Efectos del fraude constituyente

Isaac Villamizar

Profesor de Postgrado de Derecho Constitucional
San Cristóbal 08 de mayo de 2017

Ya por todos son conocidos los motivos por los cuales Nicolás Maduro ha cometido un fraude a la constitución con su indebida convocatoria a una constituyente. Maduro le ha usurpado al pueblo su poder originario y su exclusiva atribución de realizar tal convocatoria. Lo único que podría hacer Maduro era promover la iniciativa constituyente, es decir, proponer que el pueblo convocara, de tal manera que en una elección universal, directa y secreta, esa soberanía popular dijera si está o no de acuerdo en hacer esa convocatoria. Y esa iniciativa que supuestamente tiene Maduro, todavía es muy discutible, porque hay que recordar que conforme al acuerdo de la Asamblea Nacional, fiel representante de la soberanía popular, de fecha 9 de enero de 2017, “Nicolás Maduro Moros ha abandonado el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental, el principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución, así como las funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República, especialmente la referida a la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes, establecida en el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución.” Y este acuerdo subsiste a pesar que la sumisa Sala Constitucional, en sentencia 07 de fecha 26 de enero de 2017 haya señalado que físicamente Maduro no ha abandonado el cargo, cuando se sabe que en una función tan delicada como la del Presidente de la República el abandono se puede configurar por no cumplir con los deberes que le atribuye la Constitución, lo cual está evidenciado con creces.

Me quiero referir a cuatro efectos importantes de este fraude a la Constitución cometido por Maduro en el Decreto 2.830  que convoca a la Constituyente. Primero, ese acto de un Poder Público Nacional, que comete un fraude al orden constitucional, que usurpa las funciones de un poder originario que es el Poder Constituyente, cuyo único y exclusivo depositario es el pueblo de Venezuela, y que al disponer que los integrantes de esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente serían elegidos en los ámbitos territoriales y sectoriales, desconociendo la esencia universal de toda la población electoral, no una facción de ella, en el ejercicio del voto y del pluralismo democrático, es nulo de nulidad absoluta, por violentar el derecho humano y constitucional al sufragio. En consecuencia, al igual que todas las sentencias de las sumisas Salas Electoral y Constitucional del TSJ que han vulnerado el derecho al sufragio de la soberanía popular, a la cual deben someterse todos los órganos del Poder Público, conforme al Artículo 5 de la Constitución, el Decreto de Maduro que ha violentado derechos garantizados por la Carta Magna es nulo y los funcionarios que lo han ordenado y ejecutado han incurrido en responsabilidad penal, civil y administrativa. Son tan responsables como Maduro los ministros que han refrendado ese Decreto y es cómplice de ese ultraje a los derechos humanos la Presidenta del CNE que lo ha recibido y avalado. Esta nulidad, por estos motivos, es una disposición expresa de los Artículos 25 y 138 de la Constitución.

 En segundo lugar, los venezolanos debemos desconocer ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, debemos desobedecer esa convocatoria que ha hecho Maduro a una Constituyente, sin tener la autoridad ni la competencia para ello, tal como lo indica el Artículo 350 ejusdem, que determina claramente que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, desconocerá cualquier régimen, legislación y autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

En tercer lugar, han cometido los firmantes de ese decreto y quienes lo avalan delitos tipificados en la legislación penal de alterar el orden constitucional, por lo que tendrán que ser enjuiciados por ellos.

En cuarto lugar,  esta maniobra de Nicolás Maduro y su entorno de convocar a una Constituyente busca tener un respiro ante la presión que una evidente mayoría del pueblo ha venido expresando en la calle.  No tengo duda que se trata de otra distracción intencional, no sólo para desviar al clamor popular de las exigencias que se hacen de la sustitución de un régimen totalmente agotado y fracasado, sino de meter a todo el país en una discusión que haga olvidar los ingentes problemas que sufre la Nación en todos sus ámbitos,  y  para los cuales este gobierno no tiene respuestas algunas, que no sea la represión y la continua violación de los derechos humanos. Por ello en la calle hay que seguir presionando para el rescate de la libertad, la recuperación de la calidad de vida y del bienestar integral del venezolano,  el respeto de la institucionalidad y de los derechos constitucionales y el reconocimiento de  la soberanía popular, vulnerada por las actuaciones primordialmente del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial y del Poder Electoral. Ellos no están por encima del poder supremo, que lo tiene el pueblo.