Menos trabajo, menos riqueza

Isaac Villamizar

La Constitución establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar los fines del Estado. ¿Cuáles son esos fines? Entre otros, son el desarrollo de la persona, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en la Carta Magna. La Exposición de Motivos de este texto agrega que los ciudadanos tienen el deber de aportar su propio esfuerzo, concienciando a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, promoviendo la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal.

Ley Orgánica del Trabajo acaba de reducir la jornada semanal en los períodos diurnos, nocturnos y mixtos. Es decir, se propende a menos trabajo, pero se pregona que los pobres y trabajadores viven ahora mejor. Esto es un total contrasentido. No puede haber prosperidad espiritual y material sin esfuerzo alguno. En Venezuela se ha acabado con la generación de riqueza privada. Se ha atacado a la propiedad. Múltiples y discutibles mecanismos asfixian y eliminan a la empresa, al comercio, a la industria, a los servicios y a la producción agrícola. El Estado policía impone innumerables trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad económica; también persigue, sanciona, cierra y expropia a los establecimientos e industrias, llevando a la economía venezolana a un estado de postración como nunca se había visto. Como si esto fuera poco, castiga a las “entidades de trabajo”, como ahora las llama la ley, si se atreven a exigir de sus trabajadores mayores responsabilidades y cumplimiento de sus deberes y metas planificadas.

En los países más ricos del mundo los trabajadores tienen mejores condiciones de trabajo, y la fuerza laboral está realmente organizada y con ingresos suficientes.

Yo he tenido la fortuna de recorrer, por ejemplo, las grandes ciudades y los campos de Alemania.

Es de los países que más asombro ha causado en mí. La riqueza, la prosperidad, el progreso, el orden, el trabajo productivo, se nota en todas partes. Alemania es el país más grande de la economía nacional en Europa, el cuarto más grande por el PIB nominal en el mundo. Desde la época de su industrialización, Alemania ha sido un conductor, innovador y beneficiario de una economía cada vez más globalizada. Es el segundo exportador más grande del planeta. Es relativamente pobre en materias primas, pero la mayoría de su fortaleza está en la ingeniería, automóviles, maquinaria, metales y productos químicos. La industria y la mecánica las he visto como soportan la producción agrícola, en cuyos campos no se pierde un solo metro cuadrado. Alemania es el principal productor de turbinas eólicas y tecnología de la energía solar del mundo. Las más importantes ferias comerciales anuales de producción se llevan a cabo en Hannover, Frankfurt y Berlín. Un país que quedó destruido, demolido, acabado, arruinado, con la guerra, se levantó de sus cenizas y ahora es próspero y rico. Y eso lo han logrado con trabajo.

Tal vez a los venezolanos nos hace falta conocer aún más la miseria, para reflexionar sobre las oportunidades invaluables que hemos perdido de llegar a ser potencia mundial.

El trabajo es mi derecho

Isaac Villamizar

El Presidente de la República, por Decreto Nº 8.938 del pasado 30 de abril, dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Ese mismo día, sin aún conocerse su contenido completo, informó al país de algunos supuestos beneficios de esta normativa y remitió un ejemplar de la Ley al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronunciara sobre la constitucionalidad del carácter orgánico del texto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 203 de la carta Magna. Esta norma establece que la Sala Constitucional tiene diez días para su pronunciamiento, contados a partir del recibo de la comunicación. Fue con esta remisión que se conoció el articulado en su totalidad.

Me tiene impresionado cómo la Presidente del TSJ y de la Sala Constitucional, como Ponente, se leyó 554 Artículos, 7 Disposiciones Transitorias, 2 Disposiciones Derogatorias y 1 Disposición Final de la Ley Orgánica del Trabajo- cuyos contenidos eran inciertos antes del 30 de Abril-, hizo una labor de análisis e interpretación jurisprudencial sobre su estructura y contenido, preparó y escribió su ponencia, todo eso en tan solo dos días; y luego los demás magistrados de la Sala, siguiendo el procedimiento de la Ley del TSJ, hicieron lo mismo en un día, y finalmente el viernes 4 de mayo declararan su carácter orgánico. ¡Qué fenómeno de Magistrados! ¡Voy a tener que averiguar tan genial método! ¡Yo en 26 años de ejercicio profesional aún no he logrado hacer este análisis tan rápido! ¡Estos Magistrados del TSJ son fuera de serie! Lo confirma la fama de la que han sido objeto en las últimas semanas.

Lo primero que habría por preguntarse es cómo de una Ley Habilitante que autorizó al Presidente a emitir Decretos Leyes para afrontar la emergencia de las lluvias de diciembre de 2010, se deriva una “nueva” Ley Orgánica del Trabajo. Ningún silogismo ni hermenéutica jurídica serios aguantan esta absurda conclusión. Luego habría que releer infinidad de veces la exposición de motivos de esta ley para también preguntarse si todos los trabajadores del país están de acuerdo en que esta Ley pretende “lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país.” Finalmente, habría que desentrañar tremenda contradicción, cuando esta ley pregona la materialización de los derechos humanos, la garantía e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la nulidad de cualquier acción que implique el menoscabo o renuncia a esos derechos, y a la vez el propio Estado que dicta esta ley pretende sacar a Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El trabajo no sólo es un derecho constitucional; es también un derecho humano reconocido en el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El titular de ese derecho es el ciudadano trabajador. El Estado no puede tomar acción alguna para desconocernos este derecho, para quitarnos instancias a las cuales podemos recurrir los afectados laboralmente para reclamar nuestras pretensiones. El Estado lo que debe hacer es promover mecanismos que fortalezcan las garantías y para que se puede lograr la tutela efectiva de este derecho. ¡Cosas veredes Sancho!

El Estado enfermo

Isaac Villamizar
Desde una concepción política-jurídica, el Estado es un ente social que se forma en un espacio geográfico determinado, con la organización jurídica de una población sometida a la autoridad de un Poder Político. Esta sociedad humana busca, primordialmente, el bien público general.
Nuestra Carta Magna señala que Venezuela es un Estado con democracia participativa y protagónica, producto de la voluntad popular, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la justicia y la preeminencia de los derechos humanos. Además, el Estado tiene como fines esenciales el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la construcción de la paz y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo.
El territorio, la población y el poder político constituyen los tres elementos indispensables para la existencia del Estado. Para que éste sea real, jurídica y socialmente hablando, estos tres elementos deben interrelacionarse armónicamente. Porque el Estado lo encontramos en nuestra vida diaria y advertimos su presencia en múltiples manifestaciones. Sin embargo, los síntomas de la existencia y testimonio del Estado en Venezuela lo hacen ver como enfermo. Ello es así, porque sus tres elementos condicionantes están lesionados. Veamos.
El territorio configura la parte del globo terráqueo sobre la cual un Estado ejerce soberanía y dominio exclusivo. En ese territorio se debe aplicar de una manera efectiva un determinado sistema de normas jurídicas, y en el cual se ejercen competencias específicas. Este espacio es donde se arraiga la población con sus afectos, con sus costumbres, con sus ideales, no importa que esa tierra sea rica o pobre, desértica o fértil. En Venezuela hay porciones del territorio donde el Estado no ejerce soberanía alguna. Citemos dos ejemplos concretos. El primero es la frontera suroeste, donde grupos irregulares foráneos han tomado vida y asiento, aplicando su propia ley, aterrorizando a nacionales, en connivencia con la mirada complaciente del gobierno. La Faja
Petrolífera del Orinoco, con 61 campos operativos y 2.606 pozos activos, es aprovechada por 22
países, sin que los venezolanos sintamos ciertamente que esa riqueza nos beneficia. Con respecto a la Población, se trata de las personas, nacionales o no, estructuradas en una organización capaz de perpetuarla, de diferenciarla de otros conglomerados humanos circundantes. Esta colectividad fija, depositaria viva de la propia sustancia del Estado, que por sus nexos luchan por un interés común, a pesar de sus diferencias, está realmente desasistida de seguridad, de vivienda, de educación de calidad, de seguridad alimentaria. Además sus derechos civiles, económicos, sociales y políticos los han ultrajado y pisoteado. Por último, el Poder Político, constituye un ordenamiento que regula la voluntad popular estructurado, jurídica y políticamente, en diversos órganos, con predeterminación de los deberes y derechos de los gobernantes y gobernados, cuyas normas supremas corresponda a la Constitución y leyes que deben obedecer, observar y ejecutar, para lograr justicia y seguridad jurídica. Demás está señalar que el Poder Político en Venezuela no representa en modo alguno esta concepción.

Sé responsable

Isaac Villamizar
En Derecho la responsabilidad representa la posibilidad de exigir a un deudor el cumplimiento de una obligación. La responsabilidad es un elemento agregado a los efectos de garantizar la ejecución de un deber. Gran importancia presenta la responsabilidad en todas las ramas jurídicas, siendo preeminente en los ámbitos civil y penal. En el Derecho Civil la responsabilidad implica la obligación de reparar el daño que se causa a una persona, ya sea por culpa o dolo, e incluso por los hechos de las personas que están bajo nuestra dependencia. En el Derecho Penal la responsabilidad constituye un estado subjetivo del individuo por el cual se afirma su capacidad de asumir las consecuencias jurídico-penales que acarrea un hecho delictivo.
Pero en esta entrega queremos reflexionar sobre la responsabilidad como valor. En este sentido, responsabilidad significa responder, dar respuesta al llamado de otro. Por ello, su raíz etimológica proviene del latín “responsum”. Tiene que ver con las obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas. Traduce rendir cuentas y obedecer a la propia conciencia, a la ley y a Dios, como el ejercicio del compromiso que dignifica a cada persona. Responsabilidad involucra asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Una persona responsable es aquella que respondiendo al llamado de su conciencia, del Ser Supremo y de sus semejantes, cumple integralmente las obligaciones que derivan de sus propios talentos y capacidades y del lugar que ocupa en el espacio social en el que se desarrolla.
Para acrecentar un apropiado sentido de responsabilidad y que este valor se cultive en cada quien, es preciso revisar tareas y deberes, despertar el afán de superarnos día a día, y ayudar a otros a ser más responsables. Sólo así se consolidará en el mundo la grandeza de la libertad, la satisfacción plena del deber cumplido y la nobleza de servir. Para lograr responsabilidad hay que haber aprendido a oír, a interpretar la llamada por el cumplimiento y a tener capacidad para emitir la respuesta. Son tres pasos que agregan excelencia en nuestra actitud y aptitud de responder.
Si cumplimos fielmente con nuestras encomiendas de trabajo; si observamos a diario las leyes y normas de relaciones en la comunidad, y asumimos, con voluntad propia, las consecuencias de nuestras infracciones; si ponemos la mayor diligencia y celo en el resguardo de los objetos que nos entregan bajo nuestra custodia; si llegamos puntuales al horario establecido para cualquier reunión; si realizamos las labores asignadas en el hogar, sin ninguna excusa y con el mayor espíritu de solidaridad; es posible que Venezuela vaya cambiando hacia el ansiado valor de la responsabilidad. La responsabilidad es la base de la vida, es uno de los pilares más fuertes del éxito, es más que un compromiso, es la mentalidad de hacer las cosas mejor que el común.

Entelequia de democracia

Isaac Villamizar
La Unidad de Inteligencia de la publicación semanal británica The Economist, de audiencia lectora mundial, acaba de publicar el Indice de Democracia 2011. Es informe de referencia obligada para determinar el rango de democracia en 167 países, de los cuales 166 son estados soberanos y 165 son estados miembros de la ONU. El estudio basa sus resultados en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento de gobierno, participación política y cultura política. Un índice de democracia resultante decide la ubicación de cada país en una tabla, que los califica como democracias plenas, entre 8 y 10 puntos, democracias defectuosas, entre 6 y 7.9 puntos, regímenes híbridos, entre 4 y 5.9 puntos, y regímenes autoritarios, menos de 4 puntos.
En el Ranking 2011 encabeza la lista Noruega con índice de 9.80 puntos, y le siguen Islandia con 9.65, Dinamarca con 9.52, Suecia con 9.55, y Nueva Zelanda con 9.26, En los tres últimos lugares se encuentran Turkmenistán con 1.72, Chad con 1.52 y Corea del Norte con 1.06. Venezuela se ubica en el lugar 97 de la tabla, como régimen híbrido, con 5.08 puntos, superada por países como Ucrania, Guatemala, Bangladesh, Bolivia, Honduras, Albania, Ecuador, Tanzania, Nicaragua, Senegal, Bosnia y Uganda.
La democracia es una organización política y social. Es un conjunto de instituciones, derechos y deberes. Es la libertad en su escenario natural. Es el respeto hacia las garantías ciudadanas. Es la influencia de altos valores en la formación y desempeño del individuo y en el relevo de los gobiernos. En la democracia hay controles institucionales y legales. Asimismo, hay controles ciudadanos. Uno de los controles más consolidados es el de la opinión pública, donde la sana crítica no permita olvidar el carácter esencialmente responsable de la gestión pública.
La sociedad va democratizándose y para ello no basta tener una Constitución y leyes formales.
La tragedia de las democracias modernas es que no se han realizado. Una verdadera democracia
posee por sí misma medios de acción muy poderosos para corregir sus defectos o perfeccionarse, tales como la educación y la prensa. Una democracia real capacita al ciudadano como consecuencia de avances educativos, desarrolla los medios de comunicación y presenta variadas formas de elección y destitución de los representantes del Poder Público. Las democracias auténticas de hoy suponen compartir una carta de valores con derechos y libertades políticas, económicas y sociales; con deberes mutuos entre ONGs y Estado; con igualdad, justicia y comportamiento cívico; con libertad de pensamiento y tolerancia; con adhesión a una historia no distorsionada; con la vocación de cada persona hacia el bien común.La democracia en Venezuela ha sido pisoteada, desdibujada, mancillada. Nuestra democracia dejó de ser protagónica, más aún participativa. Cuando nos ufanábamos de ser una referencia latinoamericana y mundial de primer orden de país democrático, hemos pasado a ser un régimen híbrido. Somos ahora una entelequia de democracia.

Te informo que soy libre

Isaac Villamizar
No vivimos aisladamente del mundo. El ser humano y la propia naturaleza van generando cambios a medida que los giros de rotación y traslación nos van llevando por los confines del tiempo. Saber lo que ocurre a su alrededor es parte de la esencia del hombre. Recibir la información del entorno, procesarla y actuar en consecuencia, es un derecho natural. Nadie ni nada podrá eliminar nunca jamás ese cimiento que identifica al ser humano. Si otras vidas inteligentes nos están mirando, tal vez les parecerá risible que los humanos a veces hacemos esfuerzos continuos por torpedear la comunicación entre nosotros.
La información nos ayuda no sólo a satisfacer esa curiosidad propia por estar al tanto de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. También es un mecanismo para tomar nuestras propias medidas en razón de la existencia y muchas veces de la subsistencia. Por ser una conducta individual y social, el Derecho regula ese proceso. Pero lo norma para asegurarnos, a todo ser pensante, su ejercicio libre, sin cortapisa, para instruir cómo se puede garantizar su ejercicio. Nunca el Derecho regula la libertad de información para suspenderlo, para ponerlo al servicio de intereses particulares o públicos, de los cuales medien intenciones a convenir. De allí que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la libertad de opinión y expresión. Y los tratados Internacionales amplían el alcance de este derecho, para aseverar que la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. Nuestra Constitución, tan vapuleada, aún contempla el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. Gran discusión generó este tema en la Constituyente de 1999, pero fue el propio sector oficialista quien impuso que la información así quedara calificada.
Entonces, cuando Cable News Network, conocida como CNN, desde julio de 1980, o cuando Globovisión, desde diciembre de 1994, transformaron el esquema noticioso televisivo para que los espectadores contemplaran las noticias en tiempo real, a medida que los acontecimientos se iban desarrollando, y con ello dejaron una huella social profunda, no estaban haciendo otra cosa sino colocarse en sintonía con las necesidades reales y naturales de los televidentes. Reportajes en directo y en vivo desde cualquier parte del planeta, con audio y video, las 24 horas, no era otra cosa sino favorecer, con el apoyo de la telecomunicación, el viejo sueño de la ubicuidad.
Esta verdadera revolución de darle al espectador el acceso a la información actualizada en segundos, no puede ser vista con agrado por aquellos gobiernos que con ello reciben presión cada vez mayor para tomar decisiones rápidamente, adecuadas al colectivo, y responder de inmediato a los acontecimientos. Es cuando, entonces, el Poder del Estado, valiéndose de ardides legales y judiciales, interfiere en este derecho a la información, y con su control oficial, con medios directos e indirectos, impide la libre circulación de ideas, opiniones e informaciones. Malsano propósito que queda sobrepasado con la era de la sociedad del conocimiento e información, en la cual cada internauta, cada usuario de telefonía móvil, cada navegante online de la red, es quien domina la fuente de la información. Estar informado, es ser libre. Y ser libre, es ser humano.