la huelga general y el movimiento popular.  Las estatuas de Lenin y de Saddam Hussein, en las calles y plazas públicas,  cayeron en trozos por el pueblo amotinado, una vez que se rebelaron contra sus atropellos, al igual que sucedió con el muro de Berlín, en donde actualmente permanece sólo el asiento de algunos ladrillos, de muestra turística, para dejar constancia de tan ultrajante separación de ideologías y de conceptos de libertades.

Hoy Venezuela, ante el hecho cierto  que se han cerrado todas las vías institucionales y electorales, expresa su  última opción, como modalidad de la verdadera democracia participativa y protagónica. Esa posibilidad, como carta final para ganarle al juego a la opresión, a la miseria, a la pobreza, al hambre, al abuso de poder, a la violación continua de los derechos más elementales de los venezolanos, no es otra sino la calle. La ruta de la libertad, término al cual el Artículo 1 de nuestra Constitución hace referencia en tres oportunidades, no es otra sino la congregación masiva, contundente, inteligente y firme en la calle de quienes somos los únicos detentadores de la soberanía. La soberanía popular es el poder supremo, la superior autoridad, por la cual el pueblo afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder. Porque todas las facultades están en manos del pueblo y de él se derivan, y así lo gritamos a viva voz los venezolanos en la calle. De tal manera que si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como conjunto de personas que conviven en un territorio y  están vinculadas por el interés general de la búsqueda de bienestar común, es al pueblo a quien le corresponde constitucionalmente defender su soberanía, con la libertad renacida en la calle, ante los delincuentes, narcotraficantes, tiranos y corruptos que han destrozado totalmente a Venezuela.

La libertad es una de las causas más nobles por las que un pueblo puede persistir, para el logro del respeto de su dignidad, del reconocimiento de sus derechos, del trabajo mancomunado por su bienestar integral y de la conquista de la libertad. Los acontecimientos recientes nos hacen ver que la obtención de esta presea ya no es quijotesca. El pueblo ya está convencido que es la ruta salvadora, la que merece asumir todos los riesgos. Lo dijo Cervantes para los anales de la historia universal y para los derroteros de las sociedades en convulsión: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.”

isaacvil@yahoo.com

Hilo roto no se cose ni con cárcel

*Isaac Villamizar

De las famosamente infames y bárbaras sentencias 155 y 156 y de sus respectivas aclaratorias 157 y 158 deseo destacar algunos aspectos. En primer lugar, la Sala Constitucional, con ellas, se aplicó una “harakiri judicial”, se inmoló en su propio Salón de Despacho. Y lo hizo con todos sus magistrados porque sus ponencias fueron conjuntas. En la parte motiva de la 156 la Sala reproduce su propio criterio expuesto en la Sentencia N°  478 del 14 de junio de 2016, en la cual ordena a la Asamblea Nacional  abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y desplegar actuaciones que no estuvieren abarcadas por las competencias que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico vigente, y que constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas del Poder Público, so pena de incurrir en las responsabilidades constitucionales a que haya lugar. Pues bien, en la sentencia 155 la Sala dirige las relaciones exteriores de la República, a través de una orden que le da al Presidente para que evalúe a lo interno el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la OEA. Con ello la Sala está ejerciendo competencias que sólo le están atribuidas al Jefe de Estado, lo cual hace indebidamente al pretender injerirse en el funcionamiento interior de las mismas. Igualmente, la Sala Constitucional, cuando garantiza que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ella y se arroga todas sus funciones, está despojándole de sus competencias a la Asamblea Nacional para asumirlas ella. Esto transgrede el principio de la atribución restrictiva de competencias del Artículo 137 de la CRBV e implica una usurpación de funciones. Cometen, así,  los 7 magistrados, de manera conjunta, es decir con agavillamiento, el delito de conspiración para cambiar la Constitución, tipificado en la legislación penal y usurpan funciones de otro poder, lo que genera que sus actos, con estos fallos, son nulos de nulidad absoluta. En consecuencia, conforme al Artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, son responsables por  actos públicos que atentan contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que representan, por cometer hechos graves constitutivos de delito, y por incurrir en grave e inexcusable error de derecho, causales para declarar su remoción.

Por otra parte, los abogados estudiosos tendremos  que anotar al margen del Artículo 25 de nuestra Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con otra anotación en el Código de Procedimiento Civil, que la Sala Constitucional, de ahora en adelante, tiene la nueva competencia de conocer de una especie de recurso de revisión interpuesto, bajo exhorto, televisivamente y en horas hábiles de madrugada, por el Consejo de Defensa de la Nación. Le daremos a esto un nombre de esos folclóricos y estrambóticos que le gusta a este régimen para denominar sus actuaciones y que asombran a los más ilustres académicos de la Real Academia Española de la Lengua. Podría ser algo así como “Recurso exhortatorio-aclaratorio-revocatorio interpuesto por el Consejo de Defensa de la Nación”. Ya sabemos que mediante una aclaratoria de sentencia no se puede modificar ni suprimir en nada el aspecto de fondo del fallo de origen, sino su utilidad está primordialmente en aclarar las dudas de las partes en aspectos de forma. De tal manera que al no ser la aclaratoria el mecanismo idóneo para revocar parcialmente tan graves errores inexcusables, el hilo constitucional permanece roto y ni con responsabilidad penal podrán los 7 magistrados restablecerlo.

Finalmente, quiero señalar que las cuatro sentencias 155, 156, 157 y 158, vulneran gravemente el principio constitucional de la soberanía popular. Son la puntilla para desconocerla totalmente. La soberanía popular, que reside intransferiblemente en el pueblo, es un poder supremo, la superior autoridad, por la cual ese pueblo, a través de sus representantes que ha electo como diputados en la Asamblea Nacional, afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder. Por ello, conforme al Artículo 5 constitucional, todos los órganos del Estado incluido el Poder Judicial, están sujetos a la soberanía popular. La soberanía además es inalienable, no se puede ceder ni traspasar, tal como lo ha conjurado la Sala Constitucional; y es indivisible, no se puede fragmentar, tal como lo ha hecho progresivamente, en más de 40 sentencias, tanto la Sala Electoral como la Sala Constitucional, limitando todas las funciones parlamentarias. Igualmente la soberanía es infalible, en el sentido que la voluntad popular y general no puede estar dirigida a engañar, sino a la consecución del bienestar común como fin del Estado. Estas actuaciones de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional han frustrado la consecución del bienestar material, social, económico y político de la Nación, que se encuentra en el más profundo quebranto, pobreza, miseria y ultraje de sus necesidades y derechos más fundamentales.                                                                             
* Profesor de Postgrado de Derecho Constitucional

El Abandono del Cargo por el Presidente de la República

Isaac Villamizar

Profesor de Postgrado de Derecho Constitucional en UNET.

La Asamblea Nacional de Venezuela en el Acuerdo de fecha 25 de Octubre de 2016, mediante el cual se inicia el procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República, específicamente en su dispositivo tercero, aprobó encomendar a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario, designada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2016, evaluar la posibilidad de que esta Asamblea Nacional declare el abandono del cargo por el Presidente de la República.

Interesa, entonces, estudiar la factibilidad jurídica de la aplicación de esa causal de ausencia absoluta del Presidente, contemplada en el Artículo 233 constitucional, específicamente su significado y alcances, particularmente relacionado con el ejercicio de tal cargo por Nicolás Maduro.

En la doctrina del Derecho Constitucional comparado, y especialmente desde el punto de vista funcionarial, abandonar el cargo, o el servicio, implica la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público. En consecuencia, dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las labores o  funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio.  Corolario de lo anterior es que el abandono debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la  responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo o del servicio. Ello es  así, porque de ser justificado el abandono del cargo o del servicio desaparece la antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la posibilidad de una falta disciplinaria  Sobre esta concepción se ha pronunciado la Corte Constitucional en Colombia, en Sentencia C-769 del 10 de diciembre 1998.

Ahora bien, el abandono del cargo implica hacer una referencia sobre el Principio de Continuidad Administrativa. Este principio se vincula con el órgano y al ejercicio de sus competencias, no con el titular del cargo, o sea, el funcionario.  El ejercicio de actividades de la Administración Pública, y en especial, de las competencias asignadas por Ley, es obligatorio y como ende, no puede ser interrumpido. Para el funcionario público, este principio comporta el deber de permanecer en el ejercicio del cargo de conformidad con  los términos de su designación, de lo cual se derivan dos consecuencias importantes: el abandono del cargo es una falta disciplinaria, y la renuncia debe ser aceptada. Es decir, el funcionario público está obligado a ejercer el cargo para el cual fue designado. Por lo anterior, el ordenamiento jurídico no concibe la existencia de un cargo sin funcionario: siempre el cargo debe tener un titular, designado de acuerdo con los requisitos formales exigidos. De tal manera que el principio de continuidad aplica al órgano, que siempre debe ejercer las competencias asignadas por el ordenamiento. Pero en modo alguno puede sostenerse la continuidad del funcionario público, pues éste puede faltar. Muerte, renuncia, licencias, destitución, revocatoria del mandato y abandono del cargo, son varias de las causas que pueden mediar para que el funcionario designado cese en el ejercicio de sus funciones. Aplicado esto último a la primera magistratura del país, debemos diferenciar entre la Presidencia y el Presidente: el primero es el órgano, que como tal, es permanente; el segundo, es el titular del cargo, que como tal, es sólo temporal: no existe en Venezuela, como en ninguna república democrática, el presidente vitalicio. Lo permanente, lo continuo, es la Presidencia, no el Presidente. Pues el Presidente, como reconoce el artículo 233 de la Constitución, puede faltar al cargo, pero la Presidencia, como tal, nunca puede faltar.

Aclarado lo anterior, se debe señalar que en un sistema político presidencialista, tan sui generis como el venezolano, similar a muchas naciones latinoamericanas, el cargo de Presidente de la República es quizá el de mayor importancia entre los órganos del Poder Público. En ese cargo se fusionan las responsabilidades de Jefatura de Gobierno y Jefatura del Estado. Y en la Constitución se le tiene asignadas sus altas obligaciones, en ambas dimensiones, que se especifican en el Artículo 236 de la Constitución. De las diversas atribuciones allí enunciadas, para efectos del presente estudio, interesa destacar que es atribución del Presidente de la República dirigir la acción de gobierno, declarar los estados de excepción, administrar la hacienda pública nacional, nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atribuyen la Constitución y la ley, y formular el plan de desarrollo y dirigir su ejecución, previa aprobación de la Asamblea Nacional.

Además, la Constitución venezolana le asignó otra inmensa responsabilidad, la que le atribuye el Artículo 232, cuando dispone que el Presidente de la República está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, así como la independencia, la integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. Adiciona la misma norma constitucional que la declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad.

Ante semejantes obligaciones, puede entenderse que el incumplimiento de las mismas, no acarrea una simple falta disciplinaria, como podría suceder con cualquier otro funcionario público, sino que el no ejercicio de tales encomiendas, acarrea una consecuencia muy grave, como sería la declaratoria del abandono de su cargo. La Constitución la califica, en el citado Artículo 233, como una falta absoluta.

El abandono del cargo, como causal de falta absoluta, tiene una connotación especial en materia constitucional, que no debe ser confundida con la significación que el abandono del trabajo tiene en materia de derecho laboral, donde generalmente se le asimila con la falta de asistencia del trabajador al lugar de trabajo y el incumplimiento de otros deberes de éste derivados del contrato de trabajo. En el caso del Presidente de la República, el abandono del cargo tiene que ver fundamentalmente con el incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones que la Constitución le impone a quien desempeña esta investidura, entre ellas las que han sido exigidas en el Artículo 236 arriba citado.

La relación de causalidad directa y necesaria que  existe entre el abandono del cargo por el Presidente de la República y la falta de cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, por lo demás, se encuentra corroborada por la misma significación de la palabra “abandono”,  según lo recoge el diccionario de la Real Academia Española (RAE).  De acuerdo con el RAE (Vigésima segunda edición, Tomo I, página 3), “abandono” es la acción o efecto de “abandonar”, y “abandonar” es, según el mismo RAE:

“8. Descuidar los intereses y las obligaciones”

En el caso específico del Presidente Maduro, del contexto del Acuerdo citado de la Asamblea Nacional del 25 de Octubre de 2016, se desprenden diversos elementos que serían objeto del análisis del órgano parlamentario, para determinar su abandono del cargo. Ciertamente, no estaría enfocada esa discusión a la acepción de haber dejado su cargo, sino al incumplimiento grave e injustificado de las altas responsabilidades y atribuciones que la Constitución primordialmente le asigna. Por lo tanto, al aplicarse aquí el Principio de Continuidad Administrativa, es necesario preservar que la institución de la Presidencia del República prosiga cumpliendo su naturaleza, pero se evidencie la necesidad de determinar que el titular ha cometido una falta absoluta en el ejercicio de sus funciones y ello amerita que se declare la falta absoluta, con sus consecuencias, a tenor del Artículo 233 citado. Es así como en el Acuerdo de la Asamblea Nacional se señala : “Que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha gobernado, desde el 14 de enero de 2016, merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales”; “Que dicho estado de excepción se ha prolongado mucho más allá de lo permitido por la Constitución (art. 338)”; “Que el Presidente de la República ha respaldado el desconocimiento por los Ministros y otros funcionarios públicos de las solicitudes de comparecencia emanadas de esta Asamblea Nacional o sus comisiones, y ha ignorado abiertamente la competencia parlamentaria de remover ministros mediante la aprobación de un voto de censura por la mayoría calificada de los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional constitucionalmente establecida”; “Que el Presidente de la República se ha facultado a sí mismo para aprobar contratos de interés público con  Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la Constitución”;  “Que el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una exacerbada concentración de poderes y a un gobierno por decreto que lesiona severamente la Democracia y favorece la corrupción”; “Que en el marco del estado de excepción de facto que nos rige, el Presidente de la República ha omitido la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto ante la Asamblea Nacional y ha acudido a la Sala Constitucional, que está a su servicio, para obtener la facultad de dictar mediante decreto las normas correspondientes en materia presupuestaria y de crédito público”; “Que no ha cesado e incluso se ha acrecentado la persecución política, de la cual el Presidente de la República es corresponsable”; “Que el Presidente de la República ha consumado la supresión de la separación de poderes, lo cual ha permitido que, mediante una confabulación Ejecutivo-Judicial constitutiva de un golpe de Estado, se haya suspendido la recolección de las manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial”; “Que el Presidente de la República, valiéndose de los poderes ilimitados que ha conquistado a costa de la Constitución, ha acudido sistemáticamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con criterios políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país, gracias a la generación de transparencia en el manejo de las finanzas públicas, la facilitación de la cooperación internacional para la superación de la crisis humanitaria, la ampliación de los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas y otras medidas benéficas para la población y la institucionalidad”; “Que en medio de estas graves violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos, propugnadas por el Presidente de la República, se ha agudizado la crisis económica y humanitaria que aqueja al país en todos los órdenes”; “Que en materia cambiaria la depreciación de la moneda, desde enero 2016 al 19 de julio de 2016, es de un 212.8%, es decir, que la tasa de cambio para el mes de enero se ubicaba en Bs. 199.5 por dólar, y para el mes de julio se ubicó en Bs. 642.2 por dólar, según el SIMADI (DICOM), siendo mayor esta devaluación en el dólar paralelo”; “Que el índice de inflación durante el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, según cifras del Banco Central de Venezuela, entre los años 2013 y el 2015, en el rubro de los alimentos, se incrementó en un 1.259 %, y en materia de salud, en 253%, para una inflación acumulada de 585%, y que en el año 2016 se proyecta una inflación superior al 700 %”; y “Que en materia social, la canasta alimentaria familiar para el mes de enero de este año se ubicaba en Bs. 106.752,72, y para el mes de septiembre se encontraba en Bs. 405.452,00, observándose un incremento anualizado de al menos 680%, lo cual se traduce en que se necesitan más de 18 salarios mínimos para cubrir la canasta por cada familia venezolana”.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional en el Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional, de fecha 23 de Octubre de 2016,  había señalado “que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada, y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la Presidencia de la República”.

Ante lo anterior, precisamente las razones que evidencien el abandono del cargo por parte del titular del órgano ejecutivo nacional, el Presidente Nicolás Maduro, deben estar suficientemente fundadas, verificadas y demostradas, ante tan grave imputación.

Efectivamente, es un hecho cierto y evidente que Nicolás Maduro ha descuidado el cumplimiento de la expresa obligación que tiene el Presidente de la República, por imperativo del artículo 236, numeral 2, de la Constitución, de dirigir la acción del Gobierno destinada a formular e implementar medidas para enfrentar eficazmente la grave crisis económica y social que vive Venezuela. Al incurrir en este incumplimiento, Maduro también ha faltado a su deber fundamental de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, en los términos exigidos por el artículo 236, numeral 1, también arriba citado. La conducta de incumplimiento de Nicolás Maduro, al deber constitucional de dirigir la acción del Gobierno ha sido puesta en evidencia cuando su gobierno ha mantenido una conducta absolutamente pasiva frente al avance de lo que se caracteriza como la más grave crisis económica y social del país. Expertos economistas, tanto a nivel nacional como internacional, indican que Nicolás Maduro se limitó a invocar a Dios para que este proveyera y su gobierno lo que hizo fue agravar esta crisis, por cuanto:

“…aprovechó para declararle la guerra al sector privado, poniéndose a competir con importaciones baratas, racionándole el acceso a divisas para importar, expropiándolo u ocupándolo, regulándole los precios y márgenes, criminalizando los inventarios e inclusive la exportación y sujetándolo a un sin número de regulaciones que acabaron por extinguir su rentabilidad. Las consecuencias de esta cadena de políticas en términos de abastecimiento fueron camufladas detrás de un enorme boom de importaciones financiadas con petróleo y deuda. Y así se creó la ilusión del socialismo posible, mientras se debilitaba nuestra capacidad productiva y se hacía al país más vulnerable a una eventual caída del petróleo que hoy se ha materializado….. Los países no desaparecen, pero sí pasan por momentos de extrema dificultad que dejan cicatrices duraderas. El gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro no sólo nos trajo hasta aquí tras diecisiete años de disparates en la política económica, sino además se ha quedado inerte mientras la crisis se extiende y profundiza, pretendiendo enfrentar la realidad con mentiras como la “guerra económica” o el lanzamiento de algún eslogan como “los trece motores”. Éste es el drama en el cual nos encontramos. Sin un nuevo gobierno que recurra a la ayuda internacional, y promueva una renegociación ordenada de la deuda externa, Venezuela no levantará cabeza. Con esto no queremos decir que vamos a evitar los momentos difíciles, que son consecuencia de la improvisación, parálisis e insistencia en un modelo económico fracasado que ha dejado exangüe a la economía del país. Pero sí es posible minimizar el dolor, acelerar los plazos de recuperación y abrir la posibilidad de iniciar la reconstrucción. Es una alternativa algo más responsable y productiva que esperar a que Dios provea.” (http://prodavinci.com/blogs/dios-no-proveyo-por-miguel-angel-santos-y-ricardo-hausmann/).

Esta situación de ineptitud para enfrentar la serie crisis económica tiene su base jurídica en los diversos Decretos de Estado de Excepción de Emergencia Económica, el primero de ellos dictado el 21 de Agosto de 2015, aplicable a los municipios de frontera del estado Táchira, que luego se fueron ampliando para otros Estados fronterizos y posteriormente a nivel nacional. Es de acotar que un Estado de Excepción, en este caso de Emergencia Económica, tiene una temporalidad, y son de carácter excepcional, y tiene como objeto que el Ejecutivo Nacional implemente medidas extraordinarias, ante circunstancias extremas que afecten gravemente la vida económica de la nación. Esta connotación y supuesto de hecho para dictar estas medidas, son calificadas así tanto por la Constitución (Artículo 338) como en la Ley Orgánica de Estados de Excepción (Artículo 10), base legal sobre la cual el Presidente los ha emitido. Las medidas extraordinarias se deben tomar porque el Ejecutivo no puede enfrentar tales circunstancias con el Derecho Común, es decir con los decretos y resoluciones ministeriales que son los actos normativos típicos del Ejecutivo Nacional, a través de los cuales gobierna ordinariamente. Esto hace ver que el propio Presidente Nicolás Maduro ha reconocido que hay una grave crisis económica. Pero esta temporalidad tiene una clara duración,  en estos casos, 60 días de excepcionalidad, que pueden prorrogarse por 60 días más, con el objeto de restituir la normalidad de tal situación con la aplicación de esas medidas extraordinarias. Es decir, el constituyente prevé que transcurrido el lapso constitucional de esa excepcionalidad, se debe haber retornado a la normalidad económica.

Sin embargo, el Presidente Nicolás Maduro ha venido gobernando con tales Decretos de Estado Excepción de Emergencia Económica, de manera continua, con la prórroga indefinida que le ha avalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto también hace ver que el propio Presidente Maduro, con estos Decretos interminables también reconoce que no ha podido restituir la normalidad económica en el país.

Estas evidencias normativas son objetivas, es decir, existen y se prueban con los propios contenidos de los Decretos citados.  Ahora bien, no basta ello, sino que, igualmente, es imprescindible  verificar por parte de la Asamblea Nacional todas las consecuencias que ha originado su incapacidad para tomar decisiones acertadas, para intervenir con alguna eficacia ante tal crisis. Es aquí donde la Asamblea Nacional, en primer lugar, se vale de los índices económicos que cita en el Acuerdo del  25 de Octubre de 2016, emanados  de órganos oficiales, entre ellos el  Banco Central de Venezuela, y por la otra, del debate compartido con la participación de la ciudadanía, gremios, academias y demás organizaciones en fecha 27 de Octubre de 2016, en el cual se han hecho graves denuncias sobre la responsabilidad del Presidente Maduro y su gobierno, en la crisis social, económica e institucional que aqueja a toda la sociedad venezolana.

Contra este argumento, el Presidente Maduro puede insistir que ha enfrentado una supuesta “guerra económica”, que ha fortalecido las misiones, que ha implementado programas sociales, que aumentado el salario mínimo y ha ajustado la base del cálculo en Unidad Tributaria del cestat ticket para mejorar el ingreso de los trabajadores. El día 27 de Octubre de 2016, en cadena nacional, el Presidente cuando hizo el último aumento salarial y del bono de alimentación, hizo ver que al dictar estas medidas no se le podía responsabilizar por el abandono del cargo.

 Sin embargo, nada de esto podría desvirtuar la realidad económica que hay de que los venezolanos viven en una inflación desmedida, que los ingresos no cubren las necesidades básicas, que existen aún un gran desabastecimiento, que no hay ninguna política seria gubernamental para incentivar la producción nacional, que las empresas estatizadas han quebrado, que son numerosas las industrias y empresas privadas que no pueden sostenerse en medio de una economía estancada, que no hay acceso a divisas para importar insumos y materia prima, y que los controles de precios han distorsionado la fluidez económica.

Junto con los argumentos anteriores, quizás la responsabilidad más grave del Presidente de la República se configura cuando de manera directa ha vulnerado derechos humanos y constitucionales esenciales. Es público y notorio que el derecho a la vida del venezolano no ha estado garantizado con ningún plan de seguridad. El índice de delincuencia en homicidios es de los más alarmantes del mundo. Asimismo, las libertades de integridad física, psíquica y moral, de libertad de expresión de pensamiento, de información y comunicación libre y plural, de manifestación pacífica, de creencia, entre otras, han sido gravemente intervenidas por las autoridades militares y de inteligencia, cuyo comando y orden superior descansa en la autoridad del Presidente de la República, pues han sido numerosos los detenidos, heridos, torturados, encarcelados y exiliados que han sufrido con estos tratos crueles, inhumanos y vejatorios de las autoridades policiales, militares y de inteligencia. Esto ha conducido incluso a configurarse crímenes de lesa humanidad, tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuya responsabilidad última recae en el Presidente de la República.

Aunado con lo anterior se puede sumar la grave crisis hospitalaria, asistencial y de provisión de medicamentos, entre ellos los de tratamientos permanentes, que ha generado muchas muertes de niños y adultos, al no contarse con políticas gubernamentales serias que aseguren la salud integral del venezolano. Esto es un grave atentado contra el derecho a la salud y de seguridad social integral.

En definitiva, de verificarse de manera contundente todas las circunstancias anotadas, el Presidente de la República efectivamente ha abandonado de manera negligente e injustificada su cargo, lo que haría procedente la declaratoria de tal supuesto constitucional por parte de la Asamblea Nacional. La consecuencia de esta declaratoria la contiene el mismo Artículo 233 constitucional, que preceptúa que al darse esta falta absoluta antes de los cuatro años del período constitucional, se debe proceder a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

 Es de advertir que esta declaratoria de ausencia absoluta, de producirse, podría estar sujeta al control de su constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no ponemos en duda, ante los antecedentes de actuación de este órgano judicial.

En próxima entrega me referiré a otro aspecto que se discute, que es el relacionado con la presunta doble nacionalidad del Presidente de la República.

San Cristóbal, 27 de Octubre de 2016.

Vagos y maleantes

Isaac Villamizar

Cuando Chávez el 30 de abril de 2012 le colocó el “Cúmplase” al Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadores, al lado de su firma, en el texto original reproducido en la Gaceta Oficial, escribió “Justicia Social”. Y quien hoy funge como Presidente de la República, siendo Ministro de Relaciones Exteriores, con su puño y letra, allí mismo, rotuló “Venceremos”. En esta Ley del Trabajo se enuncia como principio que el trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza. Asimismo, en la ley se asegura que el proceso social del trabajo tiene como objetivo esencial la producción de bienes y servicios que aseguren la independencia económica, así como la participación activa, consiente y solidaria de los trabajadores en los procesos de transformación social.

Si de justicia social se trata, tal como lo autografió el difunto presidente, el trabajo debe propender no sólo a la igualdad de oportunidades, a una distribución de la  riqueza que reduzca la diferencia entre los ricos y  los necesitados, a la solicitud y consecución del bien común con el esfuerzo de todos, a darle a la justicia la connotación de la preocupación social para el desarrollo humano y de la sociedad, sino también a utilizarse como un mecanismo para superar la pobreza, el desempleo y la explotación a través de ideologías aberrantes.

Venezuela no llegará nunca a estadios de verdadera justicia social si no se cultiva, promociona y defiende el trabajo, la ocupación digna y el esfuerzo común. Los países que han estado en la mayor miseria, luego de guerras, catástrofes naturales y debacles económicas, y que luego han llegado a niveles envidiables de calidad de vida, lo han conseguido, primordialmente, entendiendo que con la educación y el trabajo se derrotan las dificultades. Qué contradicción tan grande cuando Chávez y el presidente actual firman una Ley del Trabajo que reproduce el principio constitucional de que la educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado, entre ellos, el desarrollo de la persona y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, y quien nos gobierna le da por acabar progresiva y reiteradamente con el trabajo, decretando la vagancia. Que diría el difunto presidente, propulsor de la justicia social, del legado que ha tomado el presidente obrero. Ciertamente, nunca “venceremos” la pobreza material, mental y espiritual, con semejantes acciones absurdas y discordantes.

Es que estamos dirigidos en el país no sólo por maleantes, con amplio prontuario policial y delictivo, sino también por indolentes, tardos y ociosos, que pretenden inocular en la población tanto desgano. Me recuerdan la Ley de Vagos y Maleantes, que estuvo vigente durante toda la llamada Cuarta República, en la cual se definía a los vagos, entre otros, como aquellos que habitualmente y sin causa justificada no ejercían profesión ni oficio lícito y que por tanto constituían una amenaza para la sociedad, así como los que habitualmente transitaban por la calle promoviendo y fomentando la ociosidad y otros vicios; y a los maleantes, entre otros, como aquellos rufianes, brujos, hechiceros que explotaban la ignorancia y la superstición ajena, y los que habitualmente ocurrían a la amenaza de algún daño inmediato contra las personas o sus bienes con el objeto de obtener algún provecho, utilidad o beneficio. Y aunque la extinta Corte Suprema de Justicia, en 1997, la declaró inconstitucional, no está muy lejos el gobierno de reactivar esta ley, de seguir con esta inactividad.

Venezuela urge producir. Y lo requiere con el talento, la ocupación digna, la destreza continua y las ganas de “echarle pichón”, al mejor decir popular.  Venezuela exige conciencia colectiva de los inmensos beneficios que el trabajo arduo puede generar. En los despachos de los gobernantes venezolanos debería estar enmarcado el pensamiento de Albert Einstein: “El estímulo más importante para el trabajo, en la escuela y en la vida, es el placer de trabajar, el placer de sus resultados, y el conocimiento del valor del resultado para la comunidad.”

El Derecho contra los diabólicos

Isaac Villamizar

En estos días me he puesto a pensar sobre el sentido y la pertinencia de estudiar y ejercer el Derecho, aquella disciplina que mis magníficos y doctos profesores de la UCAT, hace ya más de 30 años, me dijeron y enseñaron que pretendía ofrecerle a la sociedad, como fines supremos, la justicia, el bien común, el orden y la seguridad jurídica.

Allí aprendí que el Derecho es la agrupación sistematizada de normas, reglas o principios, jerárquicamente establecidas y relacionadas entre sí, para regular conductas en sociedad, señalar cómo deben cumplirse los actos e imponer y hacer obligatorias esas normas mediante la coercibilidad, producto de la competencia que se le confiere al poder público. Aprendí que el Derecho busca lograr un ambiente de paz y libertad, en el cual la Constitución, la ley y las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico aseguren para todos la vida, la integridad, el trabajo, la educación, la salud y la justicia social. Pero veo que en el país las normas jurídicas son manejadas al antojo y capricho de los gobernantes de turno, violentándolas con el mayor cinismo, imponiendo los titulares de los órganos públicos sus propios códigos.

 

En la universidad aprendí que la justicia es la perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, conforme a su dignidad como persona; el ordenamiento jurídico se coloca al servicio de dar a cada quien lo que le es propio en sociedad. Pero veo en Venezuela cómo los enchufados corruptos se toman lo que no es suyo, lo que es de todos, para usufructuarlo en el exterior; se excluyen de beneficios a quienes no comparten un pensamiento único. En la universidad aprendí a que el bien común consiste simultáneamente en el bien de la sociedad y en el de los individuos en cuanto la integran; que el bien común es el conjunto organizado de condiciones sociales gracias a las cuales los ciudadanos pueden desarrollar en forma plena su personalidad, y que como reunión de valores y experiencias, la comunidad puede conservar y progresar en su bienestar material, moral e intelectual. Pero veo a Venezuela tan deprimida, tan angustiada, tan atormentada, tan maltratada en toda su población, carente de los más elementales beneficios materiales, espirituales e intelectuales.
 

En la universidad aprendí que con el orden el Derecho refleja la fuerza superior de su ordenamiento jurídico para evitar las arbitrariedades individuales, y así imponer el tranquilidad. El orden supone una estructura normativa indispensable para la permanencia, la estabilidad, la perpetuación de la sociedad y la concordia social. Sin el orden, los pueblos están condenados a desaparecer o a vivir con hostilidades, con caos, con anarquía. Pero veo a Venezuela atrapada en enfrentamientos, en confrontaciones violentas, en la imposición de la ley del abuso, con unos  militares parcializados políticamente, y donde se niegan todas las libertades y todos los derechos, utilizándose para ello el poderío brutal. En la universidad aprendí que la seguridad jurídica permite la garantía que se le da al individuo para que sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, y si éstos llegaran a producirse, la sociedad, a través del poder público, le asegura protección, reparación de los daños causados y sanción a los responsables. Pero veo a Venezuela en la que se cometen tantas atrocidades contra los individuos y sus propiedades, con tal grado de persecución a la disidencia, al pluralismo, a la denuncia, a la crítica opositora, con un terrorismo judicial y órganos de investigación que fabrican expedientes amañados a quienes enfrentan al gobierno, en donde la impunidad rompe todos los records mundiales.

 

Y cuando veo y siento a esta Venezuela tan alejada de esos principios, se enredan en mi fuero interno sentimientos encontrados, de dudas, a veces de frustración, de pesimismo, de contradicciones entre lo que aprendí, lo que veo y lo que a su vez debo enseñar a mis alumnos. Me embarga una nostalgia, y hasta un desequilibrio intelectual, que no logro explicar claramente. Pero, entonces, pienso en mi hija, en la Venezuela que yo disfruté, joven, estudiante y hasta recién graduado de profesional, y en la Venezuela que quiero dejarle a ella, lar donde he echado raíces, para ofrecer lo mejor de mí. Es cuando, me agito, reacciono, despierto, y me digo: “tengo que seguir luchando, no puedo dejarle a mi hija un país lleno de forajidos, delincuentes, perversos y diabólicos que pretenden truncar el futuro, las oportunidades y las esperanzas”. Entonces, con mi ejercicio profesional, orientado con esos principios, y con esta labor comunicacional de orientación  legal, de reflexión, de formación y de concienciación, para sacar de la ignorancia a los incautos oprimidos, puedo hacer lo mío por Venezuela y por mi hija.

El cargo a la orden de la soberanía

*Isaac Villamizar

Venezuela se encuentra en una encrucijada. Un camino podría llevarla a su desplome total, a las puertas de su tumba, con un cáncer de metástasis irreversible, con un acabose institucional, político, social y económico. Otro camino podría conducirla a un horizonte esperanzador, tal vez a largo plazo, para consolidar su reconstrucción, a un esfuerzo bárbaro para recuperar sus valores y principios mortalmente diezmados, pero aún rescatables en el deseo profundo del venezolano que ama este terruño.

Para adentrarnos en el segundo escenario, no se puede perder tiempo. Hay acciones que requieren una decisión y acción de plazo vencido. Seguir con este desastre económico nos va a llevar a la ruina, a la miseria, al hambre a todos los venezolanos, sin excepción. Porque las entrañas, cuando no hay alimento, no preguntan si la lengua es roja, azul o amarilla. Simplemente es cuestión de supervivencia. Si no sobrevive el país, no sobrevivimos sus habitantes. La educación y el trabajo, según la Constitución, son procesos fundamentales para alcanzar el desarrollo de la persona y la prosperidad y el bienestar del pueblo. Yo incluyo también a la familia, núcleo en donde hay que consolidar el respeto, la responsabilidad, el compromiso y la sana convivencia. Pero estas herramientas van a surtir su efecto a largo plazo. Porque recuperar a Venezuela requiere difíciles pero necesarias ejecutorias en este 2016. Son impostergables. Algunos asoman la enmienda o la reforma constitucional. Yo comento con mis alumnos de postgrado que me parece encontrar muchos articulados beneficiosos en nuestra Carta Magna. Tal vez habría que revisar algunas normas para fortificar, para blindar con mayores garantías los principios institucionales del Estado. Pero la enmienda o la reforma, según la propia Constitución, ameritarían cambiar algunos artículos o algunos bloques de normas sin modificar la estructura de la Carta Magna, lo cual no nos permitiría revisar en profundidad el revestimiento para un mejor funcionamiento e interrelación de los órganos del Estado. Además, la enmienda o reforma requeriría abrir la iniciativa constitucional con las exigencias del número de firmas de electores o del porcentaje de diputados exigidos, la discusión de un proyecto que debería ser consensuado y la intervención del Poder Electoral, realmente controvertido en su transparencia, en los mecanismos del referendo aprobatorio respectivo, proceso todo ello que llevaría un tiempo. Similar tardanza llevaría el revocatorio del mandato presidencial.

Otros  asoman la  posibilidad de la  Asamblea Nacional Constituyente.  Aquí  me permito  diferir en algunos aspectos con los proponentes. Si la Constituyente es para solucionar la actual crisis, buscando renovar los Poderes Públicos, es una solución de mediato plazo. Porque la Constituyente no debe ser usada para cambiar gobiernos, sino para dictar una nueva Constitución, que incluya un nuevo pacto de convivencia pacífica, plural, tolerante y respetuosa. Y eso sólo se logra si cambiamos de actitud los venezolanos.

Mi propuesta, para una apertura a una solución más corta, es la exigencia constitucional, masiva, contundente y democrática de la renuncia del Presidente de la República. En ejercicio de nuestra soberanía popular, que es intransferible e inalienable -que estoy seguro está representada en estos momentos por  más de los siete millones setecientos mil electores del 6D-, la sociedad civil, con el apoyo de todos los sectores productivos, civiles y ONGs, deben conformar un bloque sumamente plural, organizado y fuerte, para exigir la renuncia de un Presidente que representa un sistema totalmente fracasado y colapsado, que no ofrece concretas soluciones y políticas publicas eficientes para oxigenar la recuperación total de la institucionalidad, de la democracia y de la satisfacción del bienestar común, y que se afirma en su necedad de no querer rectificar, ni dialogar, ni aceptar propuestas contrarias a su ideología obtusa de encarar el gobierno del país. Esto requiere de otra propuesta seria para consensuar en la conducción consecuente del poder, con la posibilidad ya más mediata de analizar las reformas necesarias institucionales y constitucionales que requiere el Estado venezolano.

*Prof de Postgrado de Derecho Constitucional