La FAO reveló en el 2009 que existen 6.800 millones de habitantes en el mundo, de los cuales 1.020 millones son desnutridos crónicos. Según la OMS, 884 millones no tienen acceso a agua potable y hay 18 millones de muertes por año debido a la pobreza, la mayoría de ellas en niños menores de 5 años.
2.300 contenedores de PDVAL, con más de 70.000 toneladas de alimentos descompuestos, entre ellos carne, pernil, arroz, pasta, leche en polvo, mantequilla, sal y aceite, no sólo es la evidencia de cómo este gobierno ataca a los pobres por donde son más débiles, el estómago. Es también el destape de cómo esta revolución, imbuida en la corrupción, tiene 11 años oliendo a nauseabunda.
La patria socialista como no ha podido afincar su ideología trasnochada, cumpliendo al pie de la letra su vergonzoso lema, ha decretado la muerte por hambre de los pobres venezolanos. Es una actitud de miseria, de podredumbre, de desventura oficial. Y mientras tanto, el gobierno pretende esconder su ineficacia y torpeza en el manejo de la importación y distribución alimentaria, atacando ferozmente al sector productivo privado, que es el empleador y abastecedor, con calidad, de la poca estantería que se observa surtida. Es un gobierno que arrasa, cual marabunta, todo lo que encuentra a su paso y le pone ganas arbitrarias, volviéndolo añicos. Se come lo bueno y deja lo podrido al sector desnutrido. Es, ni más ni menos, el auténtico Capitalismo de Estado.
Lo paradójico es que la Constitución vigente, fruto del pensamiento oficialista, pregona en su artículo 305 que la seguridad alimentaria se entiende como el acceso oportuno y permanente a los alimentos por parte del público consumidor; que la seguridad alimentaria se alcanza desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna (no en contenedores de puertos). Es más, la Carta Magna califica la producción de alimentos (no su importación) como de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. Y la incongruencia gubernamental prosigue con los postulados de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, reformada recientemente por el oficialismo, según Gaceta Oficial 39.358 del 01 de Febrero de 2010. Allí se asegura que la norma pretende la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios, para la satisfacción de las necesidades, en resguardo del derecho a la vida y la salud del pueblo. Como se nota, nada más lejos de la verdad. Este es un gobierno que en 11 años ha sido sordo, ciego y mudo ante los verdaderos requerimientos del pueblo y ante el progreso efectivo de la Nación. Pero ahora, a su actitud indolente, hay que sumarle su condición maléficamente inodora. Porque ante tanta corrupción y descompostura, camina por la senda tortuosa revolucionaria, con la nariz tapada.
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