martes, 22 de julio de 2014

¿Pobres pero felices? I don´t think so

Isaac Villamizar

Cómo no vamos a tener la inflación más alta si el gobierno se ha dedicado a hacernos más pobres? No es de extrañar que The Economist nos abra los ojos con la inflación interanual del 60.9%, y que con el estudio “Indice de Miseria Internacional”, realizado por el Instituto Cato, se demuestre que Venezuela es el país más miserable a nivel mundial, con un nivel de miseria de 79,4. Esto se lo debemos a unos dirigentes chavistas que desde la época de su comandante eterno, galáctico y supremo, se dieron a la tarea, alevosa y planificada, de mantenernos a todos los venezolanos en la miseria, en la opresión económica, en la catástrofe, en la desventura humana, adornando su pseudo gobierno con paños tibios de limosnas sociales. Los incautos e ignorantes se tragaron el cuento que esta era una revolución para hacernos el país más feliz del mundo. ¿A quién le cabe en la cabeza que vamos a estar pletóricos de dicha cuando no hay ni papel higiénico? Sólo a los que están inoculados, con tendencia irreversible, de la ponzoña castro comunista, que a los enchufados de este gobierno le sirve de maravilla para continuar con sus fechorías de corrupción y robo descarado del erario público.

No podemos ser ricos ni felices, sino pobres y miserables, cuando el salario ni es digno, ni es suficiente, ni cubre las necesidades básicas, materiales e intelectuales de ningún trabajador, tal como postula la Constitución. No podemos ser ricos ni felices, sino pobres y miserables, cuando la propiedad privada es desconocida por una propiedad colectiva, por una dirección comunitaria que ha llevado al más notorio fracaso a las empresas de gestión comunal, a los fundos zamoranos, a las compañías expropiadas; cuando las edificaciones que antes eran asiento de prósperos comercios, la confiscación arbitraria los convirtió en guetos derruidos, en refugios insalubres y abandonados, en la descarnada cara de la revolución inepta.

No podemos ser ricos ni felices en una trastornada economía de controles absolutos, que no permite el libre desenvolvimiento de la riqueza, de la actividad productiva y generadora de empleo. No podemos ser ricos ni felices cuando a las industrias les racionan las divisas y les cierran el impulso del desarrollo integral, con la supervisión y abusos del Ministerio del Trabajo, del Seniat, del Inpsasel, del Seguro Social y de todas esas Superintendencias burocráticas, que las someten a los más férreos controles y sanciones. ¿Cómo se puede generar así una justa, adecuada, suficiente y plena distribución de la riqueza? Será la riqueza para los bolsillos de la corrupción, porque a los venezolanos comunes no nos llega esa felicidad oficial tan disfrazada.

No podemos ser ricos ni felices, sino pobres y miserables, cuando estos políticos fracasados del chavismo han quebrado la principal empresa del país, transformándola desde una de las más prósperas industrias del mundo, dirigida por los mejores expertos, hacia una pulpería, bodega y tarantín que, en el proceso final de producción petrolera, ha entregado nuestro principal insumo, tanto en la Faja Petrolífera, como en los barcos cargueros, a países que nos han succionado con puras esperanzas a cambio.
Los premios Nobel Edmund Phelps, Joseph Stiglitz y Amartya Sen han asegurado que una buena economía es aquella que permite cumplir con la necesidad de obtener una buena vida para las personas, de logros y de crecimiento personal. En una buena economía se desarrollan talentos y capacidades y todos logran su autorrealización. Yo, de verdad, no creo que esto ocurra hoy en Venezuela.

viernes, 6 de junio de 2014

Exabrupto judicial contra la Unet

*Isaac Villamizar

La Sala Electoral del TSJ ha cometido un exabrupto judicial contra la UNET. El 14 de mayo de este año ha dictado una sentencia con escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico y a principios constitucionales y legales, que perjudican ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública y la institucionalidad democrática, así como la autonomía universitaria, principio de jerarquía constitucional. Estas actuaciones irregulares son calificadas así por la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su Artículo 107, y por la propia jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional.

En el año 2012 la comunidad universitaria unetense celebró con gran fiesta democrática, apegada a la ley y con una masiva participación protagónica e inédita en el mundo universitario, dos procesos electorales para elegir  a sus autoridades y decanos. Lo hizo bajo un Reglamento Electoral, el único en su especie en la educación superior, aprobado por el Consejo Universitario, bajo la autonomía normativa y con una amplia discusión de los sectores llamados votar, esto es, profesores, estudiantes, administrativos, obreros y egresados. Todos ellos, tanto electores como candidatos, aceptaron las reglas establecidas para regir los comicios universitarios. En una relación ponderada de acuerdo a las funciones que cumple cada sector de la comunidad, y bajo el principio constitucional de la igualdad por diferenciación, “conforme al cual son posibles soluciones diversas para atender a individuos que se encuentran  ante circunstancias diferentes”, ampliamente aceptado en la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, el voto de cada elector tenía un peso específico, orientado hacia la equidad. Un grupo minúsculo, que le ha hecho un grave daño a la institución universitaria, demandó la nulidad de esa valoración del voto, y la Sala Electoral, en faltas de inmotivación, incongruencia y errónea interpretación de la ley, ha señalado que el voto debe ser “nominal”, sin explicar, con razonamiento alguno, el por qué de ese criterio. Con esta sentencia, el voto de los profesores, administrativos y obreros, que hacen vida permanente en la institución universitaria, y que representan una población electoral pequeña, se pierde en el voto masivo de estudiantes y egresados, con actuación temporal en la universidad. Esto en nada evidencia una  participación plena y en igualdad de condiciones, y nunca podría representar el reconocimiento del mismo valor para todos los electores.

Aparte de esta incorrección, la Sala Electoral, incurriendo también en incongruencia y extra petita, es decir, decidiendo sobre un asunto no sujeto a la controversia judicial, a pesar de anular el criterio proporcional adoptado por la UNET hace dos años, en la misma decisión lo ordena considerar en parte, para una nueva totalización del voto “nominal”.  De igual forma, deroga tácitamente 17 artículos del Reglamento Electoral, que regulan un nuevo proceso electoral, asunto que tampoco estaba en discusión, arrogándose la facultad reglamentaria del Consejo Universitario. Y para rematar semejante desatino, la Sala Electoral, por una vía irregular, sin ser competente para ello, deja sin efecto la designación hecha por el Ministro de Educación Universitaria el 21 de febrero pasado, que  ratificó la elección de autoridades y decanos de hace dos años.

Pero la propia Ley Orgánica del TSJ y la reiterada jurisprudencia ofrecen los mecanismos para que la Sala Constitucional se avoque al conocimiento de estas causas y ponga orden ante tanta barbaridad judicial. Eso es lo que está accionando la UNET y es lo que le solicita a la Sala Constitucional, no sólo la comunidad unetense, sino la sociedad tachirense y la institución universitaria venezolana, para uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía de la Constitución y el interés democrático general.

*Consultor Jurídico de UNET

lunes, 14 de abril de 2014

La justicia económica

Isaac Villamizar
El ideal supremo del derecho es la justicia. Tradicionalmente consiste en la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En este marco se define la Justicia Social, expresión muy usada en Política, Sociología y Derecho para significar una tendencia doctrinal y práctica encaminada a proteger a las personas económicamente débiles, elevando su nivel de vida y cultura, y anulando aquellos privilegios de las clases económicamente fuertes que originan inadmisibles desigualdades sociales.

En el orden económico del “laissez faire”, concebido como un mundo independiente de la intervención del Estado y de los principios morales, se dio toda clase de facilidades a la iniciativa privada, a la invención, al progreso y desarrollo de la producción. Pero esto no fue muy favorable para la distribución de la riqueza, creándose dos clases económicas, distanciadas y antagónicas: la proletaria y la capitalista. Esta división provocó el odio, el espíritu de la lucha de clases y el desgarro de la sociedad con graves repercusiones para la estabilidad y la sana convivencia.  Es cuando los trabajadores toman conciencia de su miseria, unen sus esfuerzos, reúnen sus debilidades, para convertirlas en fortalezas, apareciendo los primeros sindicatos

La Justicia Social, entonces, en este escenario,  se convierte en el criterio dinámico motor de multitud de transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Es la justicia como principio regulador tendente a establecer el equilibrio entre los poseedores y desposeídos, entre ricos y pobres, entre socialmente fuertes y socialmente vulnerables. En nombre de la Justicia Social, las legislaciones fiscales y laborales cambian, para hacer norma la lógica de que quienes más poseen, mayores cargas soporten. Nace así la legislación protectora de los trabajadores para intentar restablecer un equilibrio entre empleadores y obreros.

En este ambiente algunos conservadores exagerados califican a la Justicia Social como socialista, pero en realidad contenía en el fondo una idea oportuna, admisible y expresiva, tanto que, convertida en símbolo y bandera de luchas y reivindicaciones sociales, es aceptada por la Iglesia, con la Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII en 1891.

La  Justicia Social es  la  que  regula las  relaciones de los  grupos sociales entre sí y de los individuos como miembros suyos en orden al bien común, de suerte que cada grupo dé a los demás aquella parte de bien social a que tienen derecho en proporción a los servicios que contribuyen a ese fin.

Ahora bien, ¿qué problemas enfrenta actualmente la Justicia Social? Existen condiciones de vida infrahumanas de muchas personas en continentes, tales como el África. La poca inversión en la atención  de los requerimientos sociales, educativos y económicos de la población en condiciones de pobreza extrema hace más aguda la situación. Condiciones infrahumanas e insalubres en la vivienda están presentes. El desempleo, la inflación, la escasez de ciertos rubros, un proceso de industrialización donde se explota aún la mano de obra, el destino de los recursos públicos a propaganda y armamento, y una deuda pública creciente de los países en vías de desarrollo, son objeto de alarma para la Justicia Social. No se pueden ignorar las diferencias y la desigual distribución  de los ingresos personales y familiares.

Aunado a lo anterior, en muchas naciones hay una enorme distancia entre el sector rural y el sector urbano. La agricultura es un área deprimida, abandonada y con pocos estímulos. Servicios esenciales como carreteras adecuadas, transporte, agua potable, vivienda higiénica, asistencia médica y enseñanza gratuita y completa, están ausentes en el campo. Se reclama por un desarrollo gradual y armónico de un sistema económico que coloque técnicas de producción modernas, variedad de cultivos y estructura eficiente de la empresa agrícola al servicio del desarrollo y la productividad. Conjuntamente con ello debe actuar la política macroeconómica del Estado en materia impositiva, en la oferta crediticia pública, en sistemas de seguros acordes y en la defensa de los precios agrícolas alentadores. Finalmente, aparece el dilema entre el derecho a la propiedad y el derecho de la propiedad. ¿Cómo armonizar ambas? Reconociendo que todos los seres humanos, sin distinción de clase social, tienen derecho al uso conveniente de los bienes materiales, que deben llegar en forma universal, pero aceptando que también, por una función social, deben ser aprovechados por los demás. Se debe compaginar el dominio privado como expresión de la personalidad, como fruto del trabajo, del esfuerzo propio, garantizando su uso, goce, disfrute y disposición, asegurando una autonomía personal y familiar, con su función a la vez responsable en la sociedad y en la economía, en la que el derecho de propiedad no se ejerza en detrimento de la utilidad común. 

Derivada de la Justicia Social está la Justicia Económica. La democracia, desde el siglo XX, ha venido triunfando sobre sus tres principales competidores: el comunismo, el totalitarismo y la teocracia. Pero también está llamada a triunfar frente a otra amenaza para satisfacer el deseo universal humano que representa. Nos referimos a las desigualdades económicas. Si la democracia se basa en la igualdad, este principio es la fuerza que alimenta los cambios democráticos en todas partes. La igualdad no es sólo una cuestión política y social, porque éstas por sí mismas no satisfacen completamente al hombre o mujer demócrata. También es necesario cierto grado de igualdad económica. La igualdad económica no implica la posesión por parte de todos de una cantidad similar de bienes económicos: dinero e insumos de producción. Lo que realmente hace falta es una distribución más equitativa de la riqueza, de modo que todos tengan lo bastante como para vivir decentemente, y una igualdad casi absoluta de oportunidades. La igualdad absoluta en la posesión de bienes es una quimera. La igualdad de oportunidades es un ideal por el que la gente está dispuesta a luchar. Estos preceptos están contenidos en el Artículo 3 constitucional cuando le fija al Estado, como uno de sus fines esenciales, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; y en el Artículo 112 ejusdem cuando se le impone al Estado la garantía de la creación y distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. Hay muchos bienes que pueden considerarse económicos y que no consisten en dinero. Podemos citar el derecho al trabajo, a una buena educación o a una vivienda digna. El derecho a perseguir la felicidad o la oportunidad, a la propia manera de cada quien, es el de mayor importancia. Un gobierno con justicia económica protege estos derechos y se encarga de que no se vean sistemáticamente vaciados de contenido, ni para ningún ciudadano en particular, ni para ninguna clase de ciudadanos en general.

Otro de los contenidos de la justicia económica es la posibilidad de acceso a los bienes y servicios de calidad. Nuestra Constitución así lo preceptúa en el Artículo 117. Esta norma agrega que el consumidor tiene la libertad de elegirlos, se supone en un ambiente competitivo, y a ser tratado con dignidad cuando desea adquirirlos. Esto se complementa con la seguridad alimentaria que, definida por el constituyente en el Artículo 305, se entiende como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.
En un país con Justicia Económica el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promueve el desarrollo armónico de la economía integral, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevado nivel de vida de la población y fortalecimiento de la soberanía económica del país. Esta es la verdadera suma de felicidad. Esta es la verdadera y justa distribución de la riqueza. Esta es la verdadera independencia económica. Ya lo expresó el papa Francisco: “La solidaridad no se reduce a las diversas formas de asistencia, sino que se esfuerza por asegurar que un número cada vez mayor de personas pueden ser económicamente independientes.”

lunes, 7 de abril de 2014

"Confirmado" el daño a la protesta

*Isaac Villamizar

Una amiga, a quien estimo mucho y doy fe de su seriedad, me expresaba una gran preocupación. Había replicado en las redes sociales una cadena de un video sobre una supuesta marcha de personas desnudas por las avenidas de Caracas en apoyo a los estudiantes vejados en la UCV. Resultó que pudo comprobar la no veracidad de esta información, en este contexto actual, pues se trataba del trabajo del famoso fotógrafo de desnudos Spencer Tunick, realizado en el año 2006, en la Av Bolívar.

Yo he recibido en las redes sociales infinitud de supuestas informaciones que terminan siendo rumores infundados. Le colocan por delante la palabra “confirmado” y en la parte final del texto le advierten a uno, algunas veces de manera amenazante, que si no se replica y difunde esa información, es un maluco y estaría de acuerdo con las pretensiones de este gobierno pseudo revolucionario. Quienes estamos cercanos al trabajo de difundir información debemos cuidarnos en la veracidad de la misma. Una cosa es opinar, emitir un juicio, un criterio, ideas y pareceres sobre los acontecimientos de la realidad y otra es informar, de manera oportuna, veraz e imparcial, tal como lo expresa el Artículo 58 constitucional, sobre dichos acontecimientos. Los comunicadores, como todo el mundo, tenemos nuestra ideología y afectos, pero a la hora de difundir información al público debemos realmente verificar que el mensaje es cierto y serio, para lo cual se dispone de las fuentes necesarias, incluido uno mismo.

Ante el cerco informativo, el blackout que este gobierno le ha impuesto a los medios, con el monopolio en los canales oficiales, la restricción de divisas a los impresos y la amenaza permanente con Conatel a muchas estaciones y emisoras televisivas y radiales, debemos cuidar y saber manejar las redes sociales, una de las pocas ventanas -hacia y desde el mundo- que aún nos quedan a los venezolanos, para difundir lo que aquí ocurre. Recordemos que con la última reforma de la Ley Resorte, en el año 2010, se incorporó en el objeto de su regulación la difusión y recepción de mensajes en los medios electrónicos.  Además, el gobierno y el Ministerio Público acarician la idea de regular Internet para tener el control absoluto sobre este medio. Ello sin olvidar las sanciones punitivas contempladas en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Todo este bagaje legal puede ser utilizado para acabar de cerrar la expresión, comunicación e información que como derecho tenemos los venezolanos. Por otra parte, una de las características de

las redes sociales, como Facebook, Twitter o aplicaciones como WhatsApp, es la de ser herramientas de conversación con una comunidad, en donde debe haber cierto grado de confianza y credibilidad.

Goebbels, en sus Principios de la Propaganda,  señalaba que se debía aplicar y manipular en la información  cómo ella afecta al enemigo, la supresión de información útil al contrario, la difusión de contenidos o tonos que conduzcan al otro a sacar conclusiones erróneas, la censura de información que genere credibilidad e inteligencia en la audiencia y la creación de un nivel  óptimo de ansiedad.  Y éste  es el guion que sigue el gobierno, que se maneja bien en el caos, la anarquía, la confusión y la guerra mediática. Creo que a la protesta que la mayoría de los venezolanos ha expresado en estos últimos meses (cuyos motivos sociales, económicos y políticos comparto plenamente), le ha hecho un inmenso daño hacerse eco de rumores no confirmados, generados en laboratorios informáticos. La información fidedigna, aparte de constituir un derecho humano constitucional, es un poder que tiene el ciudadano, que le permite tomar decisiones oportunas y adecuadas. Seamos inteligentes con el uso de este recurso.  Porque obtener información es una cosa. Pero otra muy diferente es saber lo que significa y cómo utilizarla.
*abogado, locutor, columnista y bloguero

jueves, 27 de marzo de 2014

La enfermedad del totalitarismo


Isaac Villamizar

Después de la segunda guerra mundial, a lo largo de la guerra fría, aparece una teoría científica, que se consolida en la obra capital de Hannah Arendt, titulada “Los orígenes del totalitarismo”. Esta escritora unía allí nazismo y estalinismo, bajo un mismo concepto: “Totalitarismo”. Esta ideología significa la supresión radical por parte del poder de la “política” (la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo) y, con ello, la instauración como derecho de Estado, del desprecio absoluto hacia los individuos, poco menos que objetos prescindibles.

¿Qué es el totalitarismo? Es un sistema ideológico que invade todas las esferas de la vida privada y pública. En sistemas totalitarios, el Estado ahoga las libertades individuales y ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos, a diferencia de otros regímenes autocráticos, son dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica  como partido único y se funde con las instituciones del Estado. En el totalitarismo se exalta la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsa un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad, con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad supuestamente perfecta, y hace uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como una policía secreta.

Entonces, el totalitarismo es una forma de Estado, de tipo no democrático, que se caracteriza por la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos humanos. Se diferencia del autoritarismo en que en el totalitarismo se desconoce la dignidad de la persona humana, convirtiendo las clases sociales en masas. El totalitarismo considera al Estado como un fin en sí mismo,  y por tanto, lo maximiza. Como consecuencia de ello, un Estado más grande da un poder más grande. De esta manera, el poder del Estado totalitario lo puede todo porque el fin lo abarca todo. Mussolini (que usó por primera vez el término totalitarismo), graficó esto en el lema “todo en el estado, todo para el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado.” No es el Estado para las personas, sino que las personas son para el Estado.

El totalitarismo es un monismo político porque rige toda la estructura de poder en torno al poder político, generalmente en un solo líder, absorbiendo todos los poderes que se afinan a éste y negando todos los que son independientes o contrarios. En el totalitarismo no hay doctrina y una coherente exposición de principios ideológicos. Su característica inicial es la exaltación del Estado, de un Estado omnipotente. Su propósito es llevar a su líder a un nivel de casi “culto a la personalidad”. Tiene un odio febril a la democracia y a sus manifestaciones más comunes, la libertad y la igualdad políticas. De esta forma, el totalitarismo, frente a la “falacia” de la igualdad democrática –pues desde el paradigma totalitario le democracia liberal es también un totalitarismo- exhibe como ideal la dicotomía superiores-inferiores. En su código, el hombre es superior a la mujer, el militar al civil, el miembro del partido al que no lo es. De allí se pueden expresar cuatro de sus características básicas: 1) Se halla un imperialismo militarista; 2) El dogmatismo de sus ideas y la intolerancia fundamentan la fe ciega en el caudillo; 3) Utilizan los símbolos y los nuevos medios de propaganda de masas; 4) Existe un partido único.

Raymond Aron, en su obra “Democracia y Totalitarismo”, ofrece cinco características de este sistema:

1)      Un único partido que posee el monopolio de la actividad política legítima.

2)      Ese partido está armado de una ideología que le confiere una autoridad absoluta.

3)       El Estado se reserva el monopolio de los medios de persuasión  y coacción. Asimismo, los medios de comunicación son dirigidos por el Estado (particularmente todo el sistema de telecomunicaciones).

4)      La economía, en gran parte, es controlada por el Estado y se convierte en parte del Estado mismo.

5)      Politización de toda actividad, con imposición del terror. Las faltas cometidas por los individuos en el marco de una actividad económica o profesional son simultáneamente faltas ideológicas. El terror ideológico y policial van acompañados.

El totalitarismo, al observarse la historia, fracasó de forma absoluta en muchos países. Ello fue así porque sólo perseguía el poder y  así llamado honor nacional. En Venezuela se dice oficialmente que tenemos patria, y se opone un pseudo nacionalismo hacia presuntas injerencias imperialistas. En verdad, las naciones pueden ser honorables o no, pero no por el poder que tengan o dejen de tener. Una nación es honorable si es justa y no lo es si es injusta. Una nación poderosa es temida y quizás envidiada por las naciones más débiles. Existe una enorme diferencia entre el honor, por un lado, y el miedo y la envidia  por el otro. La situación de Venezuela, cuya discusión fue rechazada en la OEA recientemente, demuestra claramente que hay naciones del continente nada honorables y justas, que prefieren asegurar sus intereses económicos a costa de otra nación cuyo sistema democrático se tambalea. Precisamente, siendo la transparencia de la gestión del Estado un componente esencial de la democracia, estas naciones se hacen de la vista gorda y prefieren que el totalitarismo avance sobre la democracia liberal.  Entre las naciones, igual que entre las personas, el poder puede confundirse con la justicia. El poder y la riqueza pueden producir una imitación barata del honor, una fama parecida a la que vemos en el estilo de vida de los personajes ricos y famosos. Son famosos porque son ricos, a menudo ostentosamente ricos. Saben que es posible comprar la fama y están dispuestos a pagar su precio.

Las naciones llevan siglos tratando de comprar la fama. Conocen un medio de obtener la fama espuria que llaman “honor nacional”. En Venezuela el oficialismo lo llama “patria”. Consiste en ser militarmente fuertes y capaces de dominar a naciones más pequeñas o más pobres. En Venezuela la dominación es por la vía económica con su petróleo. Pero a la vez deja dominar su soberanía, por la vía ideológica, desde un país fracasado y dispuesto a succionar todo el provecho que se le permita. La capacidad de abusar de otros solía conferir también ese tipo de fama a personas individuales. En las grandes ciudades del mundo, es decir, en la sociedad incivil, o estado de naturaleza, en la cultura de las calles, la fama y el miedo no se consiguen sólo siendo justos. Se adquieren siendo ostentosamente rico y lo bastante fuerte como para dominar a otros. Puesto que muchos países de la comunidad internacional se encuentran en estado de naturaleza, las mismas prácticas producen resultados similares en la llamada comunidad de naciones. Aun persisten algunos de estos países, realmente no gobernados por el pueblo sino por minorías irresponsables e indiferentes, que se han denominado a sí mismas con diversos títulos grandilocuentes y fraudulentos, como padre del pueblo, presidente de la revolución, emperador vitalicio, presidente de la junta, duce, führer, comandante eterno y supremo o lo que sea. Todos esos títulos deben ir en minúsculas porque todos ellos son espurios y personales, es decir, fueron concedidos a los líderes por ellos mismos o su camarilla y no por la mayoría del pueblo.

El totalitarismo sólo se preocupa de poder y del ficticio sentido del poder nacional. Es una enfermedad del gobierno que se hizo posible en el siglo XX por la rápida expansión de la igualdad desde la Revolución Francesa. La democracia durante esa fase expansionista e igualitaria creó un vacío peligroso entre el pueblo en la base, todos aquellos iguales, y el gobierno en la cúspide, que a pesar de ser escogido por el pueblo, poseía un poder amenazador. Pero era necesario que existieran poderes intermedios para evitar que todo el poder del gobierno golpeara a las personas corrientes. ¿Quiénes fungían como esas fuerzas mediadoras de la sociedad? Empresas, iglesias, organizaciones no gubernamentales, sociedades para  la prevención o promoción de esto o aquello. Algunas de las naciones más avanzadas del siglo XX tomaron la decisión deliberada de deshacerse de tales mediadores. Alemania e Italia fueron ejemplos notables. En el caso germano, hubo una gran devastación, tanto social como económica, que produjo la derrota en la Primera Guerra Mundial. Los vencedores le exigieron y le cobraron reparaciones. La economía alemana colapsó a finales de la década d 1920 y la sociedad derivó hacia el caos. En estas circunstancias la nación siguió a un loco para que la salvara de la crisis y la condujera de nuevo a restaurar su honor nacional. Hitler prometió llevar a Alemania a la tierra prometida con una condición: que el Estado tuviera el control total sobre todos los organismos, organizaciones y ciudadanos de la nación. Sus palabras fueron: “Requerimos de medidas extraordinarias. Que todo alemán y toda empresa, iglesia, club, organización y asociación alemana trabajen juntos para salvarnos. Sin excepciones: no puede haberlas o fracasaremos. Juntos, nada puede detenernos y venceremos.” Hitler convirtió a la nación en una espada. El se creyó que en cada palabra que pronunciaba hablaba “en nombre de la nación” y, por tanto, empuñaba personalmente la espada nacional. Ya sabemos el resto de la historia.

El fascismo de Mussolini antecedió al nazismo. Su símbolo era las  fasces, un manojo de palos atados con fuerza. Sugería que el Estado italiano combinaba la fuerza de todos sus elementos, tanto de sus ciudadanos individuales como de sus organizaciones, en la consecución de un solo objetivo: el “honor” nacional. Italia creía que se le había privado de su cuota del botín tras la primera guerra, pues había formado parte del bando vencedor.

La Unión Soviética llevaba años al borde del totalitarismo. Stalin, y quizá Lenin, interpretó que la dictadura del proletariado daba el derecho a quien hablaba del proletariado  –es decir, a él- a movilizar todos y cada uno de los recursos del Estado en interés del futuro triunfo de la sociedad comunista. Pero el totalitarismo no funcionó en la Unión Soviética como, por un tiempo, había funcionado en Alemania y Japón. Una máquina sólo es eficiente si sus componentes están hechos con las materias adecuadas y encajados de la manera correcta. Y eso no ocurrió en la Unión Soviética, ni tampoco en los países de Europa Oriental a los que obligó a imitarla. Esas máquinas funcionaron bastante mal, pues sus componentes eran viejos, estaban desgastados y montados en forma incorrecta. El problema fue que la máquina la estaba manejando un partido político en vez de un ingeniero. 

Los miembros de un Estado totalitario no tienen ningún interés especial en el éxito del propio Estado, excepto en momentos de grave emergencia, cuando saben que salvarán la vida sólo si la nación sobrevive y quizá ni entonces. Los miembros de una democracia tienen un interés personal, además de un interés nacional, en que el Estado tenga éxito. Se busca que todos los intereses de los diversos individuos se combinen. Esto es lo que marca la diferencia. Ése es el motivo por el cual las democracias tienden a prosperar y los estados totalitarios acaban finalmente por derrumbarse.

Ciertos países del Tercer Mundo han querido revestirse de un Estado todopoderoso, en el cual la decisión la toma algún padre de la patria -u otro déspota que pretende mostrase benevolente- que se ha atribuido un título similar. En ese Estado se pretende acabar con cualquier organización mediadora y se busca dejar desprotegido a su pueblo frente al poder de un hipotético gobierno democrático.

Venezuela tiene un gobierno que insiste en imponer un pensamiento único. Su autoridad es absoluta, pues maneja a su antojo todas las instituciones del Estado, absolutamente todas, incluyendo los órganos de los poderes legislativo, judicial, ciudadano y electoral. El gobierno venezolano ha centralizado prácticamente todos los medios de coacción con la Policía Nacional Bolivariana, que utiliza para reprimir, intimidar y persuadir usando la fuerza. Igual monopolio persiste en tener sobre los medios de comunicación, a través del sistema nacional de medios públicos, que junto con el abuso de cadenas oficiales sólo muestran información ideológica de su socialismo, negando toda la realidad y existencia de los graves problemas sociales, económicos y políticos del país, derivados de las ineficaces políticas gubernamentales. Y como Internet y las redes sociales es de las pocas ventanas comunicacionales que los usuarios tienen como reporteros ciudadanos, para mostrarle al mundo la tragedia que viven los venezolanos, el Estado, en su afán totalitarista, también ambiciona controlar y bloquear ese flujo informativo. La economía, en este Estado con visos totalitarios, sólo se puede entender desde la óptica comunista de negar los derechos económicos, entre ellos la propiedad privada, y de mantener la macroeconomía controlada, sin generar ningunos mecanismos que propicien la producción nacional, la diversificación y la justa distribución de la riqueza. El terror y el miedo han invadido todas las esferas de la actividad de los particulares. Cuando no es por la vía de criminalizar la actividad política, porque no se ajusta a la ideología chavista, es por la vía de discriminar a los beneficiarios de programas sociales o de amenazar a los empresarios con todo el aparataje impositivo, de supervisión y vigilancia punitiva sobre los comercios e industrias, sustituyendo la actividad privada por empresas del Estado, que han quebrado en su mayoría, agravando aún más el desabastecimiento y provisión de productos elementales de vivir diario.

Esta es la enfermedad del totalitarismo que sufre Venezuela. Una enfermedad que sólo tiene una cura. Es la propia lucha de los venezolanos por revertir este cáncer, con la plena convicción del principio democrático según el cual todos los seres humanos son creados iguales y están dotados por su creador de derechos inalienables. Es la creencia salvadora de que somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos democráticamente, pues el pueblo nunca podrá aceptar que la felicidad plena se consiga negando su propia esencia humana y exaltando la enfermedad del autócrata.

lunes, 24 de marzo de 2014

¿Cuál debido proceso?

Isaac Villamizar

Los venezolanos hemos presenciado las vulneraciones groseras a dos derechos humanos, constitucionales y procesales. Me refiero a los casos de los Alcaldes Vicencio Scarano y Daniel Ceballos. Los derechos humanos son de la esencia natural de cualquier persona, sólo por serlo. Pero en estas circunstancias estas violaciones cobran notoriedad tanto por el ataque político, a través del sistema judicial, a dirigentes gubernamentales de la oposición, como por el escenario de confrontación que vive el país.

Al Alcalde Scarano la Sala Constitucional le dictó un Amparo Cautelar, en un procedimiento de demanda de protección de intereses difusos y colectivos, que le ordenaba, en resumen, realizar todas las acciones y utilizar todos los recursos materiales y necesarios a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública y proceder a la remoción inmediata de tales obstáculos (barricadas). La Sala convoca a Scarano a una audiencia pública y, al presumir el desacato de la orden por una nota de prensa de un portal de noticias web, en la misma audiencia le impone la sanción del Artículo 31 de Ley Orgánica de Amparo, de 10 meses y 15 días. La Sala, al conocer adecuadamente del presunto desacato, lo que debió hacer era oficiar al Ministerio Público, dueño de la acción penal, para que abriera la averiguación respectiva, imputarlo de ser procedente, enjuiciarlo a través de la jurisdicción penal y, en caso de resultar responsable, imponérsele la pena en esta jurisdicción. La Sala Constitucional vulneró gravemente el derecho al debido proceso, establecido en el Artículo 49 constitucional. Se violentaron los derechos a la defensa, de acceso a las pruebas, de disposición del tiempo y de los medios adecuados para ejercerla, de la presunción de inocencia, de ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, de ser juzgado por sus jueces naturales, así como el principio procesal de la doble instancia, que le hubiere permitido al alcalde recurrir a la alzada. Scarano hubiera podido alegar una circunstancia excluyente de responsabilidad, una excusa absolutoria o una causal de justificación. La Sala Constitucional, intérprete por excelencia de la Constitución, la volvió trizas, una vez más.

La detención arbitraria del Alcalde Daniel Ceballos, sin una orden judicial debidamente notificada, y su reclusión sin ser presentado al tribunal competente en el tiempo establecido, vulnera severamente las garantías de la libertad personal, contempladas en el Art 44 constitucional y en el Código Orgánico Procesal Penal. Los funcionarios de seguridad, sin mediar orden escrita y sin informar de los motivos, tal como lo declararon sus abogados presentes, procedieron a la detención a la fuerza del Alcalde Ceballos. Esto transgrede la garantía de exhibir, en el momento de la captura, una orden del Juez de Control que decrete la privación preventiva de libertad, con todas sus especificaciones establecidas en el Art 240 del COPP, y en ese momento ser informado acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado la medida, conforme al Art 241 ejusdem. Esto último debe cumplirse, incluso en el caso excepcional de extrema necesidad y urgencia de ser autorizada la aprehensión  por cualquier medio idóneo con ratificación posterior de la misma. Igualmente, ese limbo prolongado entre la arbitraria detención, el famoso ruleteo y la aparición del detenido, infringe las garantías constitucionales y legales de comunicación inmediata con familiares y abogado y de ser presentado dentro de las 48 horas siguientes al Juez de Control.
Cuando se restablezca el orden institucional y de legalidad en Venezuela  habrá que meterle el dedo en la llaga y raspar de raíz al corrupto, sumiso y politizado poder judicial, con todos los componentes del sistema de justicia, incluido el Ministerio Público y los órganos de investigación penal.