Isaac Villamizar
Desde una concepción política-jurídica, el Estado es un ente social que se forma en un espacio geográfico determinado, con la organización jurídica de una población sometida a la autoridad de un Poder Político. Esta sociedad humana busca, primordialmente, el bien público general.
Nuestra Carta Magna señala que Venezuela es un Estado con democracia participativa y protagónica, producto de la voluntad popular, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la justicia y la preeminencia de los derechos humanos. Además, el Estado tiene como fines esenciales el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la construcción de la paz y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo.
El territorio, la población y el poder político constituyen los tres elementos indispensables para la existencia del Estado. Para que éste sea real, jurídica y socialmente hablando, estos tres elementos deben interrelacionarse armónicamente. Porque el Estado lo encontramos en nuestra vida diaria y advertimos su presencia en múltiples manifestaciones. Sin embargo, los síntomas de la existencia y testimonio del Estado en Venezuela lo hacen ver como enfermo. Ello es así, porque sus tres elementos condicionantes están lesionados. Veamos.
El territorio configura la parte del globo terráqueo sobre la cual un Estado ejerce soberanía y dominio exclusivo. En ese territorio se debe aplicar de una manera efectiva un determinado sistema de normas jurídicas, y en el cual se ejercen competencias específicas. Este espacio es donde se arraiga la población con sus afectos, con sus costumbres, con sus ideales, no importa que esa tierra sea rica o pobre, desértica o fértil. En Venezuela hay porciones del territorio donde el Estado no ejerce soberanía alguna. Citemos dos ejemplos concretos. El primero es la frontera suroeste, donde grupos irregulares foráneos han tomado vida y asiento, aplicando su propia ley, aterrorizando a nacionales, en connivencia con la mirada complaciente del gobierno. La Faja
Petrolífera del Orinoco, con 61 campos operativos y 2.606 pozos activos, es aprovechada por 22
países, sin que los venezolanos sintamos ciertamente que esa riqueza nos beneficia. Con respecto a la Población, se trata de las personas, nacionales o no, estructuradas en una organización capaz de perpetuarla, de diferenciarla de otros conglomerados humanos circundantes. Esta colectividad fija, depositaria viva de la propia sustancia del Estado, que por sus nexos luchan por un interés común, a pesar de sus diferencias, está realmente desasistida de seguridad, de vivienda, de educación de calidad, de seguridad alimentaria. Además sus derechos civiles, económicos, sociales y políticos los han ultrajado y pisoteado. Por último, el Poder Político, constituye un ordenamiento que regula la voluntad popular estructurado, jurídica y políticamente, en diversos órganos, con predeterminación de los deberes y derechos de los gobernantes y gobernados, cuyas normas supremas corresponda a la Constitución y leyes que deben obedecer, observar y ejecutar, para lograr justicia y seguridad jurídica. Demás está señalar que el Poder Político en Venezuela no representa en modo alguno esta concepción.
Desde una concepción política-jurídica, el Estado es un ente social que se forma en un espacio geográfico determinado, con la organización jurídica de una población sometida a la autoridad de un Poder Político. Esta sociedad humana busca, primordialmente, el bien público general.
Nuestra Carta Magna señala que Venezuela es un Estado con democracia participativa y protagónica, producto de la voluntad popular, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la justicia y la preeminencia de los derechos humanos. Además, el Estado tiene como fines esenciales el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la construcción de la paz y la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo.
El territorio, la población y el poder político constituyen los tres elementos indispensables para la existencia del Estado. Para que éste sea real, jurídica y socialmente hablando, estos tres elementos deben interrelacionarse armónicamente. Porque el Estado lo encontramos en nuestra vida diaria y advertimos su presencia en múltiples manifestaciones. Sin embargo, los síntomas de la existencia y testimonio del Estado en Venezuela lo hacen ver como enfermo. Ello es así, porque sus tres elementos condicionantes están lesionados. Veamos.
El territorio configura la parte del globo terráqueo sobre la cual un Estado ejerce soberanía y dominio exclusivo. En ese territorio se debe aplicar de una manera efectiva un determinado sistema de normas jurídicas, y en el cual se ejercen competencias específicas. Este espacio es donde se arraiga la población con sus afectos, con sus costumbres, con sus ideales, no importa que esa tierra sea rica o pobre, desértica o fértil. En Venezuela hay porciones del territorio donde el Estado no ejerce soberanía alguna. Citemos dos ejemplos concretos. El primero es la frontera suroeste, donde grupos irregulares foráneos han tomado vida y asiento, aplicando su propia ley, aterrorizando a nacionales, en connivencia con la mirada complaciente del gobierno. La Faja
Petrolífera del Orinoco, con 61 campos operativos y 2.606 pozos activos, es aprovechada por 22
países, sin que los venezolanos sintamos ciertamente que esa riqueza nos beneficia. Con respecto a la Población, se trata de las personas, nacionales o no, estructuradas en una organización capaz de perpetuarla, de diferenciarla de otros conglomerados humanos circundantes. Esta colectividad fija, depositaria viva de la propia sustancia del Estado, que por sus nexos luchan por un interés común, a pesar de sus diferencias, está realmente desasistida de seguridad, de vivienda, de educación de calidad, de seguridad alimentaria. Además sus derechos civiles, económicos, sociales y políticos los han ultrajado y pisoteado. Por último, el Poder Político, constituye un ordenamiento que regula la voluntad popular estructurado, jurídica y políticamente, en diversos órganos, con predeterminación de los deberes y derechos de los gobernantes y gobernados, cuyas normas supremas corresponda a la Constitución y leyes que deben obedecer, observar y ejecutar, para lograr justicia y seguridad jurídica. Demás está señalar que el Poder Político en Venezuela no representa en modo alguno esta concepción.
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