La inhabilitación en derecho, en general, tiene que
ver con la ausencia de capacidad para actuar u obrar en determinadas esferas,
especialmente en materia civil, política o judicial. Constitucionalmente, una inhabilitación
política restringe la ciudadanía, es decir, el ejercicio de derechos políticos,
que van desde la imposibilidad de ejercer cargos o empleos públicos o de alto
nivel, hasta la suspensión del derecho activo o pasivo del sufragio. Esta
inhabilitación política es la consecuencia de imponer una pena accesoria a una
pena principal de presidio o prisión, una vez producido un pronunciamiento
judicial de un dispositivo condenatorio a un reo. Pero también existe la inhabilitación civil,
también declarada judicialmente, entre otras razones, por debilidad de
entendimiento o por prodigalidad. En el
primer caso, el inhabilitado es una persona que se encuentra en un estado
fronterizo entre demencia y sanidad
mental, pero con una disminución o insuficiencia de sus facultades mentales. En
el segundo caso, el inhabilitado ha sido pródigo en realizar gastos cuantiosos,
innecesarios e injustificados, sin que representen provecho alguno, mermando
una fortuna. Se disipa un abultado patrimonio y el pródigo llega incluso a
poner en riesgo la estabilidad de la familia.
Pues bien, es evidente y claro para todos los
venezolanos que razonamos, advertir dónde es que están los verdaderos inhabilitados.
Los inhabilitados en Venezuela están en quienes atienden funciones de gobierno
o sus testaferros contratistas y han cometido corrupción, están relacionados
con el narcotráfico, el tráfico de influencias, el contrabando de extracción a través
de gandolas, containers y miradas
complacientes de los custodios cancerberos de aduanas, todos delitos
principales y que, indudablemente, merecen la aplicación de la inhabilitación
política como sanción accesoria.
Los inhabilitados son quienes no son competentes
para ocupar altos cargos en cualquiera de los cinco órganos del Poder Público,
a nivel funcional o territorial, porque no tienen ni los méritos, ni la
preparación, ni la cualidad, ni la legitimación para estar representando a la
soberanía popular, que ha sido ultrajada. Los inhabilitados son quienes llegan
a cargos públicos exhibiendo como única competencia gritar desaforadamente que un difunto vive o el endoso de los problemas
propios al imperialismo.
Si se trata de débiles de entendimiento o pródigos,
inhabilitados sobran en el sector gubernamental. No se sabe, con sus desafueros,
si en verdad están locos o es que se hacen. Pero ante los resultados
desastrosos de su gestión, fácilmente se puede concluir que desde hace rato
atravesaron el borderline y están bien tocados, porque una persona en sano juicio
no cometería tanta fallas, equivocaciones o expresarían públicamente semejantes
incongruencias, dejándolos expuestos al mayor ridículo. Mención aparte merecen
los inhabilitados pródigos. Han malbaratado la mayor fortuna que ha ingresado
en la historia republicana del país, la han dilapidado, entregado irresponsablemente
en dádivas a otras naciones, han comprometido en exceso el crédito público, han
endeudado a la nación hasta el riesgo de quiebra, sin casi posibilidad de
rehabilitación, que han llegado a generar tal inestabilidad económica para
todos los miembros de esta familia descompuesta y que nos llamamos venezolanos.
¿Qué hacer con estos
inhabilitados? No cabe duda que se requiere suspenderles, electoralmente, de
manera masiva, la continuidad de arruinar aún más el patrimonio moral, ético,
económico, social y democrático de nuestra amada y desahuciada Venezuela. 
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