¿Reconciliación o impunidad?

Hay unos escenarios planteados de llegar a ganar la oposición las elecciones del 2012. Se ha mencionado que de ser así, debe haber una reconciliación nacional. Se asegura que los venezolanos no queremos más odios, más divisiones, más persecuciones, más exclusiones. Se menciona que se requiere de un proceso de paz, de amnistía, de encuentro, de inclusión. Se indica que de perder el oficialismo las elecciones, no debe haber una cacería de brujas, retaliaciones, ni venganzas. Estoy de acuerdo, absolutamente, que a los venezolanos nos hace falta buscar la reunión y el bienestar común, así como el respeto al pluralismo y el debate constructivo de ideas. Pero aceptar la impunidad, al término del período constitucional, sería un grave precedente.
La actividad de la administración pública en Venezuela se rige por unos principios. Uno de ellos está consagrado en la Constitución y en Ley Orgánica de la Administración Pública. Nos referimos al principio de rendición de cuentas. Cuando se elige a un funcionario para desempeñar altos cargos, los electores le transferimos un mandato y aunque la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, éste le encarga la responsabilidad de conducir la administración del Estado y la gestión pública con la mayor eficiencia. De tal manera que ese funcionario, al término de su mandato, nos debe explicar a los electores y administrados cuáles fueron los resultados de su gestión y cómo manejó los dineros públicos.
Por ello, si bien estoy de acuerdo en que habrá que integrar a todos los venezolanos en la reconstrucción del país, que se encuentra hundido en todos sus órdenes, seré el primer venezolano en exigir responsabilidades. Habrá que indagarle al Presidente de la República, responsable de sus actos y de los deberes inherentes a su cargo, por qué teniendo la obligación, según el artículo 232 constitucional, de procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, fue el primero en desconocerlos, en violentarlos, en imponer sus propios intereses por encima del bienestar común. Habrá que exigirle al gabinete ministerial cuentas del por qué estando en colapso la salud, siendo sometido todo el colectivo a la inseguridad, e incrementándose la pobreza con la inflación que arruinó los bolsillos de todos los consumidores, llevando el país a la bancarrota y al endeudamiento por la eternidad, se entregaron los ingentes recursos de la renta petrolera a naciones extranjeras y se puso en manos de un solo país caribeño la gestión de los aspectos más importante de la administración del Estado.
Lo mismo deberá suceder, en su oportunidad, al requerir responsabilidades a los diputados que aprobaron leyes írritas; al Poder Judicial que acomodó la justicia a los intereses partidistas; a la Contraloría General que hizo mutis ante la escandalosa corrupción; al Ministerio Público que engavetó averiguaciones contra funcionarios públicos del oficialismo; y a la Defensoría del Pueblo que sólo defendió la permanencia en el poder de la tiranía y el absolutismo.
Reconciliación no es incompatible con responsabilidad. Ese es el verdadero discurso que se precisa dirigirle al colectivo. Sólo así habrá ejemplo y saldremos fortalecidos como nación.

Columna Firme

Ser columnista de prensa no es tarea sencilla. Requiere de particulares cualidades, destrezas y conocimientos. En primer término, el articulista debe ser un permanente observador de la realidad. Supone que el escritor debe estar atento a todo acontecimiento que, filosóficamente hablando, pueda presentarse a la conciencia de la experiencia. Ello también conlleva, entonces, a poseer un fino sentido de percepción, para recoger, interpretar, analizar y almacenar los datos que le proporciona esa realidad.
Como columnista de un medio de comunicación escrito, sea diario o revista convencionales, expresamos la propia opinión sobre una noticia de actualidad o sobre un tema en diferentes ámbitos. Se recorren las situaciones que se presentan en lo político, social, económico, internacional, cultural, educativo, deportivo o cualquier asunto que merezca un aporte o punto de vista. El columnista tiene su propio criterio y lo expresa en sus cuartillas. Pero también se coloca en la posición del lector que, aunque pueda compartir intereses comunes sobre el tema tratado, difiere muchas veces en su juicio y forma de enfocarlo. De tal manera que es una interacción, a través del medio, entre la posición del escritor y las disímiles opiniones de los lectores.
Redactar la columna implica una destreza que se adquiere no solo académicamente, sino con base a la experiencia. Al cumplir 28 años en este oficio, podemos asegurar, con la mayor firmeza, que escribir para la prensa, no sólo es un arte, como una responsabilidad. También implica el desarrollo de una técnica especial. La idea la proporciona esa realidad. Luego se madura en su desarrollo mental. Se amplía con lo observado, incluso con entrevistas, con el conocimiento que de lo tratado se posee, con la experiencia que como protagonista ha tenido el escritor. Esa idea toma cuerpo y se impregna de argumentos, que deben ser sólidos y a la vez enriquecedores, para generar más opinión. Porque si la columna no genera reflexión, poca utilidad tiene.
Después viene el teclear. Un título corto, impactante y vinculado al tema es el primer gancho para atraer al lector. El primer párrafo sirve de conector entre el título y el cuerpo del tema, para fijar la lectura del lector. Luego prosigue el desarrollo del tema, con todo su razonamiento. Finalmente, el cierre debe ser el postre que le dé gusto a esta obra. El remate debe dejar en la mente del lector una impresión, una huella, que le permita emitir juicio y aportar valor agregado al escrito. Dejar madurar el artículo, antes de su publicación, es muy recomendable.
Hoy día los medios digitales, en particular los blogs, han extendido el alcance de las columnas. Y han incrementado en grado sumo para el columnista la retroalimentación que le dan sus lectores. Sin embargo, el articulista debe generar su opinión y dejar que sean los lectores que expresen libremente sus puntos de vista, aceptando y respetando todos ellos.
Un buen columnista es un actor social, es un motor de la opinión pública. Un buen columnista hace sorber y paladear al lector, con exquisito gusto, las letras de su escrito. Y busca dejar en él la sensación de haberse deleitado con algo que no sabía y que le satisface saber.

Carta, ¿Magna?

Isaac Villamizar
En 1214, el rey inglés Juan I, llamado Juan sin Tierra, era impopular entre los barones ingleses. Les obligaba a pagarle muchas multas. El rey había perdido la guerra contra el monarca francés Felipe. Regresó a casa e intentó volver a llenar las arcas reales imponiendo unos elevados impuestos a los barones que no habían apoyado su campaña bélica en el continente. El Arzobispo de Canterbury les mostró una vieja carta en que el rey Enrique I – que era francés – prometía observar las costumbres de los ingleses. Entonces decidieron redactar una carta en que quedaran consignados los derechos de los ingleses y que obligaba al rey a que jurase respetarla en lo sucesivo. Ese pacto garantizaba una serie de libertades fundamentales y ponía límites absolutos al monarca, que se resumían en una declaración bautizada como Carta Magna. El documento recibió el sello real y se ordenó que fuera leído en todas partes. Suponía un compromiso no sólo para el rey Juan, sino también para sus herederos, por los siglos de los siglos.
Siendo beneficiario cualquier hombre libre, la Carta Magna está considerada como la piedra fundacional de la libertad y el imperio de la ley en Inglaterra, así como el origen de la monarquía constitucional. Más adelante constituiría una fuente de inspiración para los colonos norteamericanos en su lucha por la independencia. La Carta Magna, Gran Carta en latín, es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos en los cuales el poder del monarca o presidente se ve limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea.
De allí que se ha asimilado el concepto de Carta Magna al de Constitución, porque ésta es la norma fundamental de un estado soberano, aceptada para regirlo, en la cual se fijan los límites y define las relaciones entre los poderes del estado, y de éstos con los ciudadanos.
Nuestra Carta Magna es un documento que actualmente no obliga al Estado. Los ciudadanos no sentimos que ella imponga, primordialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, el compromiso de respetar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Nuestra Carta Magna, a pesar que ella preceptúa que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico y que todas las personas y los órganos del Poder Público están sujetos a la misma, no inspira sino frustración, porque el ciudadano no la estima como un instrumento que imponga con certeza el compromiso de su cumplimiento. Nuestra Carta Magna es vulnerada a diario por los representantes del Poder Ejecutivo, es interpretada a gusto y conveniencia del máximo tribunal, y extravió los mecanismos para restituir el Estado de Derecho que ella estatuye. Nuestra Carta Magna ya no es proteccionista de los derechos humanos. Nuestra Carta Magna está abandonada a su suerte, porque si bien ella dispone que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, cuando deja de ser observada por actos de fuerza o sea derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, no hay nadie que se ocupe de hacerla cumplir a cabalidad. Nuestra Carta Magna perdió los mecanismos coactivos para imponer al Poder Público, los límites de su actuación. Nuestra Carta dejó de ser Magna.

La vida es un papel

Isaac Villamizar
Cuando venimos al mundo llegamos con cuerpo, alma y espíritu, Y al irnos de aquí, dejamos cuerpo y alma, trascendiendo el espíritu, según muchas religiones. En nuestro primer soplo y llanto, agarrados de los pies del partero, no tenemos sino lágrimas que nos identifican. El Derecho dice que tenemos en ese justo instante, en principio, personalidad jurídica. Basta que hayamos nacido vivos, para reconocernos la cualidad de persona.
Pero tan pronto entramos en el retén de nacidos y en la incubadora, comienza el ejercicio de un derecho fundamental: el de la identidad. Somos quienes somos y no otra persona. Y ese derecho, en su antecedente, parte de un nombre que nos han asignado al pie de la cuna, en una etiqueta. A los pocos días se inicia formalmente nuestra vida civil inscribiéndonos en el Registro Civil de Nacimientos. Nos expiden una Partida de Nacimiento, documento que prueba que nacimos.
Casi inmediato a esta certificación de la vitalidad de la persona, comienza para ella, por toda su existencia, el “papeleo” que le seguirá, incluso hasta después de morir. Si no hay cédula no podemos hacer ninguna gestión, Para viajar nos asignan un pasaporte. Para conducir necesitamos de una licencia. Para donar sangre u obtener otros trámites se requiere un carnet del grupo sanguíneo. Si vamos a comenzar un oficio, en muchas partes, nos exigen un certificado de salud. Una calcomanía del censo en la puerta de la casa nos dice que ya la estadística nos considera población del país. En el trabajo nos cuelgan un carnet en el cuello para identificarnos como miembro de la organización. Hasta para acceder, en ciertas instalaciones, a áreas restringidas, ese carnet es necesario exhibirlo.
Ser adulto, entonces se nos vuelve complicado. Nos vemos inmersos en una serie de trámites, a los cuales debemos dedicarles bastante tiempo, para que nos acepten en la sociedad. Y si no cumplimos con esas diligencias, podemos seguir respirando y viviendo, pero no evolucionando.
A medida que hemos entrado en la vida digital, en la era electrónica, en los adelantos de la
informática, los papeles se han convertido en tarjetas inteligentes con chip incorporado. El plástico con esta tecnología, no sólo brinda capacidad de almacenamiento de información, seguridad en transacciones y mayor funcionalidad, sino también nos ha asignado un número de tarjeta, junto con una contraseña, para poder realizar operaciones electrónicas, sea en el banco, sea en la red, sea en Internet, sea en Intranet. Nuestro correo, ahora digital, solo nos permite establecer comunicación, única y exclusivamente con estos datos inteligentes. Nuestras tarjetas electrónicas de crédito, de débito, de cesta ticket, de acceso las puertas de la oficina, se han trocado – de papel al plástico – en documentos esenciales para la inhalación y exhalación del oxígeno electrónico. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo dejamos de ser personas para convertirnos en etiquetas numéricas IP, protocolos de acceso a redes, contraseñas, claves y passwords, que autentican ahora cómo nosotros somos usuarios electrónicos encapsulados, y no cuerpo, alma y espíritu?

El Abogado del milenio

Isaac Villamizar
Por estos días se reúnen los Profesionales del Derecho del Táchira para elegir a los directivos de su gremio. Amerita este acontecimiento una reflexión sobre la función del abogado en los tiempos modernos. Quizá hay que revisar la concepción medieval del gremio, como mero centro de congregación social y de apetencias políticas, para trascender su radio de acción hacia la rectoría que debe asumir en la transformación del Abogado y del Sistema de Justicia venezolano.
Es cierto que los Colegios de Abogados deben velar por la mejora de aspectos laborales, socioeconómicos, materiales y espirituales de sus agremiados. Pero creo que, en medio de la realidad venezolana, el Colegio de Abogados debe fomentar, con mecanismos efectivos, la participación del profesional del Derecho en la revisión, adecuación y garantía de cumplimiento del sistema legal venezolano, que luce cada día más alejado de las reglas de conducta que reclaman ser reguladas por el colectivo del país. Para mí el abogado venezolano debe incorporarse, con mayor disposición y con el soporte de su gremio, a la recomendación y elaboración de reformas jurídicas, y el patrocinio de proyectos de investigación en la ciencia del derecho, que propendan a un ordenamiento jurídico positivo cónsono con los tiempos de este milenio. Tenemos un cuerpo de normas legales y reglamentarias que han tratado de ser enmarcadas en una ideología y sistema de gobierno que no es el enunciado en el proyecto de país constitucional. El Poder Judicial y hasta los altos foros de interpretación constitucional han querido trastocar con interpretaciones acomodaticias unas reglas sociales de conducta donde descansan los principios fundamentales sobre los cuales debería desarrollarse toda la vida del Estado y la protección de los derechos y garantías ciudadanas.
El Derecho implica transformación con la complejidad de la vida política, social, cultural y tecnológica. Ello obliga a un mayor estudio, con un espectro más amplio, de la normativa aplicable a la vida de la Nación. El Abogado de este milenio debe poseer mayor capacidad negociadora, de conciliación, de ecuanimidad y con una habilidad para encontrar la solución de los conflictos con mayor rapidez. Las relaciones jurídicas individuales y colectivas de hoy están influidas por el entorno tecnológico y científico de la sociedad del conocimiento. La dinámica mundial en todos sus ámbitos, fruto incontenible del avance de las ciencias, repercute en todas las ramas del saber y, finalmente, en la conducta humana. El Derecho y su auxiliar, el Abogado, se ven obligados a adaptarse a las nuevas exigencias y realidades que le presenta la sociedad. En este contexto, el Abogado requiere mayores destrezas y preparación, que no se limitan estrictamente a los conocimientos jurídicos, sino a un enfoque transdisciplinario, con un mejor perfil profesional y competitivo. Entonces, el buen abogado no será aquel que gane más juicios, sino aquel que logre con mayor efectividad solucionar los conflictos extrajudicialmente, con capacidad de persuasión, para que las partes cedan en sus pretensiones, y así alcanzar un acuerdo y una paz social. Hacia ello debe propender una nueva directiva gremial de los abogados.

Nueva ley para inquilinos

Isaac Villamizar
Resolver el problema de la vivienda ha sido un talón de Aquiles para los gobiernos. Uno de los más importantes indicadores de la eficiencia o desatino gubernamental es cuántas soluciones habitacionales realmente puede lograr el Ejecutivo Nacional. Al actual gobierno lo ha desbordado el problema, y ello se refleja en tener que recurrir a modificar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para no permitir supuestamente que una gran cantidad de familias inquilinas sean arrojadas a la calle, incrementando el déficit habitacional.
Con los Decretos de Caldera en materia de venta de apartamento, el inquilino tenía desde 1971 el derecho preferente a comprarlo a un precio establecido de acuerdo con la regulación de alquiler, el cual era mucho más bajo que el valor verdadero del inmueble. Ello causó que los propietarios se abstuvieran de ofrecerlos en venta mientras estuvieran arrendados. Ello causó un freno a las ventas. Con el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, de 1999, se derogaron esos decretos, y el propietario podía vender a sus inquilinos que tenían un derecho de preferencia, si pagaban lo que se pedía, y si no, a terceros compradores, pudiendo en principio desalojar al inquilino por medio de un juicio, si lo necesitaba para sí o para sus familiares, salvo que se llegara a un acuerdo de desocupación pacífica.
El panorama de nuevo cambia y este gobierno, al que le causa escozor las prácticas de la Cuarta República, ha vuelto al pasado al proponerse en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, aprobado en Primera Discusión el 29 de marzo. Un día después la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos se ha pronunciado, señalando que la ley establece un inconstitucional procedimiento de venta obligatoria de edificios construidos antes de 1987, con posterior expropiación; fija una fórmula para calcular el precio de la venta y la renta de cualquier vivienda bajo parámetros indicados por el Ejecutivo, la Dirección Nacional de Inquilinato, sin tomar en cuenta la ubicación del inmueble; dispone que el alquiler mensual sólo puede ser aumentado cada 3 años, sin considerar la inflación anual; crea un procedimiento engorroso de 5 instancias que impide recuperar la vivienda por vía judicial, hasta que el Estado le consiga una al inquilino saliente, sin determinar el tiempo, lo cual la hará irrecuperable; y no deroga la congelación de alquileres ni la suspensión de desalojos del TSJ, manteniendo la injusticia de estas medidas.
Además, esta ley al expresar que persigue proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuado para todas las familias, en realidad dejará esto en letra muerta, porque le da todos los derechos al inquilino, desconociendo el derecho constitucional de libre uso y disposición de la propiedad, con lo cual los potenciales arrendadores serán los propios afectados al no conseguir dueños que les ofrezcan alquiler. Será esta ley otro fracaso más que se le endosará a este gobierno en la solución de la crisis habitacional.